El 'gilismo', 25 años de ceguera y olvido

El 26 de mayo de 1991 Jesús Gil ganó las elecciones municipales de Marbella. Con y sin él, su formación política repitió cuatro victorias consecutivas que perpetuaron el gilismo hasta que el 29 de marzo 2006 la Udyco irrumpió en el Ayuntamiento marbellí y detuvo al equipo de gobierno por corrupción. Gil y los suyos sumaron en cada cita con las urnas no menos de 20.000 votos. El fenómeno llegó a un peligroso momento de gloria más allá de las fronteras de Marbella, cuando en 1999 el Grupo Independiente y Liberal (GIL) obtuvo 87.743 votos y 93 concejales, convirtiéndose en la fuerza más votada en nueve municipios: obtuvo mayoría absoluta en Marbella y la Línea de la Concepción, y simple en Manilva, Casares, Ronda, Estepona, San Roque, Ceuta y Melilla.

El gilismo se hacía fuerte en instituciones locales de ambas orillas del Mediterráneo y anunciaba candidatura para las elecciones generales de 2000. Hasta ese día casi nadie había levantado la voz contra aquella manera de conjugar política y negocios a costa del Estado de Derecho. "Gil solo engañó a quien quiso dejarse engañar", puntualiza el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga Pedro Moreno Brenes. En agosto de 1991, con 27 años, se hizo cargo de la secretaría general del Ayuntamiento de Marbella. Una semana después el abogado José Luis Sierra, artífice de la estructura societaria que favoreció el saqueo municipal, le entregó un decreto de alcaldía que lo enviaba de vacaciones forzosas. Durante esa semana en su puesto había librado una batalla dura y solitaria contra un gobierno presidido por un personaje que 25 años después le merece tres calificativos: "Macarra, delincuente y fascista".

A Moreno Brenes no le cabe duda de que Gil fue a Marbella a esquilmar el Ayuntamiento. Nada más aterrizar adjudicó el suministro de agua a Aquagest sin concurso público y derribó la casa del antiguo alcalde sin mediar procedimiento, actuaciones sobre las que el joven secretario hizo serias advertencias de legalidad. También se opuso a celebrar una comisión de gobierno en el Club Financiero, el cuartel general desde el que Gil regía sus negocios. "Nunca llegué a verlo físicamente, pero me llamó por teléfono. Me dijo: 'Chico no te busques complicaciones'. 'Tú tienes una familia'. Le respondí que no hablaba con mafiosos".

Moreno Brenes recuerda la soledad densa con la que sostuvo aquel pulso. Buscó sin resultado amparo en el Ministerio de Administraciones Públicas, del que era titular el socialista Juan Manuel Eguiagaray. "Lo único que si un secretario y un alcalde se pelean, gana el alcalde". Recurrió el decreto de vacaciones forzosas al TSJA que no apreció vulneración de derechos fundamentales, algo que sí hizo años más tarde el Tribunal Supremo. Eran los días de gloria de Jesús Gil, cuando aparecía en televisión compartiendo jacuzzi con las mama chicho, porque igual que las instituciones y los electores, los medios de comunicación tampoco quisieron mirar lo que sucedía. Las únicas excepciones fueron Diario 16 Málaga, la revista Época, el gobernador Civil Francisco Rodríguez Caracuel, que hizo lo que pudo, y la Abogacía del Estado". Moreno Brenes, afiliado también a IU y durante años candidato a la alcaldía de Málaga, también incluye en este limitado grupo al empresario y el líder vecinal Alejandro Dogan.

Aquella soledad tuvo un momento metafórico y elocuente cuando aquel secretario bajaba las escaleras del Ayuntamiento camino de sus vacaciones forzosas sin más apoyo público que el del archivero municipal. "Ya al final un policía local me apartó hacia el hueco de las escaleras para decirme que estaban indignados pero también aterrorizados".

