El juzgado devuelve 618,17 euros a Antonio Lozano tras levantar el embargo

El juzgado de Mercedes Alaya ha ordenado la devolución de 618,17 euros que fueron embargados al ex viceconsejero de la Presidencia y ex director general de Presupuestos de la Junta Antonio Lozano, para hacer frente a la fianza civil de 46,6 millones de euros que le fue impuesta por la instructora tras su imputación en la causa de los ERE fraudulentos.

La decisión del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se produce tan sólo un día después de que se conociera la decisión de la Audiencia de Sevilla de revocar el auto de la juez Alaya por el que fue imputado Antonio Lozano, junto a la ex consejera Magdalena Álvarez y otros altos cargos de la Junta. La Audiencia anuló esa imputación y, "por razones de simple y pura coherencia procesal", también acordó revocar el auto de la instructora en el que se le impuso la fianza de 46,6 millones. Ahora, la secretaria de refuerzo del juzgado de Alaya ha dictado un decreto en el que, tras la resolución de la Audiencia, acuerda dejar sin efecto y alzar los embargos trabados en marzo pasado, "tanto sobre los bienes inmuebles que fueron designados por el propio imputado, como el embargo telemático de las devoluciones pendientes" de recibir de la Agencia Tributaria, y de los saldos bancarios que ostentaba en las entidades bancarias adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El decreto del juzgado señala que como consecuencia de esos embargos se habían ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones la cantidad de 618,17 euros, que ahora tienen que ser devueltos a Antonio Vicente Lozano.

El juzgado ha dejado sin efecto además el embargo de una finca urbana en Málaga propiedad del ex alto cargo, así como el 33% del pleno dominio de otra finca ubicada en Andújar (Jaén).

De otro lado, la ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa ha recurrido la fianza civil de dos millones que se le impuso tras su imputación en esta causa, al considerar que se trata de una "simple trabajadora" que no formó parte de ese "entramado y organización que posibilitó la existencia de los ERE fraudulentos". En su recurso, la defensa de María José Rofa alega que ésta "se limitó a cumplir las órdenes de sus superiores", los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, también imputados en el caso de los ERE.

Alaya se había negado inicialmente a imponer una fianza a Rofa habida cuenta de la colaboración que había mostrado para esclarecer los hechos, pero la Fiscalía Anticorrupción recurrió y la Audiencia ordenó que le impusiera una fianza, algo que la juez llevó a cabo "por imperativo legal".

Por su parte, el ex secretario general de Hacienda de la Junta entre los años 2000 y 2004 Antonio Estepa ha recurrido ante la Audiencia por "desorbitada" y "extraordinariamente gravosa" la fianza de responsabilidad civil de 8.870.438,76 euros que le fue impuesta en su día.