El director de Andalus dice que la compañía invirtió una ayuda de Invercaria en comprar un avión y en abrir oficinas en Almería

Sevilla/El director general del operador aéreo Andalus Fernando Guerrero Ross ha declarado este martes que la compañía invirtió los 700.000 euros de la ayuda concedida por Invercaria en julio de 2009 en la compra de un avión y en abrir oficinas y un centro de mantenimiento en el aeropuerto de Almería, pero no se destinó para intentar lograr un equilibrio patrimonial de la empresa, que por entonces presentaba unos fondos propios negativos de 1,7 millones.

En su declaración como imputado ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las irregularidades relacionadas con las inversiones de Invercaria, Fernando Guerrero ha explicado que ese préstamo participativo se destinó para las rutas Almería-Madrid-Almería y Almería-Barcelona-Almería, y además de las instalaciones se contrató personal, se les dio un curso y se hizo publicidad.

El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo declaró el lunes que esa ayuda iba destinada a ampliar las operaciones a una nueva ruta, Sevilla-Almería, que se consideraba estratégica para la Consejería de Innovación, pero el director general de Andalus ha dicho que no se pidió financiación para esa línea, que finalmente se concedió a Air-Nostrum porque Andalus “no tenía fondos y no podía aportar avales”, aunque ha precisado que los requisitos técnicos “sí se cumplían”.

Los vuelos de Andalus operaron únicamente entre enero de 2009 y julio de 2010 y, según el imputado, en julio de 2009 —cuando se concedió esa segunda ayuda de 700.000 euros, antes se había concedido otra de 450.000 euros— Andalus era una “sociedad viable porque ya estaba establecida y tenía licencias” y esto es lo más difícil. Así, ha dicho que entendía que era viable porque invirtió 300.000 euros de su patrimonio y la aerolínea era “estratégicamente muy importante para el transporte en el sector público de una comunidad autónoma como la andaluza”.

A su juicio, el fracaso del proyecto se debió a la “crisis económica, la subida del petróleo y el incumplimiento de un tour-operador marroquí que dejo mucho dinero sin pagar”.

Fernando Guerrero, que es piloto de profesión y ha trabajado como director de operaciones en aerolíneas como Air-Plus, Air Madrid y Canarias regional, ha justificado su sueldo anual de 200.000 euros porque se correspondía “con el mercado y era lo que antes cobraba como profesional”, aunque reconoció que al final accedió a la rebaja de su salario a la mitad porque fue una de las condiciones que se le puso para la firma de la entrada de Invercaria.

En su declaración, el imputado ha dicho que no recuerda que el primer plan de negocios comprendía para octubre de 2008 un capital social de 9,5 millones, por cuando el proyecto inicial era transatlántico y al final se quedo en regional, y el capital social iba en función de las rutas aéreas.

Fernando Guerrero, que ha reconocido que se ocupaba de la parte técnica pero no de la financiera, ha negado que se realizara una “contratación excesiva de personal” porque, según dijo, se hizo de acuerdo con la “norma reglamentaria”, y también ha calificado de incierto que se contratara a personal sin conocimiento de idiomas porque la norma exige determinados requisitos. También negó que para el mantenimiento técnico de los motores de las aeronaves se hubiese realizado una contratación no adecuada de personal, que tuviera que desplazarse y eso generara gastos.

También reconoció que la junta general de accionistas del operador aéreo buscó fondos por importe de cuatro millones para continuar las operaciones y que hubo incluso unos inversores leridanos que quisieron entrar para potenciar el aeropuerto de Lérida, pero esa búsqueda nuevos socios no se concretó. En la actualidad, el imputado asegura que tiene embargados sus bienes porque el primer préstamo participativo de 410.000 euros —del que respondían los socios de Andalus— fue ejecutado judicialmente.

Los miembros del consejo de Administración de Andalus iniciales eran el propio Fernando Guerrero, su hermano Pedro José, el empresario Antonio Valdés Cosentino y el ex consejero de Cultura José María Martín Delgado. Este último está imputado en la causa y declarará el próximo 12 de marzo.