"Gil instaló la ley del miedo entre los funcionarios", y "enchufó a un aluvión de gente" en las empresas municipales que creó para eludir los controles públicos. Se rodeó, además, de un grupo de sectarios que sembraba miedo y llevaba chismes al Club Financiero, investidos de tal autoridad que una secretaria llegó a definirlos de "casi concejales". Para Moreno Brenes el enchufismo fue clave para el éxito electoral de Gil. En este sentido coincide con el abogado Diego Martín Reyes que presidió la gestora que gobernó el Ayuntamiento cuando los últimos alcaldes del GIL, Marisol Yagüe y Tomás Reñones, fueron detenidos y, por primera vez en la historia democrática una corporación municipal fue disuelta. Afirma que se hizo con la fidelidad de una gran masa social utilizando como herramientas el empleo y las asociaciones de vecinos. "La corrupción necesita repartir migajas", mientras el resto de la sociedad marbellí daba un paso atrás.

Las espumas de ese tejido clientelar emergían a la superficie bajo la excusa tantas veces oída de "roba como todos, pero al menos hace algo". Martín Reyes supo el primer día que puso un pie en Marbella el coste de esa política: "El gasto de las nóminas era de 13 millones al mes, pero el ayuntamiento solo ingresaba 300.000 euros mensuales".

Con las instituciones vueltas de espalda, la sociedad civil ciega y el tejido clientelar articulado, el GIL mejoró sus astronómicos resultados electorales y revalidó la mayoría absoluta en 1995 en Marbella y por primera vez, con su hijo al frente, se hacía también con la alcaldía de Estepona. Muchos años después, el Tribunal Supremo confirmó en el caso Saqueo I que entre 1991 y 1995 habían salido de las arcas municipales casi 23 millones de euros con rumbo desconocido.

El desfalco no se detuvo ahí. El Tribunal Supremo ratificó hace solo unos meses que hasta 1999 se utilizaron las 31 sociedades municipales para hacer contratos y operaciones ficticias a través de las que se sustrajeron otros 37,7 millones de euros.

Todo eso ocurría sin que nadie hiciera sonar ninguna alarma, con la única salvedad del juez Santiago Torres el primero y durante muchos años único que se enfrentó a la corrupción del gilismo en Marbella, primero con el caso Belmonsa y después con el Camisetas que finalmente dio lugar a la inhabilitación de Jesús Gil.

Moreno Brenes distingue entre la corrupción organizada que se desarrolló bajo el mandato de Jesús Gil y la corrupción desorganizada que efectuaron sus herederos políticos y que el concejal Victoriano Rodríguez resumió nítidamente en una conversación telefónica, grabada por la Policía durante el caso Malaya, en la que aludiendo al Ayuntamiento le decía literalmente al empresario Ismael Pérez Peña: "No es que se vaya a acabar mañana, pero que está muy mal y es cada vez peor. Tienes que coger lo que sea, pisos donde sea, como sea".

La tremenda victoria electoral de 1999 fue el principio del fin. Las instituciones por fin reaccionaron en bloque. La Junta suspendió el PGOU en 1998, el TSJA empezó a decretar la paralización cautelar de obras ilegales, la Fiscalía anunció una investigación de oficio porque GIL había dejado de pagar la Seguridad Social nada más llegar al Ayuntamiento, y, sobre todo, la comisión mixta Congreso-Senado acordó en 9 de febrero de 1999 que el Tribunal de Cuentas auditara la gestión municipal de Marbella. El 13 de octubre de ese año seis inspectores llegaron por primera vez al Ayuntamiento para comenzar una fiscalización. Aquel informe dio lugar a varias querellas de la Fiscalía Anticorrupción que son las que después provocaron las decenas de causas abiertas a ex asesor de urbanismo del GIL, Juan Antonio Roca, y a los concejales de aquel periodo. Esa batería de medidas tuvo efectos políticos. Si tras los comicios de 1999 GIL fue el más votado en nueve municipios, en 2003 solo se presentó en Marbella y Ronda, y empezaba la lucha por capitalizar los restos de su naufragio.

