Dimite el director de la Oficina contra el Fraude de Andalucía

Ricardo Puyol ha dimitido como director de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción de Andalucía, un puesto de elección del Parlamento que se creó en el año 2021 a la vez que el propio departamento. Puyol es magistrado de carrera desde 2001, y fue juez instructor en algunos de los casos más sonados contra la corrupción en la Costa del Sol, como la Malaya y el Goldfinger. Las razones son de índole personal, aunque varias fuentes han indicado que la dimisión se produce a la vez que PSOE y PP han anunciado una ley que endurece el regreso de los jueces a la carrera, una vez que han participado en política.

El pacto por el Consejo General del Poder Judicial, firmado en Bruselas, impide a los jueces que participan en política volver a la carrera hasta que no transcurra un tramo de dos años. También retrasa hasta cinco años la incorporación a instituciones de representación judicial. La ley de la Oficina contempla que sea la actual directora adjunta, Marta Blázquez, la que se ocupe de las funciones.

Puyol fue elegido director de esta oficina a propuesta de Ciudadanos en la legislatura anterior, aunque obtuvo un respaldo bastante amplio del Parlamento andaluz. En esa sesión votaron a favor PP, Cs, Vox y Unidas Podemos, mientras que el PSOE se abstuvo. La función de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción es prevenir, investigar y sancionar las irregularidades, así como dar garantías a los posibles denunciantes. Tiene capacidad de imponer multas que van desde los 300 a los 100.000 euros.

A diferencia de lo que ocurre con la oficina que vigila los conflictos de intereses en el Gobierno central, la andaluza estaba fuera del organigrama del Ejecutivo, de modo que depende del Parlamento, que es donde se nombra a su responsable.

En una entervista publicada en este medio, Puyol explicó que estaban estudiando unas 35 denuncias. "La ley -indicó en ese momento- nos confiere labores de investigación en lo que es la detección la fraude, pero no en la corrección disciplinaria que se pueda realizar. La función de la Oficina es establecer el canal externo en el ámbito de la Junta de Andalucía de todas las corporaciones locales de Andalucía, incluso la administración universitaria. Una vez recibimos la información hacemos un juicio de verosimilitud, detectamos el fraude y lo ponemos en conocimiento de las unidades de cada administración que tienen competencias en la corrección disciplinaria de ese posible fraude. Eso sí, nos tendrán que reportar información de cuánto y en qué medida se ha corregido el fraude".