"Ha sido un día triste para el Estado de Derecho"

Sevilla/"Hoy es un día triste para el Estado de Derecho". Así de contundente se mostró ayer el abogado defensor del ex consejero de Empleo Antonio Fernández poco después de conocer el auto por el que la juez Mercedes Alaya dictaba prisión preventiva contra su representado. Para el abogado defensor, que presentará un recurso contra esta medida en breve, la opción de la prisión en este momento procesal -que es el de la instrucción- es "innecesaria", no es "imprescindile" y puede estar sacrificando derechos fundamentales, como son, en este caso, "el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia". El abogado, que acompañó a Fernández en sus declaraciones desde el viernes pasado hasta que fue enviado a la prisión de Morón, conversó, brevemente, con este medio después de pasar toda la noche del martes con su defendido.

"Una medida como la prisión sólo se debe adoptar en esta fase del procedimiento, que es el de la instrucción, si es absolutamente imprescindible para avanzar en nuevas fases de esta investigación", a la vez que, indicó, que siempre que no bastasen otras opciones como la retirada del pasaporte o la presentación periódica en los juzgados. El defensor negó, en contra del auto de la juez, que existiese riesgo de fuga u opción de destruir pruebas u otra forma de obstrucción a la Justicia. Y para ello, empleo dos argumentos. El primero, que Antonio Fernández fue imputado por la jueza hace 14 meses, y que durante este tiempo no se ha fugado y ha conocido que otros imputados fueron enviados a prisión. Y sobre la colaboración con la Justicia, mantuvo que Fernández declaró durante cuatro días, desde el viernes hasta el lunes, "cerca de 40 horas". "Es una presunción -mantuvo sobre el riesgo de fuga o la obstrucción a la Justicia- que no tiene soporte objetivo".

El recurso sobre la prisión se basará en estos supuestos, que también fueron empleados por otros dirigentes políticos y sindicales.Pero Martínez del Hoyo va más allá, y no sólo se mostró "sorprendido" por la prisión, sino que puso en duda de que haya indicios contra el ex consejero. "En esta fase del procedimiento no se buscan pruebas u hechos probados, sino indicios que, según la jusrisprudencia, deben ser racionales, y lo que sostengo es que son meras conjeturas o sospechas". El abogado defensor respaldo la tesis de Antonio Fernández de que el sistema concebido para dar ayudas sociolaborales -ya sean mediante rentas a los prejubilados o a las empresas- no obedeció a una "conspiración urdida para eludir los controles y favorecer a determinadas personas", sino que se trató de un "procedimiento específico" aprobada por "altas instancias" y la propia Junta, y conocido porque estuvo en vigencia durante diez años.