Diego Martín Reyes reconoce que si el Jesús Gil echó el ancla en Marbella fue en gran medida por la decadencia que vivía el municipio después de un último gobierno socialista inestable e ineficaz. Sin embargo, una vez desaparecido, su electorado era un bocado demasiado apetecible para promover cualquier tipo de catarsis social. Apunta dos argumentos en esta dirección: la reunión que Ángeles Muñoz (PP) promovió con empleados municipales para asegurarles sus puestos de trabajo antes de las elecciones de 2007 y el nulo reconocimiento institucional a la labor que hizo la Gestora para reconducir la gestión municipal a la legalidad. "El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, nos invitó a un almuerzo", deja caer. El PSOE prácticamente lo abandonó en el arcén y el abogado volvió al despacho que tuvo que cerrar obligatoriamente para presidir el equipo que, en representación de todos los partidos salvo en GIL, fue enviado a Marbella para iniciar el camino de vuelta a la legalidad.

La diversidad de perfiles de la Gestora obligaba un ejercicio de delicados equilibrios para no dejarse arrastrar por los arrebatos electorales de los partidos. Martín Reyes recuerda con aprecio la lealtad de los populares Baldomero León y Jorge Chacón, así como el apoyo que le prestaron los representantes de IU (Eduardo Zorrilla y Miguel Díaz) y del PA (Alejandro García y Florentino Rodríguez).

La Gestora gobernó 14 meses un Ayuntamiento arruinado, que debía 171 millones a la Seguridad Social y 96 a Hacienda, sin dinero ni para las nóminas [la Diputación adelantó varios pagos y la Junta en octubre de 2006 le concedió un préstamo reintegrable de 100 millones de euros], en el que muchos trabajadores habían sido por acción u omisión colaboracionista del GIL, y en el que habían fallado los controles del Estado. Formalmente nunca se ha reconocido el trabajo de aquel equipo, pese a que fue "una situación única, crítica e importante para la vida municipal de un país". No obstante, Martín Reyes sí valora el reconocimiento ciudadano. Recuerda el apoyo que tuvo de Rafael de la Fuente, luego concejal del PP, del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) y, muy especialmente, de personas anónimas. Alude a José Lechuga y al cura Francisco Ochamendi "que todavía hoy, 10 años después, no pasa una Navidad o un cumpleaños que no me llame". Afirma que se siente tan "obligado con esa ciudad" que si en 2011 el PSOE le hubiera propuesto ser su candidato en las municipales "me hubiera puesto en un brete muy serio", pero eso nunca sucedió.

Tampoco se hizo nunca una catarsis, ni "un estudio multidisciplinar serio", apunta Pedro Moreno Brenes, que analice una época que hipotecó Marbella "durante muchísimos años".

¿Qué pasó con los más de 20.000 votos de GIL? Básicamente los capitalizó el PP, que pasó de 7.016 electores en 2003 a 24.160 en 2007. Martín Reyes reconoce también la contribución de su partido a esa victoria al nombrar candidato a Paulino Plata, que había sido consejero de Turismo, pero carecía de cualquier vínculo con el municipio. No obstante, Plata logró más de 15.000 votos un resultado que el PSOE no ha conseguido igualar en las últimas dos elecciones municipales.

Los populares lucharon por el legado electoral del GIL colocando en la cabecera de sus candidaturas a ex gilistas como Juan Carlos Juárez (La Línea de la Concepción), Francisco Álvarez (Manilva), Fernando Palma (San Roque), además de acoger a antiguos concejales de la formación populista en varios municipios más.

Martín Reyes da por finiquitado aquel tiempo, aquella ideología y aquellas maneras. "Finalmente prevaleció el Estado de Derecho, se reconstruyó el staff con un nuevo secretario, vicesecretario, interventor y tesorero. En Marbella, ahora la ley no tiene atajos y el ciudadano está más atento". Pedro Moreno Brenes también cree que existe más sensibilidad social contra la corrupción, pero subraya que el proceso de legalización de las viviendas ilegales y la perpetuación de los trabajadores enchufados "es un mal ejemplo para la democracia", significa "que las cosas no han vuelto a su cauce". Alude a sus alumnos de Derecho que no podrán competir por puestos de trabajo en aquel Ayuntamiento porque están copados por personal que entró sin cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad, y critica un cierto cinismo social. "Si todos los que dicen que estaban en contra de Gil lo hubieran estado realmente, el gilismo nunca hubiera arraigado. Hace poco en una conferencia uno de aquellos sectarios de los grupos de apoyo se acercó para decirme 'hay que ver lo mal que lo pasamos con Gil'. ¡Hay que tener cara!".