La decisión final de Alaya

El último atestado de la Guardia Civil ha puesto a la juez Alaya ante una nueva encrucijada. Tras casi dos años investigando el escándalo de los ERE fraudulentos y con tres personas en prisión provisional -dos de ellas que ocuparon altos cargos en el Gobierno andaluz-, la instructora se enfrenta ahora a una de sus decisiones más difíciles y comprometidas: decidir si ha llegado el momento de renunciar a investigar e inhibirse en favor del Tribunal Supremo al considerar que las pesquisas pueden implicar a personas aforadas.

El último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha corroborado todas las sospechas que la magistrada ha expuesto desde que en enero de 2011 abrió esta investigación y ha concluido que todos los miembros del Consejo de Gobierno "conocían" el sistema creado en 2001 para conceder ayudas mediante el convenio marco entre la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA.

El extenso informe policial, de 304 folios y al que acompañan otros 49 anexos de documentación, apuntaría al menos a cinco personas aforadas y cuya investigación corresponde al Supremo: el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el ex presidente Manuel Chaves, los diputados del PSOE Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, y la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

El atestado de la UCO sostiene que Griñán, en su etapa de consejero de Economía y Hacienda, sería conocedor de los importantes reparos que planteó la Intervención General de la Junta al sistema de transferencias de financiación por el que se pagaban las ayudas. La Guardia Civil recuerda que el consejero de Economía era "uno de los destinatarios de los informes" del interventor, aunque los mismos se remitieron a la viceconsejera, entonces Carmen Martínez Aguayo. "A juicio policial y, dada la importancia de las deficiencias plasmadas en esos informes (que recogen incluso la asunción de obligaciones sin cobertura presupuestaria cercanas a los 40 millones de euros) se debe suponer que por la propia lógica e importancia de su contenido, debía ser conocido por el propio consejero", detallan los investigadores, que alertan de que era "responsabilidad" de la viceconsejera como receptora de los informes "haberlos hecho llegar al titular de la Consejería o haberle comunicado el contenido".

Pero es que, además, la Guardia Civil anuncia que al margen de indagar sobre si Griñán conocía esos reparos, "se continúa investigando la participación/conocimiento del titular de la Consejería de Economía en éste y otros aspectos como los relacionados con la forma de financiar a la Agencia IFA/IDEA como caja pagadora de las ayudas, o la correcta actuación de la Intervención General de la Junta".

En el caso de Manuel Chaves, aunque la Guardia Civil no lo cita expresamente en ningún punto del atestado, la investigación podría salpicarle por la extensión del conocimiento del sistema que los agentes realizan a todos los miembros del Consejo de Gobierno y porque el sistema de las transferencias de financiación se implantó durante la etapa en la que estuvo al frente del Ejecutivo andaluz y continuó en las legislaturas sucesivas.

De Gaspar Zarrías, el informe recoge que presidía los Consejillos -reuniones preparatorias de los Consejos de Gobierno- a los que según el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero Benítez -en prisión provisional desde marzo pasado- se llevaron propuestas para elaborar un reglamento para la concesión de las ayudas que no salió adelante.

En cuanto al papel "esencial" que se atribuye al ex consejero de Empleo José Antonio Viera en la trama de los ERE, el informe indica que este diputado es "señalado por distintos imputados como creador e impulsor de la fórmula del convenio marco", aspecto que se estudia en el atestado que se está elaborando sobre las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, "a las que de una forma u otra estaría vinculado".

Pero la Guardia Civil también dice que está investigando la "participación/conocimiento concreto" de los titulares de las distintas consejerías a las que estuvo adscrita la agencia IDEA, lo que podría deparar en el futuro nuevas investigaciones sobre otros aforados.

Con este atestado, la juez Mercedes Alaya estaría ya en disposición, si lo estima oportuno, de remitir la causa al Alto Tribunal. La norma que regula este proceso se contempla en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece el derecho de defensa "cuando se impute un acto punible contra un diputado o un senador" y el artículo 71 de la Constitución, que en su apartado segundo recoge que los diputados y senadores "gozarán de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva". El párrafo tercero añade que en estas causas "será competente la Sala de lo Penal del Supremo".

Si la juez Alaya considera que hay indicios contra algún aforado, tendría que inhibirse en favor del Supremo y dar por concluida su investigación. Sin embargo, la decisión es de la magistrada, que podría agarrarse aún a los anuncios de nuevos atestados sobre Griñán y Viera para retrasar la inhibición al Supremo, al considerar que aún no dispone de todos los elementos para dirigir la instrucción sobre estas personas. De hecho, todos los indicios señalan que aún quedan muchas diligencias por practicar.

El riesgo de demorar una decisión a la que aparentemente está abocada la instructora radica en lo que ya apuntan algunos de los abogados personados en el proceso: la Constitución y las leyes españolas prohíben la instrucción de una causa "a espaldas" del imputado, lo que puede provocar incluso en el futuro alguna nulidad de las actuaciones que se hayan desarrollado en ausencia del implicado.

Lo que sí parece claro es que la Fiscalía Anticorrupción no solicitará a la juez, por el momento, que precipite ese salto de la causa al Supremo, a pesar de que el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrían instar esa posibilidad. Hasta ahora sólo ha habido un tímido intento, por parte de la defensa de Francisco Javier Guerrero, que ha pedido que declare José Antonio Viera, lo que algunos entienden como una estrategia para forzar a la juez a dar una respuesta.

Otras fuentes señalan que un punto de inflexión que puede influir en la decisión de la juez está en la decisión que la Audiencia de Sevilla pueda adoptar sobre la petición de libertad del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, encarcelado desde el pasado 24 de abril. Hasta ahora, todas las instancias judiciales, desde la Audiencia al Supremo, pasando por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han avalado la actuación de Alaya en asuntos como el conflicto de jurisdicción por la negativa de la Junta a entregar las actas de los Consejos de Gobierno o las polémicas declaraciones del diputado Alfonso Guerra sobre la magistrada. Estas fuentes creen que si la Audiencia pusiera en libertad a Antonio Fernández, podría producirse un cambio en la instrucción.

También quedan pendientes algunas declaraciones de imputados que se suspendieron tras recibir el "relevante" atestado. El hecho de que la juez decidiera enviar el caso al Supremo no tendría por qué implicar que fuese apartada de la investigación, ya que hay algunos asuntos en los que el Alto Tribunal ha permitido que el instructor que se inhibió continúe la investigación hasta el final. La complicada instrucción que lleva a cabo Alaya contribuiría a esa posibilidad. Mientras tanto, Alaya decide.