Los empresarios sabían lo que hacían y tenían un "afán desmedido de lucro"

Los empresarios son una parte fundamental en Malaya ya que eran los que aportaban dinero a Juan Antonio Roca para conseguir beneficios en sus proyectos inmobiliarios. Sin embargo, la sala ha condenado a algunos y ha dejado libres a otros en función de las pruebas que tenía. En cualquier caso, el juez sí deja claro que la situación a la que se vieron abocados los empresarios "fue propiciada por ellos, pues conocedores de la existencia de un PGOU vigente que no era otro que el de 1986 se dejan embaucar por cantos de sirena y guiados por un desmedido afán de lucro aceptan regir su operación inmobiliaria por un plan parcial inexistente". Es decir, la sala entiende que los empresarios sabían perfectamente lo que hacían y se beneficiaron de ello.

José Ávila Rojas ha sido el peor parado, pues ha sido condenado a 3 años por blanqueo y ocho meses por cohecho activo y deberá pagar 11,5 millones de euros. La sentencia considera probado que Ávila Rojas, uno de los promotores más activos de Andalucía, trabajaba de forma habitual en Marbella a través de las empresas Naviro, Turasa y Haviland Proyectos y que en esos años firmó varios contratos de permuta con Juan Antonio Roca en los que el ex gerente de Urbanismo aportaba los terrenos y Ávila hacía la construcción.

El promotor, que en una de sus declaraciones ante el juez aseguró que "no tenía ningún negocio en común con Roca", pagó 5 millones de euros a Roca entre 2002 y 2004 para que, según recoge la sentencia, "le facilitara la tramitación administrativa de los convenios conforme a sus intereses". Hay más de 30 folios en los que se enumeran numerosos proyectos y convenios urbanísticos, como Carril del Relojero, Coto de los Dolores o Vente Vacío, en los que el constructor obtuvo cambios en la calificación del suelo o aumentos de edificabilidad más que significativos, lo que le permitía construir más viviendas. El juez también señala que Ávila Rojas "ha mantenido diversos negocios con el señor Roca, prestándose para que éste obtuviese la máxima rentabilidad de los terrenos de su propiedad, cuya titularidad mantenía oculta frente a terceros bajo lo oportuna cobertura societaria". Eso ocurrió, por ejemplo, con las sociedades Invest Arcela, Inversora Inmobiliaria Eridano, Condeor o Masdevallía.

Aifos ha sido una de las empresas más implicadas en Malaya, pues han sido juzgados y condenados su presidente, Jesús Ruiz, su director general, Jenaro Briales, y su director comercial, Francisco García Lebrón. Ha quedado absuelto el director financiero, José Andrés León. En los archivos informáticos Maras Asesores se recogen varios pagos por un valor total de 4,7 millones de euros y Ruiz reconoció ante la Policía que se había entregado "alguna cantidad". La sentencia recoge que "la entrega de estas cantidades las efectúa Aifos al señor Roca con objeto de que se firmen y se cumplimenten distintos convenios que favorecen sus pretensiones económicas". Les han condenado por fraude por la suscripción del convenio Guadaiza, a través del cual el Ayuntamiento de Marbella cambió los parámetros urbanísticos de dos terrenos para aumentar la edificabilidad que autorizaba el PGOU de 1986 en miles de metros cuadrados.

El joyero y constructor cordobés Rafael Gómez, más conocido como Sandokán, afirmó ayer a su salida de la Ciudad de la Justicia que "no puedo decir que estoy satisfecho porque no he hecho nada y me han echado seis meses, pero es lo que hay". Sin embargo, el juez no considera lo mismo y ha sido condenado por cohecho activo. Según se recoge en la sentencia, Gómez compró un inmueble en Marbella para instalar las oficinas de su promotora Arenal 2000. Solicitó una licencia de obras en el Ayuntamiento para convertir los sótanos en oficinas y locales comerciales y darle acceso directo al paseo marítimo peatonal, para lo cual tenía que derrumbar un muro. Esa demolición estaba prohibida desde 1988. La solución adoptada fue firmar un convenio de colaboración entre Arenal 2000 y el Consistorio a través del cual se anulaba esa prohibición a cambio de que Sandokán abonara 601.012 euros. Cabe señalar que ese derribo incrementaba el valor del inmueble. La comunidad de vecinos le denunció en varias ocasiones, pero Gómez les calló construyéndoles un gimnasio. El convenio nunca fue ratificado por la Junta de Gobierno, como se exigía, pero el constructor cordobés hizo la obra igualmente. Gómez no pisará la cárcel si abona 153.650 euros.

El propietario del centro comercial La Cañada, Tomás Olivo, ha sido uno de los empresarios que ha quedado absuelto pese a que en los archivos de Maras Asesores aparecen dos anotaciones consignadas como T.OL y T Olivo por 1,8 millones y 600.000 euros respectivamente. El Ministerio fiscal le acusaba de haberse beneficiado en una complicada trama para adquirir un edificio o de conseguir que el Ayuntamiento le anulara la suspensión de unas obras que habían sido paralizadas por orden de la Junta de Andalucía en el paraje La Cañada de la Trinidad. La sala admite que "tiene serias y fundadas sospechas de que el procesado Tomás Olivo hubiese entregado dádivas a Juan Antonio Roca a cambio de resoluciones administrativas del Ayuntamiento favorables a sus intereses", pero señala que "no llega a la firme convicción sobre tal extremo".

Otro de los empresarios que ha quedado liberado ha sido el promotor Cristóbal Peñarroya, que ha construido varios bloques de viviendas en La Reserva de Marbella. En los archivos Maras aparece la anotación RVA de Marbella Villarroya y 35.500 euros. La Sala considera que "no se ha acreditado que se trate de un mero error de transcripción y asimismo que no se ha acreditado que dicha aportación la realizara el citado señor Peñarroya". Al no ser el mismo nombre, el juez se ha basado en una declaración de Roca en la que éste explicó que esos 35.500 euros no pertenecían a una promoción del señor Peñarroya sino que "ese importe es una comisión que cobra por vender una parcela al señor Villarroya en La Reserva de Marbella".