Cupo o financiación singular: cómo ambas peticiones perjudican a Andalucía

Cupo, concierto fiscal, singularidad u ordinalidad. Estos términos definen los distintos grados de una reclamación que los partidos catalanes vienen haciendo desde hace algo más de una década. Los independentistas de ERC y Junts aspiran a un cupo catalán, mientras el PSC y ahora el Gobierno de Pedro Sánchez defienden la "singularidad fiscal" de Cataluña, una reclamación que llegó a hacer suya el PP catalán en tiempos de Alicia Sánchez Camacho. Todas ellas parten de la misma base, de un argumento que ahora se explica sin ningún tipo de recato: Cataluña debe recibir más dinero para su financiación porque es más rica, porque allí se reacuda más.

Cualquier concesión que el Gobierno central haga en estos términos afectaría a la bolsa común con la que se financian las comunidades autónomas y, en particular, a aquellas que como Andalucía necesitan estos recursos adicionales para garantizar los servicios fundamentales que la Junta presta a sus ciudadanos. Andalucía es, en términos netos, una recepetora de fondos. Tanto si las concesiones a Cataluña se materializan mediante la merma del común, lo que supondría menos dinero para el resto, o de una ampliación de la bolsa con más aportaciones del Estado pero con una ventaja particular catalana, Andalucía perdería porque, en el primer caso, contaría con recursos insuficientes para garantizar sus servicios y, en el segundo, agravaría sus diferencias respecto a las comunidades ricas.

El cálculo que se hace ahora indica que Cataluña recibe 29.826 millones de euros del sistema de financiación y Andalucía, 27.937 millones, aunque tiene más habitantes, por eso se dice que nuestra comunidad está doblemente infrafinanciada: porque necesita más recursos y porque sus diferencias con respecto al resto son demasiado grandes. Cualquiera de las reclamaciones de Cataluña afectarían al primer o al segundo factor, aunque el primero sería el más grave de todos.

Los diversos grados de la reclamación catalana

La reclamación catalana tiene diversos grados, no es lo mismo concederle la llave del sistema, un concierto fiscal como el que tiene el País Vasco, que mejorarle la financiación a la vez que también se hace con otras comunidades autónomas. De hecho, esta igualación por arriba ha sido la práctica común de las distintas reformas del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) que se han aprobado en España. La última, que fue la de 2009, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, llevó aparejada un aumento del total que reciben las comunidades autónomas, ganaron todas respecto a la situación anterior, pero por influjo de ERC y del presidente catalán de entonces, el socialista José Montilla, se introdujo en la ecuación un llamado fondo de competitividad que premiaba a las comunidades más ricas.

Además, el grueso del dinero no se reparte entre la población real, sino entre la "población ajustada", que es el número de habitantes ponderado para que pesen la dispersión poblacional, la insularidad, el envejecimiento y distintos factores que hacen que, a la hora de repartir, Andalucía figure con 220.000 andaluces menos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y, antes, consejera homónima de la Junta, lideró un dictamen del Parlamento que señalaba a ese factor como uno de los causante de la merma andaluza. Ese dictamen, aprobado el 19 de marzo de 2008, con los votos de PSOE, PP y las izquierdas, es una obra personal de Montero que se ha convertido en una biblia para los políticos andaluces. A grandes rasgos, defiende que debe existir "igual financiación por habitante para cualquier ciudadano español, con independencia del lugar de residencia y a igual esfuerzo fiscal".

María Jesús Montero se encuentra en una complicada situación, porque ella conoce mejor que nadie cuáles sería las repercusiones sobre Andalucía de un acuerdo del que, no obstante, se conoce muy poco, por no decir nada. Da la impresión de que el Gobierno y el PSC están explorando si ERC respaldaría a Salvador Illa como presidente de la Generalitat a cambio de mejoras sustanciales para Cataluña. Para los socialistas andaluces, no obstante, Montero "es la mejor garantía de que nada perjudicará a Andalucía".

El antecesor de Montilla, Pasqual Maragall, también defendía por entonces una idea que sigue siendo la de Salvador Illa. El candidato socialista lo ha formulado esta semana de este modo: "Cataluña no puede ser la tercera en aportar recursos [al Estado] y la número 14 a la hora de recibirlos, no es justo, no pedimos ningún privilegio, es una cuestión de Justicia". Es el principio de ordinalidad, se trataría de que si Cataluña es la segunda en aportar debe ser la segunda en recibir.

Cataluña es la segunda comunidad que más aporta al régimen común, aunque la primera, que es Madrid, ingresa al común casi tres veces más. Y no es la decimocuarta en recibir, sino que su posición mejora de forma notable aunque no tiene garantizado ese puesto de privilegio. Este razonamiento catalán contempla al territorio como un contribuyente, cuando quien paga no es la Generalitat, sino cada uno de los ciudadanos y, en este sentido, el esfuerzo fiscal que hace la media de los ciudadanos catalanes es igual e, incluso, inferior a un andaluz. Por explicarlo de otro modo: ese mismo argumento valdría para reclamar mejores servicios públicos para los mayores contribuyentes a Hacienda.

