Dos diputados de IU rompen el voto y dan un no al plan de ajuste

Dos diputados de IU rompieron ayer la disciplina de voto en el Pleno del Parlamento y rechazaron convalidar el plan de ajuste andaluz, en el que, precisamente, sus siglas han logrado incorporar importantes mejoras como socio de Gobierno. Su actitud no sentó nada bien en su propia bancada. A nivel político y de imagen coloca a IU en una situación complicada al restar enteros a la estabilidad de un pacto de gobierno que se ha firmado por cuatro años con el PSOE. De ahí que el gesto de rebeldía de estos dos parlamentarios, el líder de la CUT, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y la aforada por Sevilla, Marina Segura, no se pasará por alto. Los órganos correspondientes decidirán si todo acaba en sanción o en llamada al orden.

El problema es que esta situación no es la primera vez que se produce. En los dos meses escasos de actividad parlamentaria, ya ha habido dos veces en los que IU no ha sido unánime en su voto. A la de esta ocasión, se suma la negativa de Sánchez Gordillo a la investidura de José Antonio Griñán como presidente de la Junta -lo hizo con un voto nulo-. Que el líder jornalero incurra en la desobediencia no es algo que sorprenda, ni ahora ni antes, y menos aún cuando él mismo ha estado sujetando recientemente la pancarta en la cabecera de las manifestaciones de funcionarios en contra de los recortes del plan que afectan a este colectivo --equivale a 777 de los 2.500 millones que hay que detraer de los Presupuestos andaluces-. El caso de Segura ha sido distinto. Prefirió seguir las directrices que le han marcado desde el PCA de Sevilla, del que es militante, a someterse a la posición que había fijado la Ejecutiva regional de IU.

Acogiéndose precisamente a esa recomendación, fuentes de la dirección defendían que el 90% de los escaños de la coalición habían respetado el sentido del voto que esta aconsejaba, intentando quitar hierro a la insumisión de estos dos parlamentarios. De hecho, hasta mostraban cierta satisfacción por el resultado, aunque no por ello la dirección del partido o bien el grupo parlamentario tomarán cartas en el asunto -éste fue el asumió la amonestación a Sánchez Gordillo tras el debate de investidura-.

Aparte de la lectura política, a nivel práctico este tipo de actitudes en IU podría provocar resultados contrarios a los previstos en las votaciones. De hecho, en el momento de presionar el botón del sí, del no o de la abstención, ayer tan sólo estaban en su escaño 104 diputados: 48 de ellos del PP, y de entre los doce de IU, dos dieron un no, y una diputada del PSOE no apretó la tecla correctamente -llegó a interrumpir al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, cuando leía los resultados, preguntando con inocencia: "¿Se puede repetir?"-. Si en ese momento se hubieran ausentado tres diputados del PSOE o alguien más de IU se hubiera descolgado, el plan de ajuste habría quedado en suspenso porque, aunque a continuación se votara su tramitación como proyecto de ley, el paso previo era su convalidación.

Estos dos votos contrarios, además, chirriaron con el contundente discurso de defensa del plan de ajuste realizado por su compañero Ignacio García. Supo colocar los ajustes en el área de responsabilidad del Ejecutivo central y atacar al PP por querer poner de su lado a los funcionarios hablándoles de "recortazo" de sus sueldos en Andalucía, pero ocultando los "privatazos" y "despidazos" que están dando en las comunidades donde gobierna entre los empleados públicos -coincidiendo con este debate, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha anunciaba el despido de 777 interinos-. García también puso en valor las aportaciones de IU al plan, como su paralización para negociar con los sindicatos, que no se toque nada a quienes tengan una nómina de mil euros netos, progresividad en la rebaja salarial, que a los interinos se les baje sólo un 10 y no el 15% inicial, o la reversibilidad de esta medidas en 2014.

La teoría del castigo fue la que eligieron compartir la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el portavoz del PSOE, José Caballos, que criticaron el alto nivel de exigencia a la comunidad al pedir un ajuste "injusto, insolidario y desproporcionado" que no se corresponde ni con su peso poblacional, ni con el del PIB y no se tiene en cuenta que es la de menor nivel de endeudamiento. A todo esto añadieron que el Gobierno no transfiere a Andalucía el dinero que le corresponde en función de su Estatuto. Mientras tanto, la Junta sí intenta resolver el problema sin despidos ni privatizaciones .

El portavoz del PP, Carlos Rojas, utilizó como argumento el que antes de perjudicar y crear un "malestar innecesario" a los funcionarios, se puede tirar de austeridad y redimensionar una Administración inflada, así como reforzar los controles y evitar que se desvíen fondos a escándalos como el de los ERE.