La Fiscalía pide un "mayor celo" en el control de las plantaciones de marihuana en las viviendas sociales

La Fiscalía Superior de Andalucía dice en su última memoria que "sería conveniente un mayor celo por parte de las administraciones públicas en el control del efectivo uso de las viviendas sociales a los cesionarios", que en los últimos años se están empleando para instalar plantaciones de marihuana.

"En la actualidad se percibe un elevado número de plantaciones de interior en viviendas cedidas por entidades públicas cuyo beneficiario no reside en la misma (constando incluso empadronado en otro domicilio), siendo alquiladas o cedidas gratuitamente y dificultando con ello la acreditación de la titularidad de la plantación, salvo en aquellos supuestos en los que existan vigilancias previas de los agentes o sean sorprendidos en el momento de la entrada y registro realizando labores en relacción con las plantas intervenidas", recoge la memoria.

Una de las provincias más afectadas por el problema del cultivo ilegal de cannabis es Granada. La Fiscalía de dicha provincia ha incorporado otro fiscal a la sección antidroga, en respuesta a la "evidente necesidad de asignación de recursos personales al primer problema criminal con el que se encuentra la Fiscalía provincial de Granada y por extensión la sociedad granadina, el cultivo y tráfico de cannabis".

Añade el Ministerio Público que este es "sin ningún margen de duda el delito que requiere mayor asignación de medios personales en la actividad diaria de la Fiscalía". El uso de viviendas sociales para las plantaciones está muy extendido, dada la dificultad de averiguar quién es el titular del domicilio. Esta circunstancia es aprovechada por las "organizaciones criminales de la ciudad, generalmente integradas por miembros de una misma familia, con la seguridad que ello lleva aparejada y la imposibilidad para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de acceder a las mismas".

La proliferación de las plantaciones de interior y los enganches ilegales al suministro eléctrico suponen un gran problema para el resto de la sociedad, "tanto por los continuos apagones por sobrecarga como por la falta de conexión legal para aquellas viviendas destinadas a moradas por familias en edificios dedicados en su mayor parte a plantaciones". La memoria de la Fiscalía recoge la controversia jurídica en torno al cannabis, ya que diversos órganos judiciales han emitido resoluciones contrarias a considerar las hojas de marihuana como una sustancia fiscalizada.

Las fiscalías de Sevilla y Almería ya habían advertido en las memorias correspondientes a ejercicios anteriores de la proliferación de "grupos altamente organizados en sus funciones, con jerarquías definidas y roles diferenciados, así como sistemas de gestión asimilables a las cooperativas en las pequeñas plantaciones indoor". El pasado fin de semana en Sevilla se produjo un tiroteo con armas de guerra, que pudo estar originado por una disputa entre clanes que se dedican al cultivo y tráfico de marihuana. A ello siguió una macrooperación de la Policía Nacional en el barrio de las Tres Mil Viviendas, en las que se incautaron armas y drogas y se detuvieron a diez personas.

En las memorias de la Fiscalía de los últimos cuatro años, el fraude eléctrico tiene un papel importante en la exposición de hechos. En la memoria de 2020, correspondiente al ejercicio de 2019, ya se hablaba de la existencia de una comisión formada por las autoridades administrativas y Endesa, así como de la levedad del reproche penal del delito de defraudación de fluido eléctrico.

El año siguiente, el Ministerio Público indicaba que se mantenía la situación de los cortes de suministro por enganches ilegales a la red y la comisión entre la empresa y las autoridades para resolver el problema, la insuficiencia penal de la configuración del delito de defraudación del fluido eléctrico y el archivo de las diligencias preprocesales (no penales) por considerar la Fiscalía que no existía delito por parte de la compañía.

En la memoria de 2022 ya aparecía que 16 clanes familiares disfrutaban de un espacio de confort en la zona norte de Granada, ejerciendo intimidación sobre los vecinos. Endesa participó en 2.231 apoyos a la Policía Nacional, en los que 753 viviendas tenían contrato y 1.478 estaban en fraude eléctrico.

El 25 % de la producción de la marihuana en España está en las provincias de Barcelona y de Granada. "El tráfico de esta droga se extiende como una mancha verde por la casi totalidad de los municipios de la provincia de Granada", apuntaba la Fiscalía. También se detectaba un aumento de criminalidad en Almería, Huelva, Málaga y Granada, así como cortes de suministro en barrios enteros.

En la memoria de 2023, correspondiente al año anterior, todos los fiscales delegados alertaban sobre la magnitud del fenómeno del cultivo de marihuana y el grave problema de seguridad ciudadana que supone, debido especialmente a los delitos conexos, como son daños dolosos en los inmuebles, defraudaciones de fluido eléctrico, problemas de corte de suministro en barriadas enteras y ocupaciones de viviendas.

Asimismo, se ponía de manifiesto que en las plantaciones se encuentran múltiples medidas de seguridad (refuerzo de vallado perimetral, sensores de movimiento, cámaras de visión nocturna y sistemas de vigilancia), además de ser frecuente la intervención de armas de fuego.

En concreto, la Fiscalía de Almería destacaba cuantitativa y cualitativamente el número de plantaciones de marihuana existente tanto en viviendas y parcelas como en invernaderos, normalmente con enganches ilegales de electricidad, habitualmente custodiadas por personas armadas pertenenecientes a bandas organizadas. Sevilla y Almería alertaban de la jerarquización de dichos grupos criminales. Cada año, además, se incrementan las solicitudes de cooperación internacional en esta materia.

