El Ejecutivo avisa de limitaciones financieras a las regiones "insumisas" con la ley de vivienda

El Gobierno central reducirá la financiación que reciben las comunidades autónomas si no aplican la legislación en materia de política de vivienda, según ha anunciado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, que se ha referido expresamente al caso de Madrid. La Junta de Andalucía, que ha sido una de las comunidades autónomas que recurrió la norma al Tribunal Constitucional, es muy crítica con la ley estatal y tampoco se ha acogido a su cumplimiento.

"Quien no aplique la Ley de la Vivienda, no va a tener financiación del Gobierno central", ha advertido este jueves la ministra de Vivienda y Agenda Urbana en una entrevista en TVE, refiriéndose a la norma estatal, y en la que ha recordado que entre el 70% y el 75% de las políticas de vivienda de las comunidades autónomas se financian con los fondos del Estado.

Rodríguez afirma que quiere "seguir apoyando económicamente" a las administraciones autonómicas, pero también ha mostrado su deseo de que destinen "más presupuesto para esta finalidad", ha dicho la ministra antes de añadir: "Condicionaré la financiación a que efectivamente" las comunidades autónomas "estén cumpliendo la ley".

Ha apuntado que no puede "tratar por igual" a "aquél que está haciendo esfuerzos, que está cumpliendo la ley, que está dando respuesta a sus conciudadanos" que a "aquél que, por atacar al Gobierno, se muestra insumiso en el cumplimiento de la ley".

Los madrileños sufren la insumisión de Ayuso

"La ley me faculta de manera extraordinaria a trabajar con las comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos", ha advertido la ministra. De ese modo, ha explicado la ministra, recibirán "menos fondos" las administraciones que no cumplan la ley, como es el caso de Madrid, según el ejemplo concreto aportado por Rodríguez y que ha recogido Efe en una nota.

Rodríguez ha ido a más y se ha dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien le ha señalado que "hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley" y que viven una situación que es "insostenible socialmente".

"Hay una herramienta que es la Ley de Vivienda que nos permite dar respuesta a esa situación y yo me comprometo a ayudar a la Comunidad de Madrid con más fondos, con más recursos para dar respuesta a esa situación", ha argumentado.

Según sus datos, la Comunidad de Madrid ha recibido del Gobierno 2.000 millones de euros desde 2018 para políticas de vivienda. "Quiero que esos fondos se ejecuten bien y que a partir de ahora se orienten con cumplimiento a la ley", ha advertido.

Ha adelantado la ministra que el Gobierno trabaja en un plan estatal de vivienda que será muy diferente a los aprobados hasta ahora, porque la situación "no es la misma que se venía gestionando años atrás".

El Tribunal Constitucional reconoce la competencia del Estado

Esos planes han sido siempre un "apoyo" del Gobierno a las comunidades autónomas que ejercían esa competencia sin el amparo de una ley de vivienda, pero ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que "el Estado es competente para garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a la vivienda".

Por ello, "ahí donde se está produciendo una tensión de precios de la vivienda que está definida en la ley y que por un empeño partidario no se está cumpliendo, tendrá también sus consecuencias".