La federación de sordos culpa a los impagos de la Junta del despido de 32 empleados
Faltan los ingresos por los cursos de formación, de los Orienta y los costes de mantenimiento.
La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Andalucía (FAAS) ha presentado un expediente de regulación de empleo para despedir a sus 32 trabajadores fijos por la deuda de 2,1 millones contraída por la Junta de Andalucía con esta organización, según informó ayer la federación en un comunicado.
Los trabajadores de la FAAS han recibido la carta de despido que será efectivo el 31 de enero, a los cuales se les adeuda una media de cuatro a 12 nóminas correspondientes al ejercicio 2015.
Las causas económicas del ERE son la deuda de formación profesional para el empleo entre el 2008 y el 2011, el programa Orienta, ambos de la Consejería de Empleo, y la no publicación durante el 2015 de la convocatoria de mantenimiento y programas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
La FAAS, fundada en 1987, ha colaborado desde su constitución con la Junta y otras administraciones para poder financiar los servicios de naturaleza pública que no prestaba la Administración y se pagaban a través de diferentes convocatorias públicas vía subvención.
Aunque la federación confía en las "palabras de la Junta confirmando que se les iba a pagar", lamentó que las reiteradas reuniones y llamadas a la alarma de la situación a responsables de la Consejería de Empleo "no han servido de nada porque nos encontramos en el escenario que le habíamos anticipado y que nos temíamos".
"Nos sentimos que la Junta de Andalucía nos ha abandonado", denunció la federación de asociación de personas sordas. Asimismo, FAAS advirtió de que "no quieren malas interpretaciones desde la Administración, de que digan que no hemos justificado", ya que la FAAS ha presentado "siempre la documentación y en plazo, acorde con los ingresos y anticipos recibidos".
La federación aclaró que una ONG "no puede financiar a la Junta, por lo que los gastos que no se han pagado y que son las nóminas de todos los trabajadores de todos los programas (80 trabajadores), cuyos gastos estaban comprometidos, difícilmente se han podido abonar si la administración no paga desde 2008 puntualmente".
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