El ex consejero Martín Soler asegura sobre las ayudas que la "apariencia de legalidad era total"
Juicio de los ERE
Advierte de un "ambiente quejoso" de los técnicos para que los pagos los materializara la consejería de Empleo
El ex consejero de Innovación de la Junta Martín Soler Márquez ha afirmado sobre las ayudas que pagaba la agencia IDEA mediante las transferencias de financiación que recibía de la Consejería de Empleo que "la apariencia de legalidad era total" y además "nadie puso sobre la mesa una advertencia, ni formal ni de otro tipo" sobre las mismas.
En su comparecencia ante el tribunal, el testigo ha señalado que la apariencia de legalidad era "tan evidente que era imposible que alguien pudiera pensar que hubiera alguna ilegalidad".
Martín Soler ha comentado además que no recibió "ni un solo comentario sobre cualquier riesgo o preocupación" con respecto al programa presupuestario 31L, conocido como el fondo de reptiles, aunque ha reconocido que percibió a su llegada a la Consejería de Innovación en abril de 2009 –ocupó el cargo hasta marzo de 2010- un "ambiente quejoso" entre los técnicos, quienes querían resolver una situación que entendían le correspondía a Empleo, en relación al hecho de que la agencia IDEA únicamente actuara como caja pagadora de unas ayudas que otorgaba la consejería de Empleo, cuando la agencia estaba ya adscrita a una consejería distinta, en este caso, la de Innovación.
El ex consejero ha señalado que no recibió los informes de Control Financiero Permanente de IDEA que alertaban de las irregularidades, unos dictámenes que según ha admitido conoció posteriormente, aunque ha subrayado que esos informes recogen de una manera "taxativa, nítida y clara que IDEA cumplía la legalidad".
Martín Soler, ex consejero de Innovación
Los informes de Control Financiero Permanente recogen de forma "taxativa, nítida y clara que IDEA cumplía la legalidad"
Martín Soler ha señalado que a él nunca se le planteó de manera formal el cambio de la agencia IDEA por otra entidad pública que dependiera de Empleo para que pasara a materializar los pagos de estas ayudas, y sobre el desfase o déficit generado por las transferencias ha dicho que conocía que Empleo e IDEA tenían "reuniones permanentes que iban mejorando sus procedimientos de coordinación".
El ex consejero, que inicialmente estuvo investigado en esta misma pieza de los ERE, ha reconocido que hoy "podía estar aquí como imputado" y ha destacado que estuvo en la consejería un año "que no era consciente de que se estaba cambiando el sistema".
Asimismo, ha dicho que cuando se produjo el cambio a la encomienda de gestión se aplicó la "recomendación que planteaba la Intervención General de la Junta", y también se produjo el cambio del sistema de la firma de convenios particulares entre Empleo e IDEA al dictado de resoluciones de concesión de las ayudas.
En la sesión de hoy también ha declarado una ex trabajadora de la empresa sevillana Surcolor, Manuela Hurtado Navarro, quien ha dicho que escribió en tres ocasiones al entonces presidente de la Junta José Antonio Griñán para explicarse la situación en la que se encontraban los trabajadores, y ha asegurado que Griñán "sabía de todo" lo que estaba ocurriendo con esta empresa, en la que se detectaron dos intrusos en la póliza de las prejubilaciones.
La trabajadora también intentó reunirse con Diego Valderas (IU), al que nunca llegó a ver sino que la derivó a otra persona, y con el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera; también acudieron al defensor del Pueblo andaluz, y ha concluido que "todos les decían que era muy complejo", a pesar de que llevaban meses sin cobrar.
La testigo, que se ha definido como una trabajadora honrada, puede ser considerada como un ejemplo de lo que la juez María Núñez Bolaños, que continúa investigando la macrocausa de los ERE, ha llegado a definir como una "víctima". "Nunca me imaginé el proceso de toda esta ilegalidad dentro de la legalidad y lo que he sufrido en 12 años con el tema de los ERE", ha lamentado la ex trabajadora de Surcolor, que ha añadido que si llega a conocer lo que estaba ocurriendo hubiera presentado una denuncia en el juzgado desde el primero momento, pero se "encontró muchas barreras".
Un borrador de decreto para "adecuar la orden del 95" del Estado
El tribunal que enjuicia el caso de los ERE también ha tomado declaración a un funcionario de la Dirección General de Trabajo que elaboró un borrador de un decreto que pretendían "adecuar" a las ayudas que concedía la Junta a la orden del Ministerio de Trabajo de 1995, pero que finalmente no prosperó. Se trata de Antonio Ávila Gutiérrez que trabajó entre 1984 y 2008 en el departamento de Régimen Jurídico del servicio de Coordinación de Relaciones Laborales de la Dirección de Trabajo.
El funcionario ha explicado que no tuvo ninguna relación con las ayudas sociolaborales y a empresas que se concedían a través de la partida presupuestaria 31L, con la excepción de la elaboración entre los años 2000 o 2001 de ese borrador de decreto que se hizo en base a la orden de 1995, para tratar de "adecuarlo" a la realidad de la comunidad autónoma.
El testigo ha señalado que con la orden de 1995, a diferencia de la orden de 1994, era el Ministerio quien otorgaba las ayudas, que iban destinada a "empresas en crisis, planes de Empleo y a un cajón de sastre" para situaciones de "urgente necesidad". Antonio Ávila ha señalado que entregó ese primer borrador al director de Trabajo, Javier Guerrero, y a partir de ahí no tuvo más conocimiento del mismo, aunque no se le comunicó por qué no prosperó.
El funcionario ha aclarado que las órdenes ministeriales del 94 y 95 son distintas, porque en las primeras las comunidades autónomas actúan con competencia delegada, y en la del 95 los fondos son presupuestados por el Gobierno central, ante el que también se canaliza el procedimiento de solicitud de las ayudas.