Los contratos a dedo de Salud en la sesión de control más incómoda para Juanma Moreno

El presidente de la Junta había disfrutado de su mayoría absoluta sin sobresaltos a pesar de las crisis sanitarias que ha tenido que vivir como la listeriosis y el Covid. Hasta ahora. Este jueves, Juanma Moreno se ha enfrentado a la sesión de control en el Parlamento de Andalucía más incómoda en los cinco años que lleva al frente de la Junta. Y es que la causa no es para menos: todos los partidos de la oposición lo acusan de corrupción tras conocerse que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite una denuncia del PSOE por "presunta malversación y prevaricación" en la adjudicación de en torno a 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de Covid-19. Eso por un lado. Y por otro, los interventores de la Junta han alertado del "fraude de ley" que supone el fraccionamiento de contratos del SAS por valor de 458 millones de euros. Dos frentes abiertos en Salud, cuya gestión acumula las quejas de los ciudadanos.

Frente a los ataques que le llegaban por todos los flancos de las bancadas de sus señorías, Moreno ha optado por no dar explicaciones sobre los contratos en cuestión advirtiendo a los portavoces de los grupos que este asunto "no interesa a los ciudadanos", que no les preocupa. Eso a los representantes de Adelante Andalucía, Por Andalucía y Vox porque contra Juan Espadas, líder del PSOE, ha optado por el "y tú más". Moreno ha afeado a Juan Espadas que, en su etapa como alcalde de Sevilla, en el año 2016, "nueve de cada diez contratos eran menores en el Ayuntamiento de Sevilla", concedidos "a dedo", además de desvelar que el SAS "adjudicó 791 millones de euros en contratos menores" durante el año 2018, cuando la socialista Susana Díaz presidía la Junta.

Fuentes del Gobierno andaluz explican que hay tranquilidad en San Telmo ya que consideran que se trata de un procedimiento administrativo. "Nos preocuparía si alguien hubiese metido la mano en la caja, pero no tenemos constancia. Lo habríamos denunciado como ya hicimos cuando lo vimos", aseguran en referencia a los maletines con la venta de mascarillas durante la pandemia, un fraude que no se consumó porque saltaron las alarmas en la Junta.

Nervios

Sin embargo, la versión oficial contrasta con la actitud de Moreno que se ha mostrado muy nervioso en sus respuestas a los portavoces a pesar de tratar de aparentar tranquilidad y de mostrar una sonrisa ("que no una risa, sólo trato de poner un poco de color en esta sesión de fango, tan gris y con cosas tan oscuras") en unas respuestas que no han aportado ninguna información sobre el fondo del asunto. Es más, el Gobierno andaluz no ha facilitado documentación a los grupos de la oposición sobre los dos asuntos bajo la lupa, los contratos de emergencia y los contratos menores, sino que la han obtenido a través del portal de transparencia solicitándola de la misma manera que puede hacerlo cualquier ciudadano.

Juan Espadas ocupaba una buena parte del protagonismo político en la sesión. "Moreno Bonilla lo sabía", insiste el líder del PSOE andaluz. "Ustedes han obstaculizado la labor de la oposición, no han querido una comisión de investigación y ahora tendrán que dar las explicaciones necesarias delante de un juez".

Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía, ha acusado a Juanma Moreno de actuar "con desprecio a la legalidad porque hay corrupción política y ya veremos si corrupción de más cosas.No más mentiras, ni excusas, ni bulos ni tapar la realidad de su nefasta gestión. Sus excusas no cuelan". Desde Adelante Andalucía, José Ignacio García iniciaba la sesión de control al presidente muy contundente. "Que no se le olvide esta cifra, 458 millones de euros en contratos menores en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva. Esta cifra le va a acompañar todo lo que queda de legislatura porque se trata del dinero que desde el SAS se ha dado a dedo a empresas en fraude de ley troceando contratos y sorteando la ley; no lo dice Adelante Andalucía, lo dicen los interventores de la Junta de Andalucía". "Y ahora nos dirá que la culpa es de Puigdemont y de los catalanes".

Hasta Vox, que centró sus críticas en la Ley de Participación Institucional y en el papel que se otorga a los sindicatos, no dejó pasar la oportunidad. Su portavoz, Manuel Gavira, fue bastante claro:  "No lo quiero ni pensar que esté utilizando las mismas prácticas de contratación que el Partido Socialista; no lo quiero ni pensar".