La frontera es un papel

Para llegar desde Camerún a España hay que cruzar, como mínimo, cinco fronteras. Hacia el norte, por Nigeria antes de entrar en el Sahara por Níger y llegar a Argelia y, desde allí, pasar a Marruecos en busca de una playa de la que salgan pateras hacia la península. Nancel, con 15 años, hizo esa travesía en, más o menos, seis meses. Tenía, recuerda, el equivalente a 50 euros en el bolsillo, aunque luego estuvo un tiempo trabajando como albañil en Argelia.

“En Marruecos tuve que pedir dinero”, cuenta este joven, que hoy tiene 19 años y vive en Granada. Después de una odisea que muchos no logran culminar, a Nancel le queda todavía otra frontera por cruzar en las oficinas de Extranjería del Ministerio del Interior. Es allí donde se expiden los permisos de trabajo a los inmigrantes que ya residen de forma legal en España.

“Lo que quiero es salir adelante. Mucha gente se piensa que no queremos trabajar y lo que pasa es que no podemos”, explica este joven camerunés en un perfecto español. El desconocimiento del idioma es un problema para muchos, pero no para Nancel, que actualmente se está sacando el segundo curso Bachillerato en la capital nazarí ,

Antes, se sacó el título de carretillero y cursó estudios de Formación Profesional en el sector del mármol, mientras estaba en un centro de menores en Purchena. Con 20 años se ha enfrentado ya a uno de los principales problemas que tienen los menores extranjeros no acompañados (MENA). Cuando alcanzan la mayoría de edad, dejan de estar tutelados por la Junta y quedan, si ninguna ONG lo evita, desamparados.

En el caso de Nancel, se trata de una residencia gestionada por los salesianos en Granada. Gracias a una beca, puede seguir estudiando aunque sea mayor de edad. El problema es que cuando acaba el curso debe estrujarse los sesos para encontrar un sitio para pasar el verano. “Mis compañeros se van a sus casas, pero yo tengo que buscar un sitio”, explica el joven camerunés, que tuvo suerte, y entre junio y septiembre consiguió una plaza en un centro gestionado por una ONG en Sevilla.

La Administración regional tiene programas para evitar esta situación, pero la integración en el mundo laboral es complicada para jóvenes como Nancel. Sin ir más lejos, este verano hubo varias concentraciones en la provincia de Cádiz para denunciar casos de chavales que, tras salir de los centros de la Junta, se quedaron en la calle. “Los inmigrantes lo tenemos más difícil”, lamenta el camerunés, que esta tarde relatará su historia en la primera jornada de la reunión de Coordinación de Defensores del Pueblo que se celebra entre hoy y mañana en Sevilla y Tarifa.

Jesús Maeztu, tras su reciente reelección, hará de anfitrión de sus colegas del resto de autonomías y del Defensor del Pueblo estatal en funciones, Francisco Fernández Marugán, en un encuentro para abordar las luces y las sombras del modelo de atención que España ofrece a los MENA. “Hay que pensar en profundidad cuál es la situación de estos jóvenes”, apunta Maeztu, quien insiste en que debe primar su condición de menores, aunque sean extranjeros.

Entre los asuntos que se abordarán está el reparto de estos niños y adolescentes entre las distintas regiones, ya que, en la actualidad, Andalucía, Cataluña y País Vasco se hacen cargo de la mayoría. El Gobierno se comprometió a estudiar un modelo de redistribución que, de momento, está bloqueado. También se analizará la calidad de la atención que reciben los MENA a su llegada a las costas españolas. Nancel, por ejemplo, llegó a Tarifa y, tras ser atendido por Cruz Roja, pasó por un centro en La Línea –dos semanas– y otro en Motril –11 meses– antes de llegar a la localidad almeriense de Purchena.

El joven camerunés tuvo suerte y no pasó por el mal trago de uno de sus compañeros que hoy estará en el Caixaforum, el espacio que alberga la jornada sevillana de la reunión de Defensores del Pueblo. A Manté, que así se llama el otro joven, lo consideraron como a un mayor de edad, aunque en la asociación Interprode, que ayuda a estos inmigrantes, creen que, a día de hoy todavía no ha cumplido 18 años. Maeztu y sus homólogos y el propio Fernández Marugán han solicitado en más de una ocasión que mejoren las técnicas para determinar la edad de los migrantes para evitar este tipo de errores.

Entre los coloquios programados en la jornada de hoy no hay ninguna dedicada específicamente al debate lanzado por partidos como Vox sobre posibles problemas de convivencia generados por estos niños y adolescentes. “Hay quienes los llaman delincuentes ante cualquier problema nimio”, se queja Maeztu, sin hacer referencia a la queja de la formación de extrema derecha, que pone en duda el dato ofrecido por la Junta sobre el índice de delincuencia de estos inmigrantes, que es del 0,54%.