Más peso a educación y sanidad en el criterio para la financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda remitió ayer a los consejeros autonómicos del ramo la propuesta para el cálculo de la población ajustada, que es el criterio principal que sirve para calcular el reparto de los fondos que el Estado distribuye entre las comunidades del régimen común para financiar los servicios públicos que gestionan los territorios. El departamento que dirige María Jesús Montero ha optado por una fórmula en la que la sanidad y la educación tienen más peso del que ya tenían, lo que podría acabar beneficiando a Andalucía, que siempre ha optado por el criterio de población ajustada para la reforma del modelo de financiación que lleva años atascada y que debe avanzar con este documento.

La sanidad será el criterio más importante, ya que tendrá un peso de entre el 40% y el 45%, frente al 38% de la ponderación actual. Le debe seguir la educación, que pasará del 20,5% actual al 25% o 30%. El documento remitido por Montero actualiza también los tramos de edad para calcular el gasto sanitario (de siete a veinte), mientras que en educación se amplia la población a tener en cuenta, ya que hoy sólo llega hasta los 16 años, dejando fuera del coste a la educación superior y la FP, algo a corregir.

La tercera pata del estado del bienestar, los servicios sociales, suponen hoy el 8,5% del cálculo, pero podría oscilar entre el 6% y el 10% en la nueva propuesta. Lo novedoso es que se incluirá también como beneficiarios de estas prestaciones a los parados sin prestación por desempleo, un criterio que beneficia a Andalucía por el alto nivel de desempleo de la comunidad.

El resto de servicios que se tienen en cuenta para calcular la población ajustada pasará del 30% al 18%-22%, mientras que las variables que corrigen el dato de población no asociadas al número de habitantes pueden crecer desde el 3% al 4%. Aquí están los criterios de superficie, dispersión de la población, la insularidad y la despoblación, criterios menos relevantes para Andalucía y que se mantienen casi estables.

Pese a esto, la reacción del Gobierno andaluz al conocer el documento ha sido crítica, ya que, en un comunicado, han criticado que el documento no incluya menciones al fondo de transición solicitado por Andalucía para paliar la infrafinanciación ni al fondo para hacer frente a los gastos derivados del Covid. La Junta también afeó a Montero el tiempo que hace desde la última reunión de los consejeros de Hacienda.