La gestión de un consejero de Turismo de Díaz rebela a alcaldes de la Costa del Sol

Málaga/El Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental, más conocido como Plan Qualifica, empezó como un sueño para los ayuntamientos de la costa occidental malagueña y se ha acabado convirtiendo en una pesadilla. Liderado entre 2015 y 2019 por el ex consejero de Turismo y Deporte Francisco Javier Fernández, este consorcio está en fase de liquidación y ha dejado una deuda de unos 20 millones de euros que los consistorios afectados no tienen intención de pagar. De hecho, amenazan con ir a los tribunales porque consideran que no les corresponde a ellos hacer frente a esa factura.

El ex consejero Fernández instó a la disolución del consorcio en 2018 porque no era “sostenible” desde un punto de vista económico, pero fue solo un brindis al sol ya que realmente no hizo nada. La herencia de Fernández ha enfadado no solo a los alcaldes de los municipios malagueños afectados, sino a la Diputación de Málaga e incluso a los empresarios y los sindicatos. Cuatro años después, la Junta quiere liquidar por la vía de urgencia este consorcio y le ha pedido a los ayuntamientos que paguen esa deuda millonaria.

Los alcaldes han puesto el grito en el cielo porque no sabían que tenían que ser ellos los pagadores. La gestión de Fernández ha sido criticada incluso en ayuntamientos socialistas como los de Benalmádena o Mijas. De hecho, en 2018, cuando Fernández era aún consejero de Turismo, Mijas pidió la nulidad de una adenda con el visto bueno del Consejo Consultivo pero no le hicieron caso y ahora tiene que repetir todo el proceso.

“No estamos para nada de acuerdo con las decisiones tomadas respecto a este asunto. El Ayuntamiento de Benalmádena fue uno de los más perjudicados por la liquidación: adelantamos 1,5 millones y apenas acometimos una obra, y por este motivo también reclamaremos la deuda en los tribunales. Para los ayuntamientos el Plan Qualifica suponía un instrumento útil, pero faltaron altura de miras y visión a largo plazo para llevarlo a buen puerto”, asegura el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas.

Roy Pérez, concejal de Hacienda en el ayuntamiento de Mijas, va en la misma dirección. “No estamos de acuerdo con la cantidad que nos piden. De los 4,1 millones que nos reclaman estamos de acuerdo en 30.000 ó 40.000 euros, por lo que vamos a iniciar acciones legales. Será un juez el que diga quién tiene que pagar la deuda y qué cantidad le corresponde a cada uno, pero entendemos que el dinero tiene que devolverlo la Junta o el consorcio”, recalca.

Desde el ayuntamiento de Marbella señalan que están a la espera de que la Junta de Andalucía les remita toda la documentación y, en función de lo que analice su asesoría jurídica, tomarán una decisión.

La mayoría de ayuntamientos no han abonado la deuda porque entienden que no son ellos los que tienen que pagarla pese a que así lo firmaron en una adenda en 2013. Roy Pérez, del ayuntamiento de Mijas, explica que “la Intervención de nuestro ayuntamiento consideró en 2018 que esa adenda no era del todo legal, llevamos su suspensión a pleno y al Consejo Consultivo, que nos dio la razón”. El proceso administrativo caducó a los seis meses, pero la liquidación no se ha producido hasta diciembre de 2021, por lo que el Ayuntamiento de Mijas va a repetir todo el proceso y confía en que el Consejo Consultivo le vuelva a dar luz verde.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó la creación de este consorcio el 16 de diciembre de 2008 bajo la presidencia de Manuel Chaves. Su objetivo era modernizar la Costa del Sol para que pudiera seguir siendo competitiva desde un punto de vista turístico en un contexto en el que la crisis económica empezaba a asomarse con fuerza. La Junta de Andalucía pilotaba el consorcio con el 40%, el Gobierno central -a través de la Secretaría de Estado de Turismo- tenía el 22%, y los ayuntamientos de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y Manilva contaban con un 3% cada uno. Se añadieron además la Diputación de Málaga (8%), la Confederación de Empresarios de Andalucía (3%) y los sindicatos CCOO y UGT Andalucía con un 1,5% cada una. La función de patronal y sindicatos era dar una imagen de unidad y apoyo a las actuaciones.

Este consorcio financió las obras realizadas en varios municipios con subvenciones aportadas por el Estado y la Junta y con un préstamo de 25 millones de euros del Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (Fomit) aportado por Unicaja Banco.

Una década después de su constitución, en marzo de 2018, el Consejo de Gobierno de la Junta autorizó al entonces consejero de Turismo Francisco Javier Fernández a instar la disolución del consorcio o a provocar la salida de la Junta de Andalucía. “Si bien los fines para los que se constituyó el consorcio se puede considerar que han sido parcialmente conseguidos, su situación económica-financiera no es sostenible”, rezaba el expediente de disolución, que indicaba que la deuda en materia de subvenciones a devolver a 31 de diciembre de 2016 era de 6 millones de euros y que no se estaban pagando las cuotas del préstamo, que tiene un plazo de amortización hasta 2025. “El consorcio no se encuentra en una situación de estabilidad presupuestaria ni de sostenibilidad financiera”, subrayaba el informe firmado en mayo de 2017.

El ex consejero Fernández instó a la disolución del consorcio en 2018 pero nunca más se supo, hasta que en diciembre de 2021 se convocó con urgencia una reunión del consejo rector del consorcio para aprobar las cuentas de 2018, 2019 y 2020 y proceder a su liquidación. Salió adelante con los votos de la Junta de Andalucía, cuyo consejero de Turismo actual es Juan Marín, y del Ministerio. Votaron en contra la Diputación, todos los ayuntamientos, la patronal y los sindicatos. ¿Por qué? Porque les dijeron que queda una deuda de 19,8 millones de euros que tenía que repartirse de forma proporcional entre los ayuntamientos. De esta manera, reclaman 4,6 millones a Marbella, 4,1 millones a Mijas, 2,3 millones a Torremolinos, 2,2 millones a Casares, o 1,9 millones a Fuengirola. Es especialmente llamativo que se le haya pedido 348.000 euros a la CEA o 174.000 euros a cada sindicato, cuando su presencia es meramente testimonial. “Nosotros no vamos a entrar por ahí. Es el colmo que tengamos que pagar nosotros cuando no hemos gestionado dinero ni nada. Hay ayuntamientos que han pagado su deuda y otros no y ahora quieren que se reparta entre todos”, asegura Fernando Muñoz, secretario general de CCOO en Málaga.

Tanto los ayuntamientos como los representantes de la patronal y los sindicatos están que trinan y reclaman que se haga un desglose definido de la deuda de cada uno para actuar en consecuencia. Gracias al Plan Qualifica se hicieron algunas obras que modernizaron la costa occidental, pero deja un sabor amargo con una deuda millonaria que acabará en los juzgados.