Sólo la subida de impuestos provoca un rechazo general de los andaluces

Las reformas de Mariano Rajoy preocupan en Andalucía, en especial entre el electorado progresista, pero no concitan un rechazo masivo de los votantes. Hay una opinión mayoritaria entre los sondeados del Barómetro Joly que sostiene que las medidas del Gobierno central acarrearán repercusiones negativas sobre las expectativas electorales del PP y de Javier Arenas, pero si hay algo que indican los detalles de este sondeo realizado por la empresa Commentia es que las principales reformas emprendidas o anunciadas por el Ejecutivo no generan un rechazo amplio entre el electorado andaluz: en todo caso, una división de opiniones, incluida la reforma laboral, que ha supuesto un claro abaratamiento del despido y un retroceso del poder de los sindicatos en la relaciones entre los empresarios y los trabajadores. Hasta una huelga general, anunciada después.

Sí hay, sin embargo, una medida que genera, de modo muy claro, un fuerte rechazo: la subida de impuestos, la del IRPF y la de IBI, que grava la propiedad inmobiliaria. Y por una razón clara: mientras el electorado popular -el que se ha declarado votante del PP en las autonómicas de 2004- respalda todas las reformas que Rajoy comenzó a aplicar al día siguiente de jurar su cargo ante el Rey, la subida de impuestos no ha gustado en estas filas. Sumadas a los votantes socialistas, se generaliza la oposición. Durante la campaña electoral de las generales del 20-N, Mariano Rajoy prometió que su reducción del déficit nunca se basaría en un incremento impositivo; lo negó en varias ocasiones, pero una de sus primeras decisiones -una vez conocida la desviación del déficit al 8,5%- fue aumentar todos los tramos del IRPF, además de aprobar un incremento generalizado del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que, al menos, afectará al 50% de las viviendas en la mayor parte de los municipios. La del IRPF se anunció como un impuesto de solidaridad y para sólo dos años, pero ni por los apellidos o su duración ha gustado.

Un 67,7% de los sondeados consideran negativa esta subida de impuestos, que es mayor entre los encuestados que se consideran votantes del PSOE (casi un 80%), pero que también es llamativa entre los antiguos electores del PP. De éstos, el 48,1% lo tacha de negativa frente a un 46,5%, a los que le parece positiva. Ésta es una de las pocas decisiones que, con claridad, ha provocado el malestar del electorado andaluz, bien porque la considera perjudicial por su cercanía al bolsillo o bien porque le parece impropia de un partido conservador que prometió lo contrario durante la campaña electoral.

Rajoy y su Gobierno comenzaron a adoptar reformas estructurales en su primer Consejo de Ministros y, prácticamente, no ha habido ninguna reunión de los viernes en Moncloa de donde no haya salido un medida de impacto. El 45% de los encuestados juzgan de modo negativo estas reformas frente a un 39,7% que las respalda, aunque hay casi un 6% que responde que no le parece ni bien ni mal. Sumado este sector templado al voto favorable, habría un 45,6% de respaldo frente a un 45% de rechazo, un empate técnico.

Por tanto, aunque la creencia general es que Rajoy perjudicará a Javier Arenas, las medidas, analizadas una a una, provocan división de opiniones o, de un modo más claro, reafirman el apoyo del electorado popular mientras acrecienta la oposición del progresista. Los votantes del PP de las autonómicas de 2004 creen, hasta en un 80%, que la reforma laboral ayudará a crear empleo a medio y largo plazo y que, además, mejorará la competitividad de las empresas. Es significativo, no obstante, que dos de cada 10 votantes socialistas compartan también esta opinión.

Hay una división similar sobre la reforma de la ley del aborto. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que reformará la actual legislación para impedir que las menores de edad puedan abortar sin el conocimiento de sus padres en casos extremos, aunque adelantó que sus cambios aproximarán la interrupción del embarazo a la normativa de los años ochenta, que se basaba, en vez de en plazos, en cuatro supuestos de excepción: integridad física y psíquica de la madre, violación y malformación del feto. Al 39% de los sondeados les parece mal que se abandone la actual ley de plazos, mientras que el 38,4% considera positiva esta regresión de la legislación. Un 4,6% contesta, en espontáneo, que no le parece ni mal ni bien.

La oposición es mayoritaria entre los votantes populares (un 66% frente a un 18%), pero un nada desdeñable 26% de los electores socialistas también respaldan esta medida que, no obstante, aún no se ha materializado. El Gobierno está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que el PP interpuso contra la ley cuando los populares se encontraban en la oposición. Un anuncio que sí parece contar con un apoyo más amplio del electorado andaluz es lo que el PP llama "prisión permanente revisable", que consiste en que determinados delitos conlleven una cadena perpetua que pueda ser suspendida por el juez cuando se considere necesario, bien por reinserción o arrepentimiento. Casi siete de cada 10 consultados apoyan esta novedad también anunciada por el ministro de Justicia, y es respaldada tanto por los electores socialistas como por los populares. Este tipo de pena ya existe en el Reino Unido y otros países europeos, y vendría a sustituir a los preceptos del actual Código Penal que establece la prisión máxima de 40 años para delitos de terrorismo y de 30 para otros más graves.

La división sí se aprecia en la congelación del sueldo de los empleados públicos. Un 46,3% a favor frente a un 46,8% en contra, aunque la posición negativa es mayoritaria entre los electores socialistas, pero en esta ocasión sin grandes diferencias con aquellos que votaron al PP en las elecciones autonómicas de marzo de 2004.

En los asuntos en los que el Gobierno encuentra el respaldo de los andaluces sondeados es en el recorte de sueldos a los directivos de las cajas de ahorros que han recibido ayudas estatales y en la subida de las pensiones en un 1%. En la primera de ellas, la que afecta a los directivos financieros, el apoyo es del 82%, y apenas hay distinción entre simpatías políticas entre el PP y el PSOE a la hora de juzgar esta medida. El incremento de las pensiones también es aplaudida, aunque un 41% de los que votaron a los socialistas no lo respaldan. La razón se puede encontrar en que Rajoy prometió una revalorización de las pensiones después de que Rodríguez Zapatero las congelase. La subida del 1% no es una revalorización estricta, porque no llega a la subida del IPC.