La exclusión de los alcaldes crispa el Parlamento con una gran bronca

Subidón de decibelios y tensión ayer en el Parlamento, donde los alcaldes-diputados empiezan a ser historia. Ese sentimiento lo transmitió la portavoz del PP-A, Esperanza Oña, alcaldesa de Fuengirola (Málaga), al proclamar desde la tribuna de oradores que tal vez pudiera ser su última intervención, al estar cantado de antemano que la propuesta de hacer incompatibles los cargos de alcalde y parlamentario recibiría la bendición de la Cámara gracias a la mayoría absoluta del PSOE.

La exclusión de los regidores municipales de la Cámara, iniciativa nacida del paquete de medidas del grupo de trabajo sobre transparencia y calidad democrática constituido en el Parlamento y cuyo dictamen vio la luz verde en el Pleno extraordinario de ayer, puede acabar en los tribunales. El PP no lo descarta.

La confrontación entre populares y socialista cotizó ayer al alza. La sesión concluyó en bronca, pero no era algo inesperado. Fue la culminación de una jornada que empezó tensa, con la puesta en escena del profundo malestar en el seno del PP: una foto de familia de los parlamentarios con un centenar de alcaldes del partido como protesta simbólica ya caldeó el ambiente desde el primer minuto. El coordinador de IU-CA, Diego Valderas, censuró a los populares por ese "teatro vivido hoy en el Parlamento". A su compañero de grupo, Juan Manuel Sánchez Gordillo, no le debió parecer tanto: votó como el PP.

Se trataba del primer movimiento de la estrategia que el Grupo Popular había previsto para el desarrollo de la sesión. Todos los intervinientes del PP-A en el Pleno extraordinario de ayer son alcaldes. Evidentemente, no era una elección gratuita: ya fuera el asunto a debatir los proyectos de ley del Turismo o de Promoción del Trabajo Autónomo; la posición y compromisos del Ejecutivo en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la propuesta de la Comisión Europea de nuevas perspectivas o el corredor mediterráneo, todos los ponentes populares son la máxima autoridad en sus municipios: Ángeles Muñoz en Marbella, José Antonio Nieto en Córdoba, Enrique Fernández Moya en Jaén, María de Carmen Crespo es la alcaldesa de Adra (Almería) y Carlos Rojas de Motril (Granada). Todos y cada uno de ellos, en un momento dado de su intervención, recordaron a su interlocutor del Gobierno socialista (el consejero de Empleo, Manuel Recio, o la titular de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, por citar dos ejemplos), y por extensión a la bancada del PSOE-A, que no son menos "transparentes" ni su calidad democrática mengua por ser alcaldes y diputados. Antes al contrario, se encargaron de repetir todos ellos. Así, el PP enseñaba sus armas y daba los primeros golpes como antesala de lo que estaba por ocurrir.

Y lo que llegó después, al cierre de la sesión parlamentaria, fue la multiplicación de la crispación y una bronca monumental. La Cámara devino en corrala, coincidiendo con la intervención del diputado socialista José Muñoz, encargado de defender las ventajas de la incompatibilidad de los alcaldes y que sacó de quicio a los integrantes del grupo popular.

Cronológicamente, fue primero el portavoz de IU-CA, Diego Valderas, quien fijó las posiciones de su grupo, y también con vehemencia defendió las medidas de un dictamen que, no obstante, "se queda corto". De ahí que IU tenga intención de seguir adelante, "porque así lo demandan los ciudadanos", para reformar la Ley Electoral y el Reglamento de la Cámara, "que algunos quieren que sea de los lores pero debe ser de los comunes".

Y fue otra alcaldesa, la de Fuengirola, Esperanza Oña, la encargada del ataque final -en su caso, de la defensa- del PP contra el "ensañamiento" y la "difamación" que a su juicio cometen los socialistas, con la ayuda "cínica" de IU para "cercenar" en el Parlamento la voz más cercana de los ciudadanos, la de los alcaldes.

La temperatura fundió el ambiente con la subida a la tribuna de Muñoz. El diputado socialista fue interrumpido en numerosas ocasiones desde las filas de los populares desde el instante que cuestionó la dedicación, pero sobre todo el trabajo, de los alcaldes de Sevilla, Huelva y Jerez, todos ellos del Partido Popular.