El Defensor andaluz pide una evaluación científica por los vertidos de la mina de Aznalcóllar

El Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, apuesta por la creación de "una comisión de expertos técnicos y científicos" que evalúe los posibles "riesgos" de los vertidos al Guadalquivir previstos en el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). La explotación minera corresponde a la empresa Minera Los Frailes, que es una sociedad instrumental producto de una alianza empresarial entre Grupo México y Minorbis. Maeztu insta al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana y al Ministerio de Transición Ecológica a que se pronuncien sobre los vertidos de la mina.

En una resolución del pasado 18 de diciembre y recogida por Europa Press, el departamento de Maeztu argumenta la necesidad de una evaluación científica debido a las "posiciones contradictorias entre quienes apoyan la reapertura" de la mina "por sus presumibles beneficios laborales, sociales y económicos y quienes, principalmente desde posiciones ecologistas y de defensa ciudadana, consideran que tal decisión podría conllevar riesgos inaceptables para el medio ambiente y, en particular, para los ecosistemas afectados por los vertidos previstos al río Guadalquivir".

Los grupos ecologistas, como indica la resolución, consideran que los vertidos previstos al río, "por muy depurados que estén, van a contribuir a incrementar la acumulación de residuos tóxicos que ya están sedimentados en el río Guadalquivir, afectando con ello de manera perjudicial a la pesca y agricultura de la zona".

La reapertura de la mina, según la empresa promotora, prevé una inversión de 316 millones de euros y la creación de unos 2.000 empleos directos e indirectos. El plan de la compañía contempla la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (cobre, zinc y plomo) durante al menos 17 años después de los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.

Según alertan los colectivos ambientalistas, el proyecto de reapertura de esta mina, que cuenta ya con autorización ambiental unificada pero no con la declaración de impacto ambiental, supone "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja" de Sevilla. Estos vertidos tendrían como inmediato destino el estuario del Guadalquivir, con los consecuentes efectos en un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.

La catástrofe de 1998 como peligroso precedente

Los ecologistas avisan de que se trata de metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, concluyendo que "no se ha aprendido nada" de la devastadora catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas (Apirsa).

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, defendió recientemente sobre la cuestión que el proyecto está sujeto a "los requisitos más extremos que permite la legislación en el tratamiento de residuos, agua y pasivos mineros", emitiendo así un "mensaje de tranquilidad". La iniciativa, según sus palabras, incorpora "la mejor tecnología para la depuración de aguas", destacando que en las previsiones figura una inversión de "cien millones de euros" por parte de la empresa para actuaciones de tratamiento de aguas y "sostenibilidad" ambiental.

El Defensor del Pueblo Andaluz aborda el asunto señalando "informes aportados por los grupos ecologistas" y firmados por el catedrático de la Universidad de Sevilla Jesús Manuel Castillo Segura, que advierten de que ya existen residuos acumulados en el Guadalquivir procedentes de los vertidos autorizados a la Mina Cobre-Las Cruces". De esta situación resulta un riesgo de "contaminación por acumulación que supondría un impacto ambiental, aunque de escasa entidad, pero regular y constante, que incidiría gravemente en el estuario del Guadalquivir, en la ZEC Bajo Guadalquivir sobre sus hábitats de interés comunitario y las especies de fauna protegida de este entorno".

La Junta defiende las "necesidades medias"

El Defensor del Pueblo andaluz da cuenta de la información trasladada por la Administración andaluza. La Junta expone que, respecto al incremento del vertido previsto a 4.000 millones de litros anuales, "las necesidades de vertido relativas al volumen máximo anual de 4 hm3/año aparecen recogidas en el estudio de impacto ambiental que fue expuesto a información pública" y esgrime una adenda en la que "se fijan las necesidades medias anuales en 2,6 hm3, pero se deja referido que puede haber unas necesidades máximas de 500 m3/h como caudal máximo equivalente".

Después de analizar el asunto, el Defensor del Pueblo insta a la Junta a "tener presente el contenido de los dos informes del catedrático de la Universidad de Sevilla Jesús Manuel Castillo". La institución reconoce en cualquier caso sus "carencias técnicas para realizar una evaluación adecuada y ponderar la relevancia de los riesgos ambientales" del asunto; considerando que "debe ser la Administración quien sopese si los riesgos ambientales han sido suficientemente evaluados y valorados en el proceso de autorización ambiental, considerando los mismos como asumibles, o si, por el contrario, debe procederse a una nueva evaluación y valoración ambiental de dichos riesgos, ya sea por sus medios técnicos o mediante el auxilio de organismos o expertos externos".

El pronunciamiento ministerial y del Consejo de Participación

De todos modos, el Defensor del Pueblo señala que "debería valorarse la posibilidad de la creación de una comisión de expertos técnicos y científicos, tal y como acertadamente se hizo con ocasión de la propuesta de dragado de profundización del Guadalquivir, a fin de determinar si existe suficiente certeza sobre los riesgos derivados del vertido o resulta necesaria la aplicación de los principios de precaución y cautela".

También propone que "en el curso de los trámites aún pendientes para la puesta en funcionamiento de la mina, se solicite al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana el informe previsto en la legislación reguladora de este Espacio Natural, a los efectos de conocer el posicionamiento de dicho organismo sobre las posibles afecciones al Parque de Doñana de los vertidos previstos, aun cuando dicho informe no tenga carácter vinculante"; así como "un pronunciamiento por parte de los organismos dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre la posible incidencia de los vertidos".