La defensa de Pantoja compara su caso con el de la infanta Cristina

Si la infanta Cristina no ha sido imputada en el caso Nóos, ¿por qué está sentada en el banquillo Isabel Pantoja? La defensa expuso ayer al tribunal que si no existió ningún argumento para involucrar a la hija del rey Juan Carlos en la causa contra su marido, Iñaki Urdangarín, tampoco existen contra la tonadillera, acusada de blanquear 1,8 millones de euros que supuestamente le proporcionó el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz durante su noviazgo.

El abogado José Ángel Galán recordó que la Audiencia de Palma de Mallorca, siguiendo el criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, rechazó la imputación de la infanta con argumentos que cree aplicables al caso Pantoja: el riesgo de iniciar una investigación prospectiva expresamente prohibida, porque no consiste en aclarar delitos, sino en buscar en la vida de alguien hasta encontrar algún hecho sospechoso. La Audiencia balear estimó que ser vocal en el consejo del consejo de una empresa no era una prueba suficiente para imputar a doña Cristina de Borbón y el letrado de Pantoja planteó que tampoco existen pruebas sólidas contra su defendida, aún cuando ella fuese la titular de las sociedades sospechosas de blanqueo de capitales.

La tesis del letrado es que se comenzó a investigar a Pantoja sin que existiera ningún indicio incriminatorio. Es más, defendió ante el tribunal que una vez que se acordó el registro de su casa siguió sin hallarse ninguna prueba, lo que no fue óbice para que continuaran las pesquisas. El abogado no aludió sólo al contenido de la instrucción que llevó a cabo el entonces juez de Marbella Miguel Ángel Torres, sino también a las formas. Ayer, durante un nuevo trámite de cuestiones previas en este juicio, afirmó que en toda la causa no existe "ninguna resolución, ni por providencia ni por auto, que autorice investigación alguna", por lo que mantiene que "esta investigación sobrepasó la legalidad".

La vista oral contra Pantoja, el ex alcalde Julián Muñoz, su ex mujer, Maite Zaldívar, y otras siete personas se reanudó ayer tras suspenderse en junio entre otros motivos para que las defensas tuvieran ocasión que examinar documentación que, formalmente, no consta que hubiera estado a su disposición con anterioridad. Esta circunstancia ha motivado que el tribunal haya abierto un segundo trámite de cuestiones previas, en el que se exponen y rebaten las vulneraciones de derechos que hubieran podido tener lugar durante la investigación.

El abogado de Julián Muñoz aprovechó este trámite para exigir que se expulsen de la causa todos los documentos de los que no había constancia formal que hubieran estado hasta ahora al alcance de las partes. El letrado Miguel Criado subrayó que darles cabida sería una "vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías", porque no se sabe "quién" ha acordado que todos esos archivos se incorporen a la causa ni "cuándo" se decidió.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso de plano a que se excluya documentación del caso. La fiscal María del Mar López-Herrero cuestionó los argumentos de esta defensa porque "no concreta qué garantías se han infringido" y recordó que todas las pruebas proceden de registros válidos. El tribunal pretende que hoy declare Julián Muñoz, acusado de blanquear 3,6 millones de euros, aunque su defensa se ha opuesto porque aún falta que el Ayuntamiento certifique los emolumentos que el ex alcalde cobró entre 1991 y 2003, prueba "esencial" a su entender porque justificaría que poseía ingresos suficientes y que no necesitaba acudir a fondos ilegales.