En la última memoria, publicada en 2024 y correspondiente al año 2023, la Fiscalía de Granada señala como "una problemática especial" las ocupaciones de inmuebles y la defraudación del fluido eléctrico, frecuentemente relacionados con los delitos de cultivo de sustancias estupefacientes. Además, se pedía el mayor celo en el control de las viviendas sociales, ya citado antes.

El Ministerio Público volvía a insistir en el elevado número de plantaciones custodiadas por personas armadas de las bandas organizadas y en la elevada delincuencia de años anteriores, que subsiste con los mismos problemas relacionados con actividades paralelas de obtención ilegal de la energía eléctrica.

En las provincias de Málaga y Granada es donde más cantidades de plantaciones de marihuana se han intervenido. En Almería, la delegada indica el descenso de los cultivos industriales, que comenzó en 2022 debido a las grandes operaciones realizadas en dicha provincia.

En Granada y Sevilla los fiscales destacan la dificultad en las investigaciones de los grupos dedicados a esta actividad, debido a que en determinadas poblaciones se han asentado grupos familiares que controlan la zona, con férreos mecanismos de detección de las Fuerzas de Seguridad.

Apuntan a la creciente vinculación de los productores y distribuidores locales con organizaciones extranjeras (lituanas, ucranianas, albanesas, holandesas y francesas), que encuentran en la provincia de Granada uno de los mayores proveedores de marihuana. Ello está determinando una mayor intervención de armas ante la necesidad de protección frente a posibles vuelcos o enfrentamientos con clanes rivales.

En Málaga también se han incrementado de forma considerable los grupos y organizaciones transnacionales dedicadas al cultivo y exportación de marihuana, así como de introducción de hachís para su posterior distribución por Europa, especialmente a Italia, Países Bajos y Reino Unido, con importantes estructuras empresariales para blanquear los beneficios obtenidos en estas operaciones.

Del aumento de la violencia relacionada con el tráfico de marihuana también da cuenta la fiscal delegada de Almería, que alerta de que se están modificando las formas de actuar de las organizaciones asentadas en dicha provincia. Da cuenta del uso de armas de fuego, tanto para repeler la acción policial como por violencia entre grupos criminales, habiéndose cometido dos homicidios durante 2023, relacionados con actividades de tráfico de drogas.

La Fiscalía mantiene la petición de todos los delegados, ya expuesta en memorias anteriores, de un aumento de la penalidad de las defraudaciones del fluido eléctrido vinculadas a los delitos de tráfico de drogas, castigadas ahora con penas de multa que no son pagadas por los condenados, o una agravación cuando la finalidad es la comisión de un delito.

La legislación española es muy laxa en cuanto a los delitos de defraudación de fluido eléctrico y el cultivo de cannabis, que ha propiciado una expansión de este problema. En la actualidad, el artículo 255 del Código Penal recoge el delito de fraude eléctrico, castigado con una multa que va de tres a doce meses. Si la cuantía de lo defraudado no excede los 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses. Si no es posible conocer la cifra defraudada, la ley establece que la cantidad a facturar corresponderá al 100% de la potencia eléctrica contratada durante seis horas al día en el último año.

En este sentido, las penas por delito de fraude eléctrico en Europa son muy superiores a las de España y tienen un carácter disuasorio para la comisión del delito. El Código Penal alemán establece una pena de cárcel de hasta cinco años. En Italia, se equipara con el delito de hurto, con una pena de cárcel de seis meses a tres años de prisión. En Francia, se asimila al robo, con una pena privativa de libertad de tres años y una multa de 45.000 euros.

El 18 de julio de 2024, el PP presentó una proposición no de ley al Congreso de los Diputados sobre medidas para combatir el fraude eléctrico relacionado con el cultivo y el tráfico de drogas. Con ella se pretende propiciar la modificación del Código Penal para el delito de defraudación de fluido eléctrico, mediante la creación de un nuevo tipo agravado que contemple el perjuicio al interés público y a los usuarios de lsa conductas relacionadas con el cultivo y el tráfico de drogas.

También persigue modificar el Código Penal para que la graduación de la pena del nuevo tipo agravado del artículo 255 sea de uno a tres años de prisión, y lleve aparejadas multas de seis a 18 meses, tal como se tipifica en otros países europeos. Igualmente, se pide el refuerzo de los recursos humanos y materiales dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para la lucha contra los cortes y fraudes eléctricos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió una mayor implicación de la Delegación del Gobierno y de las fuerzas de seguridad del Estado en la lucha cotnra las viviendas con plantaciones de cannabis. Incluyó esta petición en una serie de propuestas por la igualdad y reclamaciones pendientes que envió al Gobierno central el pasado 20 de septiembre. En este documento, se destaca que la proliferación del fraude eléctrico vinculado a viviendas con plantaciones de marihuana se va extendiendo por toda la geografía andaluza, especialmente en las provincias de Almería, Granada y Sevilla, con "el consiguiente daño a vecinos que hace un uso de su derecho legal y tienen su residencia habitual en esos edificios".

Desde el gobierno andaluz se estima necesario el incremento de la acción de las Subdelegaciones del Gobierno en la vigilancia e inspección de estas viviendas, a las que se les da un uso fraudulento en la consecución de posibles delitos contra la salud y la defraudación de fluido eléctrico. "Desde Andalucía, seguimos urgiendo al Gobierno de España a que aborde el endurecimiento de las penas en el Código Penal para un fraude eléctrico vinculado, en la mayoría de los casos, a otras prácticas delictivas, tal como ocurre en los países de nuestro entorno", apunta el documento de la Junta.