"Los derechos están oscurecidos por la amenaza del presupuesto"

Para que la figura del Defensor del Pueblo Andaluz sea útil, defiende Jesús Maeztu, quien esté en el despacho principal del palacete del centro de Sevilla que lo alberga debe tener autoridad moral y confiar en que su trabajo sirve para solucionar los problemas de los más vulnerables. A eso se ha dedicado desde que el Parlamento lo nombró por unanimidad en 2013.

-¿Hay algo de lo que esté especialmente orgulloso?

-De poner en marcha la mediación. De conseguir algo mediante una herramienta distinta a la clásica queja por escrito, que tarda varios meses en resolverse. La mediación del Defensor del Pueblo busca garantizar derechos a través de dos partes que van a hablar entre sí. Y así el Defensor ya no es tan importante, ni decisivo. Se buscan otras soluciones y por primera vez los colectivos sociales dialogan con el poder. Ellos participan y yo lo que hago es encauzar un poco el entendimiento entre las partes.

-¿Y cuál ha sido su desafío?

-Cuando no me contestan me planteo qué valor tiene el Defensor. Si la gente viene a mí y yo no desbloqueo una respuesta, ¿qué valor tiene esta figura?

-¿Le ocurre mucho?

-Quedan dos o tres actitudes entorpecedoras muy marginales. Algunas entidades tienen 200 o 300 quejas y algunas han creado un departamento para respondernos, les guste más o menos. La administración que no responde puede caer en un delito de desobediencia. Puede haber discrepancias técnicas, pero creo que hay un buen ejercicio de argumentación de los derechos de los ciudadanos.

-¿Qué tipo de asuntos se enquistan más?

-Está la clásica muletilla que vincula una medida a que haya disponibilidad presupuestaria. Las respuestas podrían ser positivas, pero la financiación es un tope. Yo le doy la vuelta. Los derechos vinculados al Estado del bienestar deben tener prioridad sobre los criterios económicos.

-¿Ese es el principal problema del retraso en el pago de ayudas?

-No siempre. En las ayudas de la Junta al alquiler, por ejemplo, hay un problema de gestión, porque tienen fondos estatales y si la familia tiene una deuda con la Seguridad Social, lo asume la Junta. En temas como el salario social o la dependencia hay un retraso debido a una mala coordinación. Muchas veces decimos que hay derechos subjetivos que están oscurecidos porque está ahí el hacha de la disponibilidad presupuestaria.

-¿Es un problema de voluntad política?

-Muchas veces es un problema de expectativas. Por ejemplo, con la renta mínima de inserción se van a arreglar aspectos del salario social, que estaba obsoleto ¿Pero llega a todas las personas que viven bajo el umbral de la pobreza? La discusión en política social es que nos tropezamos con que no hay financiación, pero también que no hay una coordinación y un seguimiento de la burocracia. Andalucía, además, es muy grande y habría que poner mucho más dinero. Y hay una falta de entendimiento entre el Gobierno y la Junta para ver qué le corresponde a cada uno. Ahí hay un bucle donde siempre estamos nosotros batallando.

-¿Cuál es el perfil del andaluz vulnerable?

-El de la persona que pierde su empleo. La falta de empleo provoca el hundimiento de la clase media. Cambian de costumbres y pierden el acceso a los mecanismos de desarrollo. Es un cambio brutal y muy rápido. Y los que eran vulnerables antes de la crisis da la sensación de que están en una mayor desigualdad. Mucha gente ha perdido su casa porque no podía pagar su hipoteca o su alquiler.

-Parece que, por una razón o por otra, la vivienda siempre es un problema en España.

-Dar una alternativa habitacional es difícil con el parque de viviendas actual. Vamos a hacer un diagnóstico en los 81 municipios con más de 20.000 habitantes de la región para ver qué demanda y qué oferta hay, qué gestión se hace y qué se podría hacer. El parque público de vivienda está colapsado, las ayudas a la compra han desaparecido y las de alquiler tienen problemas. Y los registros de demandantes son muy amplios. Al mismo tiempo, no se construyen casas y el sector privado y los bancos tienen muchas vacías.

-¿Estaría ahí la solución?

