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Gaspar Zarrías, tras la exoneración del Constitucional: "Sólo hubo un montaje del PP para una cacería infame"

"Nos limitamos a cumplir con la ley que había aprobado el Parlamento de Andalucía", afirma Zarrías tras conocer que el Tribunal Constitucional ha anulado su condena

El TC acota los hechos de la prevaricación del ex consejero a las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001 y también la de 2004

El Constitucional también ordena a la Audiencia de Sevilla que rebaje la condena a Gaspar Zarrías por el caso ERE

Gaspar Zarrías, en el juicio de los ERE. / Juan Carlos Vázquez

El ex consejero andaluz de Presidencia Gaspar Zarrías ha señalado este miércoles tras conocer que el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado su condena por prevaricación en el caso de los ERE que se ha demostrado que no había una trama para hacer algo ilegal sino "un montaje" del PP para una "cacería infame".

En un audio remitido a los medios de comunicación, Zarrías se ha pronunciado de esta forma a la decisión del pleno del TC de anular su condena por el caso de los ERE y de ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicte otra resolución en la que rebaje los nueve años de inhabilitación a los que fue sentenciado.

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Declaraciones de Gaspar Zarrías tras la orden del Constitucional para que la Audiencia de Sevilla rebaje su condena por los ERE

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"Siento una gran satisfacción, se ha impuesto la verdad. No había una trama para hacer algo incorrecto o ilegal. Nos limitamos a cumplir con la ley que había aprobado el Parlamento de Andalucía", ha indicado Zarrías tras conocer la decisión del tribunal de garantías sobre su caso.

En su opinión, lo que sí ha existido es un "gran montaje por parte del Partido Popular para poner en marcha la cacería política más infame que se conoce en la España democrática".

Gaspar Zarrías ha indicado que los tribunales le condenaron y él y al resto de los altos cargos "siendo inocentes, violando nuestros derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a la legalidad penal".

El TC, respecto a Zarrías, acota los hechos de la prevaricación a las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001 -que carecían de cobertura legal-, y también la de 2004, que incrementó el crédito del programa denominado 3.2H a pesar de que la concesión de ayudas sociolaborales no figuraba entre los fines del mencionado programa. 

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