El experimento de ‘Andalucía Sostenible’ movilizará 35.000 millones en diez años

En la reunión del martes entre el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y los líderes de la oposición hubo algún intercambio más aparte de los dossieres con las 41 propuestas anticrisis del Gobierno autonómico y las 15 reformas del PP. Sobre la mesa también estuvieron las líneas maestras del programa Andalucía Sostenible que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiere ensayar en esta comunidad y con vocación de ser exportables al resto del país. Un documento que ya esboza las bases, plazos y cantidades: 35.000 millones en 10 años para dar un giro radical al actual modelo productivo andaluz hacia otro innovador, competitivo, tecnológico y ecológico.

El plan, en el que llevan enfrascados desde hace tres meses el Gobierno y la Junta, vendrá definido en términos de sostenibilidad económica, social, medioambiental y energética, y requerirá un apoyo estructural, a través de consorcios, y de otro económico, que se canalizará a través de un Fondo de Inversión de Economía Sostenible (FINES). Su dotación estaría en torno al 1,5 ó 2% del PIB andaluz cada año, es decir, unos 35.000 millones en diez años. Este instrumento financiero está concebido como ayuda a los proyectos, es decir, tendrá un carácter reintegrable, y tendrá un periodo amplio de aplicación de entre 10 y 15 años, y de devolución entre 35 y 50 años.

Los principales ejes sobre el que gravita este programa de Economía Sostenible no deja de ser un compendio de lo que ya han perfilado en el último debate de la nación Rodríguez Zapatero y en su discurso de investidura Griñán. Pero lo cierto es que por primera vez toma forma, siendo su primer paso una norma, la ley de Economía Sostenible, cuyo anteproyecto estaba previsto que se aprobara en un Consejo de Ministros que se celebraría en Andalucía antes del 1 de agosto y que ayer se pospuso al otoño.

Así, en el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se apunta al desarrollo de sectores estratégicos basados en el conocimiento, la apuesta por los servicios y la industria del saber, la empresas con base en internet y de base tecnológica (biotecnología, biomedicina, energías renovables, sector aeronáutico y agroalimentario). Mientras, el esquema de regeneración se aplicará a las industrias denominadas “maduras”, como las del mueble, materiales de construcción o plástico, que se reorientarán hacia una industria ecológica, es decir, dedicadas al reciclaje y uso de nuevas materias primas. A esta reconversión verde no escaparía el sector agrícola, ya que se favorecerá a la agricultura ecológica, se potenciará que los cultivos excedentarios se reconviertan a la producción para biocombustibles o en otra modalidad de huerto, en huertos solares.

Todos estos cambios, que tienen como horizonte el “pleno empleo de calidad”, no significarán la sustitución de unos sectores por otros, sino impulsar aquellos que estratégicamente se vuelquen en la innovación, la calidad y el valor añadido.

Esta transformación tendría su apartado financiero. El objetivo es que bancos y cajas se impliquen más en la economía productiva y no especulativa, y tengan dimensión suficiente para financiar los grandes proyectos empresariales, es decir, incentiva las fusiones.

Aunque el plan tenga un sentido económico –también entran en juego las infraestructuras y el transporte público–, la dimensión social quedará cubierta con una mejora profunda de la educación. En este último pilar, en que el Griñán ha asentado la estructura de ese futuro, entraría en juego una alianza múltiple entre administración, padres, profesionales y alumnos para reforzar la educación en valores y la cultura del mérito y capacidad, que iría acompañada de una reforma de la Formación Profesional.

Este intento de poner fin a un modelo agotado tiene por escenario Andalucía, según el documento, por reunir las condiciones óptimas de estabilidad política y paz social, y por haber tenido, aunque a menor escala y menos ambición, proyectos piloto como la Estrategia para la Competitividad 2007-2013, y tener asentadas en su suelo empresas con tecnología media y alta.

Las comunidades presionan y logran un 2,5% de déficit

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó ayer elevar al 2,5%, frente a la propuesta inicial del Gobierno del 2%, el déficit en el que podrán incurrir las comunidades en 2010. Así lo anunció tras la reunión de este órgano la ministra de Economía, Elena Salgado, que dijo que al elevarse el déficit aumenta al 8,4% el endeudamiento que tendrán en ese ejercicio el total de las administraciones, en vez del 7,9% previsto por el Gobierno. Según explicó, se decidió elevar en cinco décimas, hasta el 2,5%, porque así se lo han pedido algunas comunidades al Gobierno para poder hacer frente a más gastos en atención social, y además, no afecta al objetivo del Gobierno de “reconducir” el déficit al límite del 3% que exige Bruselas. La consejera andaluza del ramo, Carmen Martínez Aguayo, consideró “aceptable” este límite de déficit, aunque anunció que hará sus “números” y tratará de “ir un poco más allá”, para que ese techo se establezca en torno al 3% que es lo que demandaba. No obstante, el Gobierno deja la puerta abierta a incrementar un 0,25% más a través de las inversiones productivas. A pesar de que ese margen de déficit salió adelante, todas las comunidades del PP, Ceuta y Melilla votaron en contra por considerar “contraproducente” superar la frontera del 2%.