El fuero Delphi

LOS tiempos cambian más que los días. Cuando Manuel Chaves comenzó esta legislatura, su Consejería estrella iba a ser la de Vivienda, un departamento llamado a sostener el sector de la construcción gracias al impulso de las casas de protección oficial. Hoy ni hay Consejería de Vivienda ni el Gobierno central quiere ayudar a construir más VPO. Hasta Manuel Chaves se fue. Los tiempos cambian una barbaridad: cuando Delphi cerró en febrero de 2007, hay quien afirmó en el Gobierno andaluz que había 3.000 nuevos empleos de camino hacia la Bahía de Cádiz para recolocar a los 1.884 empleados que Delphi dejó huérfanos. Hoy, aún quedan 538. Un centenar se colocó en Gadir Solar; 350 en Alestis -una empresa semipública que aún no tiene actividad, pero que paga los sueldos-; casi 600 se prejubilaron, y unos 170 consiguieron trabajos eventuales, por lo que aún siguen tutelados por la Junta.

Fue entonces, en el año 2007, con unas perspectivas económicas que sustentaban la llegada de empresas tecnológicas en esta comarca, cuando se cometió el error, el error Delphi, por el que la Junta se comprometió a recolocar, reconvertir, acariciar, mimar, prejubilar o contentar a toda la plantilla. Visto al día de hoy, fue una locura sideral. En el Consejo de Gobierno había quien hubiera preferido otra solución: prejubilar a un tercio, ayudar a la indemización por despidos de otro tercio y comprometerse a la recolocación del resto, unos 600, pero se optó por una paz a plazos.

Uno de los acuerdos con los sindicatos, el del 4 de julio de 2007, comprometía a la Junta a encontrar una solución laboral a todos los empleados. Un compromiso, no obstante, un tanto vago, del que hay serias dudas de su uso legal. El caso es que las consejerías de Economía e Innovación han anunciado que dejarán de pagar a esos 538 el próximo 28 de febrero, y -claro- las pitadas han vuelto a las calles y, posiblemente, regrasarán las movilizaciones de unos trabajadores que, por desgracia para ellos, han deteriorado durante estos años su imagen ante la opinión pública y, lo que es peor, ante posibles empleadores. El pasado miércoles, un grupo de ellos se manifestó en San Fernando delante del Teatro de las Cortes, donde el vicepresidente Rubalcaba fue a entregarle el premio a la Defensa de la Libertad de Expresión a Mario Vargas Llosa.

A medida que pasen los días, y de que estas dos consejerías mantengan su posición, el conflicto se endurecerá; es más que posible que el sindicato CGT se haga con el control y, entonces, comenzará una espiral sin control. Y es que este mismo sindicato fue quien lideró el convenio de Delphi del año 2005, el mismo que certificó la muerte de la factoría como bien habían presentido varios ejecutivos que se marcharon de allí antes de un cierre previsible.

Los trabajadores de Delphi fueron adoptados por la Junta. Y todo el mundo aplaudió. La presión política que ejercieron a las puertas de unas elecciones municipales y el apoyo que consiguieron en todos los ámbitos ante una hecatombre laboral como la que acometió la multinacional norteamericana procuraron esta solución que, con los años, se ha revelado transitoria. Nada nuevo: en Santana, la Junta pasó a adoptar directamente a la empresa y a sus pérdidas millonarias. En Huelva, en los Astilleros, se ha llegado recientemente a una opción más moderada, pero que también deja a 54 trabajadores con un compromiso de recolocación. Si ésta no se produce, recibirán una indemnización de 60 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades. El error, sin duda, es el compromiso que una administración adquiere con unos empleados que proceden del sector privado y que reciben un trato diferenciado y privilegiado frente a aquellos otros excedentes de una pequeña o mediana empresa donde la presión de la protesta no ha podido ser mayor.

Y es que el privilegio lleva al abuso. En Dephi, no sólo hay que buscarles un trabajo, sino que, además, hay que encontrarlo en el sector del metal, de tal modo que los empleados no pierdan su posición respecto a la que tenían en la factoría de componentes de automóviles. Una locura sideral que, al día de hoy, con un millón de parados en la comunidad, es un fuero difícil de aceptar, aunque esté firmado.