Sindicatos y AMPA saldrán a la calle contra el nuevo decreto de escolarización

Un decreto de escolarización que será respondido en la calle. A sindicatos y asociaciones de padres de alumnos (AMPA) les ha faltado tiempo este lunes para advertir al Gobierno andaluz de que convocarán movilizaciones contra el nuevo decreto de escolarización, con el que muestran una disconformidad absoluta. Los representantes de los docentes alertan de que la normativa supone una auténtica amenaza para la escuela pública, mientras que las AMPA aseguran que la Consejería de Educación y Deporte ha establecido los nuevos criterios "sin consenso".

Unas críticas más que previsibles. El objetivo -anunciado hace un año- del departamento que dirige Javier Imbroda de favorecer la "demanda social" ha provocado la fractura total en la comunidad educativa. Imbroda expresó en 2019 la intención de que en todos los municipios andaluces donde haya un centro concertado las familias cuenten con idénticas oportunidades para matricular a sus hijos en él. La libertad de elección de centro se pone por delante de la cercanía, un criterio distinto al establecido por los Ejecutivos socialistas.

Se trata del principal cambio que aporta el nuevo decreto de escolarización aprobado este lunes y que entrará en vigor a partir del 1 de marzo, cuando comience dicho proceso. Es la alteración más conflictiva y la que se preveía que iba a desencadenar un aluvión de críticas, especialmente por los sindicatos y las asociaciones de padres de la escuela pública.

CSIF: "Un ataque a la enseñanza pública"

Esta reacción no se ha hecho esperar. La presidenta del sector de Educación en CSIF Andalucía, Elena María García, ha recordado que la normativa no recoge ni el dictamen del Consejo Escolar ni las apreciaciones de la mesa sectorial, donde estuvo presente este sindicato. "Imbroda ha hecho oídos sordos", refiere García, quien califica el decreto como "un ataque en toda regla a la enseñanza pública". "Resulta incongruente que una Administración educativa que mantiene que la actual normativa en materia de escolarización atiende a un 93% de las familias de manera satisfactoria, pretenda introducir modificaciones de calado como las planteadas", incide la representante de CSIF.

CCOO: "Una garantía para las patronales privadas"

En CCOO también se alerta del daño que el nuevo decreto supone para la educación pública, pues se "blinda" la matriculación en centros concertados a costa del cierre de unidades públicas. El secretario general de la federación de Enseñanza de este sindicato, Diego Molina, critica, además, que "las familias cuenten con la máxima puntuación por domicilio para matricular a sus hijos en centros concertados, aún sin que se encuentren en su zona de residencia".

Molina también rechaza la adscripción de institutos con Bachillerato a colegios concertados, ya que, a su juicio, "se garantiza a las patronales privadas que en tercer y cuarto de ESO el alumnado continúe en estos centros, algo que hasta ahora no ocurría".

ANPE: "Se deslocaliza al alumnado"

El sindicato ANPE, aunque más moderado, también muestra su rechazo a varios de los cambios que plantea el decreto. Así, exige que el concepto de demanda social se supedite a las necesidades de planificación educativa. De igual modo, considera erróneo que los colegios concertados dispongan de zona única de escolarización, al implicar la "deslocalización del alumnado", al ir a centros alejados de su entorno más inmediato. Por último, la ANPE -que al contrario que CSIF y CCOO no ha amenazado con protestas en la calle- pide aprovechar la bajada de la natalidad para reducir las ratios, que en Infantil y Primaria pasarían de 25 a 30 alumnos por aula; en ESO, de 30 a 25; y en Bachillerato, de 35 a 30.

Codapa: "Se blinda el negocio de la concertada"

Esa bajada de la natalidad es la que aprovecha la confederación de AMPA públicas (Codapa) para echar por tierra el decreto de escolarización y asegurar que con él "se blinda el negocio de la concertada", sin oír "los dictámenes del Consejo Escolar de Andalucía". En este punto, conviene destacar lo expresado al respecto por la Fampa Nueva Escuela, la asociación de AMPA públicas de Sevilla, que califica la normativa de Imbroda de "mazazo para la enseñanza pública". "Quiere asegurar el lleno en la concertada a costa de la pública", critica la asociación.

Concapa: "Garantiza la libre elección de colegio"

Por contra, Concapa, la federación de AMPA católicas, considera que el decreto "va en el camino de garantizar la libre elección de los centros por parte de las familias, recogida en el artículo 27 de la Constitución". Representantes de este colectivo aplauden otras medidas de la nueva normativa, como el mantenimiento de las listas de espera hasta el comienzo de curso y dotar de más puntuación a las rentas bajas.

Inspectores: "Volvemos a presidir las comisiones de escolarización"

El que también se ha mostrado a favor de este decreto es el Sindicato de Inspectores de Educación (Usie), cuyo presidente, Antonio Asegurado Garrido, aplaude que este cuerpo de funcionarios presida las comisiones de escolarización. "De esta manera, se garantizará con mayor seguridad una mejor y más adecuada planificación de unidades escolares y recursos, avalada con criterios técnicos y profesionales, que contribuyan a evitar arbitrariedades y desequilibrios entre unos centros y otros", explica Asegurado, quien recuerda que fue el anterior Gobierno socialista el que "apartó deliberadamente" a los inspectores de esta función. "A partir de entonces, estos trabajadores públicos sólo se dedicaban a comprobar que, en el tablón de anuncios de los centros se publicaban los criterios de admisión y el mapa de la zona, algo que, aparte de ningunear profesionalmente al cuerpo, era una tarea estéril y ridícula", apostilla.