Un ex alto cargo declara que Empleo asumió el compromiso de acabar con el déficit generado en IDEA

El ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román ha asegurado este lunes, en su declaración ante el tribunal que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE que el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, también acusado, asumió el compromiso de acabar con el déficit generado en IDEA por el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas y este desfase desapareció en el año 2009.

Rodríguez Román ha explicado que la solución por parte de Empleo consistió en "dejar de adquirir nuevos compromisos, salvo cuestiones urgentes", a la hora de acordar ayudas hasta que se resolvió ese déficit, pero en cualquier caso ha dicho que "no hubo una orden para que no se suscribieran nuevos convenios" particulares para el pago de las ayudas por parte del IFA/IDEA, dado que el director general de este organismo, entonces Miguel Ángel Serrano Aguilar –otro de los ex altos cargos acusados-, "estaba obligado a firmar los convenios".

El ex consejero ha reconocido que mantuvo diversos contactos con su homólogo en Empleo, Agustín Barberá, en los que le comentó que la agencia IDEA si no recibía "los ingresos pertinentes, no iba a pagar" las ayudas derivadas de los convenios particulares suscritos con Empleo, y ha añadido que no tenía "ni idea" de la retención de créditos aplicada por la Intervención a finales de 2004 como consecuencia de ese desfase en las cuentas de IDEA.

Sobre los informes de la Intervención alertando de las irregularidades, ha reconocido que el 31 de marzo de 2005, tan sólo "12 días después" de tomar posesión del cargo le pasaron unas alegaciones de IDEA al informe de la Intervención, y su obligación era "firmar" el envío de las mismas. También ha dicho que no leyó el informe adicional al de cumplimiento relativo al ejercicio 2003, que se notificó en 2005, porque el mismo entró el 2 de agosto, cuando estaban de vacaciones, y al regreso de las mismas tuvo una reunión con el director de IDEA en la que éste le comentó que había otro informe dirigido a Empleo pero que "no requería que la agencia haga nada", por lo que Rodríguez Román "se quedó tranquilo".

Rodríguez Román, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha explicado al inicio de su declaración que cuando llegó a la Consejería de Innovación en el año 2005 "no sabía en ese momento ni lo que era el programa 31L", la partida presupuestaria conocida como el fondo de reptiles de la que se pagaban las ayudas de los ERE.

El fiscal le ha preguntado si no le extrañó que no existiera una norma para regular las ayudas, a lo que el ex alto cargo ha contestado diciendo que no le puede extrañar "algo que no conoce", dado que "ignoraba por completo" que la Consejería de Empleo tuviera un programa de ayudas sociolaborales.

Además, ha destacado que el entonces consejero, Francisco Vallejo, también acusado, le encomendó a su llegada a Innovación "el impulso de la normativa" para dotar a esta consejería que se creaba de una nueva estructura.