Por esto último, porque la ordinalidad supondría un retroceso en la redistribución de la riqueza, el PSOE siempre se opuso a la reclamación de Maragall, aunque su opinión sí era compartida, aunque no de modo público, por otros barones regionales. Hay quien opinaba que una ordinalidad que no fuese estricta -si eres el segundo, por ejemplo, no puedes bajar del quinto lugar- podría ser aceptable.

El Gobierno de Pedro Sánchez puede poner sobre la mesa una mejora de la financiación catalana que, a su vez, beneficie a todos, aunque las diferencias entre las comunidades se agraven. El principio de equidad, sin embargo, debería ser uno de los que rija el nuevo modelo de reparto, porque los ciudadanos tienen el derecho constitucional de recibir los mismos servicios con independencia del lugar donde vivan.

El actual Sistema de Financiación Autonómica no ha resuelto este problema. Cuatro comunidades -Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha- están infrafinanciadas y reciben un trato desigual. En el caso de Andalucía, el fondo que sirve para garantizar los servicios públicos fundamentales ascendió en 2011, que es la última cifra que se tiene, a 4.965 millones de euros. Es lo que la comunidad recibió del común, mientras que Madrid y Cataluña son contribuyentes netas, la primera con 4.610 millones de euros y la segunda, con 1.690 millones.

El cupo y la llave

Pero ERC y Junts han dado un paso de gigante en su reivindicación, ya no se trataría de gozar de una financiación singular, sino de contar con un concierto similar al vasco. Las comunidades forales recaudan todos los impuestos que se cobran en su territorio y pagan al Estado una cantidad -el denominado cupo- por las competencias que el Gobierno central ejerce en estos lugares y no han sido transferidos. Esta particularidad fue fruto de un pacto de la Transición que se recoge en la Constitución, aunque el cálculo del cupo es lo que se cuestiona por diversas razones; entre éstas, por su opacidad y porque genera unas diferencias muy grandes con el resto de las comunidades.

El PSOE comenzó a negociar con Junts y ERC la financiación catalana en el marco de los acuerdos que ambos firmaron para la investidura de Pedro Sánchez, pero la posición de Salvador Illa le ha dado un nuevo punto de apoyo a los independentistas para aumentar su presión. Los socialistas no aceptan el cupo porque eso significaría llevar a la bancarrota al resto de las comunidades, sacar a la segunda comunidad en PIB por habitante del esquema de cohesión nacional es un imposible, pero el presidente del Gobierno sí se aviene a reconocer la "singularidad" fiscal de Cataluña, aunque no ha concretado qué supondría esa particularidad.

En una respuesta a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, Pedro Sánchez afirmó el miércoles pasado: "Asumí el compromiso de reformar el Sistema de Financiación Autonómica y de reconocer la singularidad del pueblo de Cataluña. Eso es lo que pacté (...) y voy a cumplir durante esta legislatura". Sánchez e Illa se encuentran, además, inmersos en la competencia que mantienen entre sí los dos partidos independentistas, lo que dificulta un acuerdo entre las partes.

Es más, la financiación autonómica se rige por una ley orgánica -la Lofca- y, por tanto, su reforma necesita de la mayoría absoluta del Congreso, además de un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto último es posible porque el Gobierno tiene el 50% de los votos del consejo, le bastaría sólo el apoyo de Cataluña, aunque el coste político de aprobar un modelo en contra del resto de las comunidades es mayúsculo. El Congreso podría aprobarla si la respaldan ERC y Junts, además del PNV, y ésta es una conjunción poco probable por la competencia que los independentistas mantienen entre sí.

El Gobierno defiende una "solución imaginativa" para sortear este inconveniente mayúsculo, de tal modo que se llegarían a acuerdos particulares con cada comunidad autónoma. Esto añade mayor incertidumbre a esta reforma. De hecho, es poco probable que los gobiernos regionales del PP se presten a formar parte un artilugio que se ha concebido para resolver el problema de Cataluña.

De hecho, y hasta ahora, María Jesús Montero no creía que fuese posible aprobar un nuevo Sistema de Financiación Autonómica en esta legislatura, como tampoco fue posible en la anterior. Sus aliados catalanes, ERC y Junts, se aferran al cupo, lo que es un imposible, y los vascos no tienen ningún interés en un asunto que no les afecta.

Lo único que Montero había hecho hasta ahora es presentar un modelo de cálculo de la población ajustada, que sí corregía algunos de los factores que castigaban a Andalucía.