Un reparto de fondos europeos casi correcto

El PP ha lanzado una campaña contra la gestión de los fondos de recuperación de la UE por su supuesta opacidad y arbitrariedad, aunque los primeros números no respaldan el descontrol. Comenzó la comunidad de Madrid al denunciar ante los tribunales un reparto de una mínima porción de los fondos, una partida de nueve millones de euros, de un total de 11.151 millones, que concedió el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en tres ocasiones, la Comisión Europea, por medio comisarios distintos, ha contestado que los fondos se someterán a control y que, si España los viene recibiendo, es porque viene cumpliendo con los "hitos" de reformas a las que se ha comprometido.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, recibió esa respuesta de la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, que circunscribió este martes la polémica en diferencias internas y naturales. Sobre ello, Moreno aseguró este miércoles que España puede estar cumpliendo con Bruselas, pero no con las comunidades.

Aunque estos fondos no se reparten por comunidades autónomas, sino que obedecen a proyectos que deben estar ligados a 10 sectores prioritarios, hay una parte que gestionarán las regiones. Esa parte, sin embargo, casi se está ajustando al criterio de población, lo que, en principio, niega la denunciada arbitrariedad.

El Gobierno central ha recibido, de momento, 19.000 millones de euros de Bruselas de estos fondos. España fue el primer país en cumplir los requisitos, se le adelantaron 9.000 millones de euros y, después, se concedieron otros 10.000 millones. De todos éstos, casi la mitad van a ser gestionados por las comunidades autónomas. El Gobierno central, las comunidades y los ayuntamientos han celebrado 54 conferencias sectoriales donde se abordan los programas y el reparto. Como en la mayor parte de las ocasiones, se están siguiendo los criterios de la financiación general, un primer balance del reparto casi cumple con el requisito de población.

Del total de 11.151 millones de euros, a Andalucía se le han adjudicado 1.916 millones de euros, casi el 17,1%, a ocho décimas de su peso en población. En millones de euros, supone un desvío de 100 millones de euros en detrimento de la comunidad, aunque desde el Gobierno central se explica que sólo se está al principio de esta gestión. España recibirá unos 70.000 millones de euros has el próximo año, y aún podría solicitar, aunque como crédito, otra cantidad similar.

La Junta no sólo es receptora de fondos, sino que también debe adjudicarlos. De hecho, el Gobierno andaluz es uno de los más eficiente en este sentido. Madrid y Andalucía son los gobiernos que más dinero han materializado en proyectos: 687 millones en la comunidad de Díaz Ayuso y 666 millones, en el caso de la andaluza. La mayor parte de los fondos que se ha adjudicado a Andalucía se destinan a proyectos energéticos alternativos. De los que la Junta ya tiene tramitados, 432 millones corresponden a políticas sociales y 168 millones, a medidas urgentes de empleo.

Lo que no ha hecho el Gobierno central es crear una comisión especial para adjudicar los fondos. Movido por las críticas de los populares, se ha abierto una página digital donde se está informando en tiempo real de todas las convocatorias, adjudicaciones, así como del reparto regional.

Los fondos no regionalizables se adjudican desde el Gobierno de acuerdo con varios programas centrales que se denominan PERTE. De momento, hay tres aprobados, que desarrollan ayudas para el coche eléctrico, las energías renovables y la digitalización de la asistencia sanitaria. Hay dos más en proyecto, uno de ellos para el sector aeronáutico. El PP solicita que estas adjudicaciones obedezcan a criterios conocidos y que se conozcan cada una de ellas.