Fomento confía en la constitucionalidad del decreto de regularización de viviendas

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía considera que el decreto por el que se regularizan 327.583 viviendas sin cobertura legal y que ha sido impugnado por el Gobierno central no se excede de sus competencias ni colisiona contra la Ley estatal de Costas. Fomento espera una llamada inminente a una reunión de la comisión bilateral Gobierno-Junta, de cuya conversación debe aclararse el contencioso. En caso de que no haya acuerdo entre las dos administraciones, el Gobierno central denunciará el decreto al Tribunal Constitucional.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha afirmado en la sede parlamentaria que "confía" en la legalidad del decreto andaluz que regulariza las edificaciones, convalidado en la Cámara por todos los grupos parlamentarios salvo Adelante Andalucía, argumentando que el citado texto legislativo contó con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Junta. "En ningún caso invade la Ley de Costas ni las competencias del Estado", ha dicho taxativamente en la mañana de este martes Carazo durante su comparecencia en la Comisión de Fomento.

La consejera andaluza ha instado al Gobierno central a que convoque el foro bilateral lo antes posible, y no esperar hasta junio, que es cuando concluye el plazo para la convocatoria de la reunión por el contencioso de competencias, en pro de la tranquilidad de los propietarios afectados. "El Gobierno no puede hacer rehenes de una batalla política a los miles de andaluces afectados", ha dicho Carazo.

"Entiendo que exista una situación de intranquilidad", ha añadido la consejera, quien ha acusado al Gobierno de Sánchez "de poner zancandillas a Andalucía" y que el conflicto de competencias planteado no es sino un episodio más de una táctica de obstaculización contra la Junta. "No nos van a parar ni nos van a callar: vamos a seguir poniendo soluciones legislativas a los problemas de los andaluces", ha manifestado Carazo.

Desde el comienzo de la legislatura, el Gobierno del PP y Ciudadanos ha anticipado en varias ocasiones la regularización de las viviendas ilegales andaluzas. Después de siete meses de estudios, el gabinete de Juanma Moreno ha encontrado el resquicio legal para dar solución al estado de alegalidad que pesaba sobre estas edificaciones.