El decreto de la vivienda, abierto en canal

División de opiniones. Partidarios y detractores. Aplausos y abucheos. El escenario fue el Parlamento. El respetable estuvo compuesto por un público heterogéneo vivamente interesado en el motivo de discusión: el decreto ley sobre la función social de la vivienda o, dicho de otro modo, el decreto contra los desahucios dictado por el Gobierno andaluz, la joya del equipo de José Antonio Griñán.

La norma fue diseccionada ayer en la comisión parlamentaria de Vivienda. Por la Cámara pasaron los ayuntamientos -representados por la presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella (Málaga)-, empresarios, promotores sindicatos, colegios profesionales -abogados, notarios, regiostradores...-, organizaciones de consumidores y colectivos sociales con especial sensibilidad hacia el problema de la vivienda.

Todos sus representantes contaron con unos cronometrados diez minutos para ofrecer su diagnóstico, que navegó del pesimismo a la esperanza según el compareciente. Actitudes y opiniones críticas las hubo, por ejemplo, en Muñoz. La alcaldesa de Marbella lamentó que el Ejecutivo de Griñán se haya olvidado de los ayuntamientos al elaborar un texto legal que puede incurrir, a su juicio, en el mismo error que otros "planes de vivienda que sólo buscan titulares de prensa pero que no tienen respaldo económico ni se plasman en realidades".

Muñoz no se desembarazó de su cargo de alcaldesa (y dirigente destacada) del PP andaluz y elogió el plan estatal diseñado por el Gobierno central, que "impulsa el mercado del alquiler y la rehabilitación de viviendas, destinando 1.500 millones de euros para facilitar el acceso y 627 para rehabilitación, regeneración y eficiencia energética". Muñoz sugirió que, según ese plan, "a Andalucía podrían venir más de 400 millones de euros que hay que canalizar". Para eso habría que crear una comisión mixta ayuntamientos-Junta que se encargara de ese cometido.

Una lectura muy crítica del decreto hizo el portavoz de la patronal de la construcción Fadeco y representante de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Juan Aguilera, quien auguró que la norma "llevará a la ruina a las empresas inmobiliarias, al causar un daño irreparable e irrecuperable". Aguilera rogó que estas compañías "no sean equiparadas y comparadas con bancos y entidades financieras".

Para Aguilera, "todos los partidos políticos que nos están gobernando están desarrollando políticas que son muy perjudiciales para el sector", con normas que "incluso con carácter retroactivo, están afectando de forma importante a la compraventa de viviendas y provocando que los compradores tengan cada vez más dificultades para adquirir una vivienda".

UGT reprochó al Gobierno andaluz que no haya contado con los agentes sociales para la elaboración de la norma, mientras que CCOO reclamó que el decreto esté bien dotado económicamente con un blindaje presupuestario.

Las organizaciones de consumidores Facua y UCE ovacionaron el decreto, pero no dejaron pasar la ocasión de alzar su voz en el Parlamento para expresar su temor: que su cumplimiento no se lleve a efecto si depende de asignaciones presupuestarias. Por su parte, el vicepresidente de Cepes, Francisco Moreno, tildó el decreto de "muy valiente", mientras que el decano del Colegio Notarial de Andalucía defendió la posibilidad de acceder al registro de viviendas deshabitadas de la Junta para informar a compradores.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) consideró, a través de su coordinador del área de Marginación, Pablo María Fernández, que el decreto es "un paso adelante para garantizar el derecho a la vivienda, pero insuficiente". Fernández destacó lo que para su organización es una de las carencias de la norma: no repercute en quienes viven en asentamientos chabolistas.