El funcionario se retracta ahora de que la CEA cobrara mordidas por los cursos

Una declaración estilo montaña rusa y un principal testigo de cargo que parece desmoronarse. El jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, Teodoro Montes, se retractó ayer ante la juez Mercedes Alaya de las graves acusaciones que realizó en su declaración del pasado martes, cuando acusó a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) de haber percibido comisiones de hasta el 20% del importe de los cursos a la hora de subcontratar estas actividades con otras empresas.

Teodoro Montes se ha retractado de esas manifestaciones, al asegurar con rotundidad que "no tiene constancia" de que la organización empresarial haya cobrado esas comisiones que, sin embargo, en su anterior comparecencia dijo que habían percibido aunque no aportó pruebas de sus acusaciones. Fuentes del caso han subrayado que el funcionario también ha quitado relevancia a las supuestas comisiones que, según su testimonio, habrían recibido los sindicatos por subcontratar cursos.

El principal testigo de la acusación en esta causa no ha explicado a qué se debe el cambio de sus declaraciones, según las mismas fuentes, aunque el contenido que ha trascendido de sus declaraciones ya ha motivado el anuncio de presentación de algunas querellas contra el denunciante.

La juez Alaya le ha preguntado al testigo si tenía constancia de que existiera una relación entre la concesión de las ayudas y los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) finalizados, en el sentido de que las subvenciones incluían el compromiso de contratar a los alumnos aún sabiendo que esa contratación era imposible. El antiguo jefe del departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional lo ha negado.

Pero si Teodoro Montes se echa atrás en algunas de las acusaciones, sí que mantiene sus imputaciones respecto a que desde la Administración le "impidieron" ejercer sus competencias en materia de control y supervisión de los cursos. Teodoro Montes citó con nombres y apellidos en su comparecencia ayer -tercera que se produce desde el pasado jueves, lleva ya más de 14 horas de declaración acumuladas- hasta una veintena de superiores jerárquicos que, según sostiene, le habrían impedido hacer su labor. En esa relación de cargos aparecen desde su jefe de servicio inmediato, Daniel Fito García, a la secretaria del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), María Auxiliadora Novo, pasando por los delegados provinciales de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y Aurora Cosano, y llega a los directores generales de Formación para el Empleo Carlos Cañavate y su antecesora Teresa Florido.

Según las fuentes consultadas, la actitud que relata el testigo de estos superiores encajaría en figuras delictivas de coacciones, delitos contra los derechos de los trabajadores y prevaricación, toda vez que en la primera sesión de su comparecencia Teodoro Montes afirmó que en su departamento le habían dejado solo, sin ordenador y sin acceso a los expedientes de los cursos que debía supervisar.

Si Teodoro Montes ya sorprendió en su declaración del pasado martes cuando afirmó que en una ocasión anuló un curso a discapacitados porque se impartía en condiciones maltrato físico y psíquico -denunció que estaban encerrados en una habitación en pleno mes de julio, a las cuatro de la tarde, sin aire acondicionado y habiéndole facilitado tranquilizantes para que no protestaran-, en la sesión de ayer insistió en que muchos de los alumnos eran utilizados como mano de obra barata. Teodoro Montes relató en este sentido que había cursos en los que se habían programado 40 horas de prácticas en empresas pero en realidad los alumnos hacían hasta el doble del tiempo, unas 80 horas, con lo que 40 horas no figuraban en la programación del curso. Montes ha afirmado que esto habría ocurrido, por ejemplo, en cursos organizados por Servicio Andaluz de Salud (SAS) para personal del hospital Virgen Macarena de Sevilla.

La declaración del funcionario continuará hoy, cuando Montes responda a las preguntas de la Fiscalía, el abogado de la Junta, y de las defensas de los ex consejeros de Empleo y Hacienda Antonio Fernández y Ángel Ojeda.