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El decano reclama "más funcionarios" para el juzgado de Alaya tras el plan de refuerzo aprobado por el CGPJ

Francisco Guerrero apunta sobre la posibilidad de que Alaya mantenga su decisión de pedir una comisión de servicio que "ella se lo pensará".

Jorge Muñoz

22 de mayo 2015 - 12:41

Sevilla/El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha asegurado este viernes que tras el plan de refuerzo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el juzgado de Mercedes Alaya lo "fundamental" es que la Junta de Andalucía dote más de funcionarios de refuerzo a este órgano judicial.

Guerrero ha explicado a un grupo de periodistas que con este plan "no hacemos nada" si la Administración prestacional, en alusión a la Junta, no dota de más funcionarios al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla porque, según ha argumentado, "un número de jueces pueden dictar resoluciones pero se necesitan más funcionarios" para tramitar dichos asuntos.

El número de funcionarios es ahora mismo "claramente insuficiente" para la tramitación de las macrocausas y el resto de procedimientos que se siguen en este juzgado, ha aseverado Francisco Guerrero, que ha añadido que será la nueva titular, María Núñez Bolaños, la que tendrá que realizar un estudio y en su caso solicitar un número determinado de funcionarios.

Preguntado sobre si el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impide que Alaya pueda seguir instruyendo las tres macrocausas –ERE, cursos de formación y la investigación de los avales y préstamos de Idea- al designarse a dos jueces en comisión de servicio, el decano de los jueces ha dicho que el acuerdo del Consejo "no lo dice ni necesariamente implica" esta cuestión porque con ese acuerdo "los futuribles son todos posibles", ha precisado.

El decano ha añadido respecto a la posibilidad de que la juez Mercedes Alaya pida una de estas dos comisiones de servicio que "ella se lo pensará y decidirá si la pide o no", y cuando se le ha preguntado sobre si piensa que Alaya debería seguir para finalizar por lo menos el caso de los ERE fraudulentos no ha querido pronunciarse aunque sí ha dicho que "lo importante es que cualquier decisión que se adopte revierta en la prontitud y en una respuesta adecuada a lo que se deriva de esta instrucción".

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