-Habría que sancionar la posesión de viviendas vacías, que corren el riesgo de ocupación sin título. Hay que meterle el diente a una reordenación de políticas públicas y no económicas de vivienda.

-¿Ha hablado con las administraciones?

-Hemos hablado con la Sareb y su ofrecimiento no satisfaría la demanda por completo, pero si ayudaría. El asunto se está reconduciendo por un lado peligroso. Se usan las viviendas para alquilarlas y obtener rentas. La deriva turística provocará alquileres más caros y la desfiguración del concepto de barrio, lo que es pernicioso. No se puede soportar que haya miles de viviendas vacías y una banca que es una especie de inmobiliaria.

-En su papel como Defensor del Menor, ¿cuál es su mayor preocupación?

-Hay dos ejes. El primero atañe a los menores inmigrantes. El sistema de protección no puede asumir tantos niños. Hay que hacer una política en los países de origen que sea eficaz y sin despilfarro. El fenómeno de la inmigración es bueno para España, pero la afluencia masiva y el descontrol va a complicar la situación. Además, España no es un lugar de estancia, sino de paso, por lo que Europa debe concienciarse. La inmigración incontrolada tiene muchos efectos adversos, pero no podemos cerrar fronteras.

-El debate sobre los CIE sigue abierto, sobre todo tras la polémica de la cárcel de Archidona.

-Los inmigrantes no están siendo acogidos de forma humanitaria. La visión es que al no controlar la afluencia masiva lo que intentan es eliminarla pronto y devolverla. Los CIE están obsoletos. Los inmuebles no estaban pensados para acoger a estas personas y los equipos no están pensados para tratar a inmigrantes irregulares, sino a delincuentes. Podrían darse otros sistemas cautelares y no esas condiciones de almacenamiento y contención para su expulsión rápida y con violación de derechos

-¿Pero qué hay de los menores?

-Hay un hacinamiento que hace que la vigilancia deje mucho que desear. En un momento determinado, los menores se van. El menor muchas veces no quiere hablar. Así es muy difícil que se atienda a un niño en condiciones. Podrían ser pisos tutelados con previsión de incorporación al mercado laboral. Debería haber un replanteamiento y estamos improvisando soluciones porque no da tiempo a rediseñar el sistema.

-¿Cuál es el otro eje de su preocupación por los menores?

-La pobreza. Las víctimas de las situaciones de pobreza son los niños. Están acostumbrados a que en su familia haya empleo y no aguantan un cambio radical. Cuando un niño vive un desahucio no lo entiende. Un niño educado en la pobreza será un adulto pobre. Son víctimas de todo. De la violencia de género y de los desencuentros familiares. La desigualdad es un maltrato para los niños.

-¿Puede abundar en el asunto de la violencia de genero?

-El niño es víctima, aunque en el sistema judicial se le trata como testigo de cargo. Hay carencias en la protección. La suerte de la madre es la del niño. No puede ser que la madre sea víctima y el niño esté con el agresor.

-¿Qué opina del repunte de la violencia machista?

-Va a seguir habiendo hombres que van a seguir matando. Hay que revisar las medidas que no están funcionado. Cuando una mujer se decide a denunciar no debe volver a la casa. Hay que facilitarle un recurso y convencerla de que no debe volver. Hay mujeres que no tienen medios y se plantean aguantar la violencia. Hay que hacer discriminación positiva para ellas y darles recursos a las mujeres que tienen miedo. Las órdenes de alejamiento no funcionan. Hay que buscar otros sistemas cautelares, como pulseras que detecten a los agresores o hacerlos ir al juzgado. Casi todas los asesinatos que hemos visto últimamente han sido cerca del domicilio.

-En 2018 acaba su mandato. ¿Qué balance hace? ¿Se ve con fuerzas para seguir?

-Ha sido rápido. Cuando me eligieron yo asumí que lo hacía para un mandato. Mi obsesión es que los próximos seis meses me cundan al máximo y será después del verano cuando decida si se ha acabado mi trabajo de toda una vida en lo público. No lo tengo decidido, pero una parte depende de mí y otra no. Luego hay un periodo en funciones que será donde se decida si conviene que haya renovación o si los partidos creen que toca relevo. Entonces tomaré una revisión en lo que respecta a mí.