"El nivel de exigencia será aún mayor si el PP llega a la Junta"

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) no tiene intención de morir de éxito por su triunfo en las elecciones sindicales en la Administración. Su presidente, Alfredo Pérez (Morón de la Frontera, 1961), destaca el "momento histórico" por el que pasa no sólo la central sindical, fundada en 2003, sino también la función pública, inmersa en el polémico proceso de transformación surgido de la ley de reordenación del sector, repudiada por la inmensa mayoría del colectivo de trabajadores de la Junta.

-¿Cuánto ha influido en la victoria del sindicato en las elecciones su posición contra la ley de reordenación del sector?

-Mucho. Para nosotros esta ley siempre ha sido un atentado contra los derechos de los funcionarios. Ellos también lo han visto así. Siendo un colectivo históricamente poco dado a la movilización, han considerado que ahora era el momento de enfrentarse a eso saliendo a la calle. Lo que hemos hecho nosotros ha sido defender sus demandas. Desde el principio contra el decreto, después contra la ley, ahora contra los estatutos de las agencias. Eso era lo que querían los funcionarios. Nosotros lo hemos entendido así y teníamos que apoyar sus reivindicaciones. Esa es nuestra misión sindical.

-Sólo apoyan las reinvindicaciones de los funcionarios.

-Sí. Defendemos única y exclusivamente los derechos de los funcionarios. Eso es una ventaja, no tenemos que negociar lo que demandan otros colectivos y eso nos da mayor libertad de exponer y expresar, y de recurrir, cuando se da el caso, asuntos que sólo atañen a este colectivo. También ahí radica parte del éxito reciente.

-¿No le otorga eso un cariz elitista al sindicato?

-Puede que se nos acuse de eso en algunos círculos. Pero somos el único sindicato libre, sin cortapisas, que ha sabido movilizar a un colectivo tradicionalmente pasivo que ahora ha reaccionado. Hay que tener en cuenta que ni siquiera lo ha hecho cuando ha visto reducido drásticamente su salario,. secularmente congelado, con un recorte brutal en las pagas extra. De esto no se habla mucho porque se considera algo más interno. Y además porque los funcionarios consideraron en su momento que, aunque de mala gana, había que aceptarlo porque se les dijo que era una medida para beneficiar, para reducir el gasto público, pero lo que está ocurriendo ahora trasciende con mucho todo eso.

-¿Es el Safja el sindicato más agresivo contra la transformación del sector público impulsada por el Gobierno socialista?

-Repito, ya no se trata del sueldo, aun siendo importante. Ahora está en peligro el puesto de trabajo, algo que al funcionario le ha costado mucho tiempo y trabajo conseguir. Defender esto es lo que los ha motivado, y los funcionarios han visto en la beligerancia del Safja el reflejo de sus demandas. Pero no es algo nuevo, es la continuación del trabajo que empezó en 2003, y desde entonces jamás hemos bajado la guardia, lo que ocurre es que con los últimos acontecimientos, desde julio pasado hasta hoy, da la impresión de que ahora estamos en primera línea. Pero ha sido así siempre.

-¿Serán igual de beligerantes si, dado el caso, hay en el futuro otro partido al frente del Gobierno? El PP también está contra la ley y a veces se les acusa a ustedes de cierta connivencia con él.

-Esto no es nada nuevo. Siempre se nos ha achacado el ser una fuerza instigadora contra el actual Gobierno andaluz. Les conviene decir frente a nuestras reivindicaciones y nuestros recursos contra la ley que somos la voz del PP. Y para nada. Es una afirmación partidista, interesada. Más aún ahora, en plena campaña electoral. Safja es independiente. Esté el partido que esté gobernando le vamos a demandar lo mismo. Es más, si el PP llega a la Junta le exigirimos con más fuerza aún que asuma sus responsabilidades al haberse opuesto a la ley. El nivel de exigencia será aún mayor. Y exigiremos al Gobierno, sea el que sea, pero sobre todo si hay uno que antes desde la oposición se ha mostrado contrario a la ley recurriéndola incluso en los tribunales, que asuma esa responsabilidad y que, como han manifestado sus principales dirigentes, deje en suspenso la actual ley y reordene el sector de otra forma.

-¿Cómo?

-Para empezar, con el desmantelamiento de toda la llamada administración paralela que no sea estrictamente necesaria. La ley de contratos estatal ya contempla las encomiendas de gestión cuando las circunstancias las obligan, pero no lo que ha ocurrido aquí desde hace quince años, cediendo potestades públicas que sólo tienen los funcionarios a empresas privadas o públicas con personal no cualificado. La Junta ha inflado una burbuja que le ha explotado, porque mantener a todas esas empresas externas supone un coste muy alto. Y ahora pretende incluir a todo ese personal externo en la Administración con cargo a los presupuestos.

-Es lo que ustedes y otros sindicatos y plataformas consideran enchufismo.

-Es que lo es. Nos hemos hartado de decir que a muchas de esas personas no les negamos los méritos ni su capacidad. Pero no han demostrado lo uno ni lo otro a la hora de acceder a su puesto como lo ha hecho un funcionario. Han entrado en la Administración por una ley aprobada en el Parlamento. La ley del enchufismo. Lo que tendría que hacerse es que en una oferta pública de empleo se convocaran esas plazas y que todo el que quisiera pudiera acceder a ellas en igualdad de condiciones, tanto el personal que está en las empresas públicas, como el resto, como el que está en su casa estudiando. Así lo recoge la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley de la Función Pública.

-Hay otro frente de la batalla, el judicial. ¿Qué cree que ocurrirá?

-Será un proceso lento. De momento se nos está dando la razón en más de un recurso, sobre todo contra los estatutos de las agencias. Tenemos esperanza en una suspensión cautelar de la ley si los tribunales ven que hay indicios de desamparo. Y los hay.