El ex consejero de Empleo recurre a la juez para que no indague su patrimonio

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández ha recurrido la decisión de la juez Mercedes Alaya de investigar su patrimonio y el de su familia más extensa, al considerar que esta actuación es "contraria a Derecho" y supone una invasión de su derecho a la intimidad porque, a su juicio, los hechos que se le imputan en relación con la investigación abierta por la trama de los ERE no han sido suficientemente determinados.

En un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la defensa del ex consejero de Empleo considera que los indicios planteados por la juez contra Antonio Fernández son "endebles" y parten de una declaración policial del ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guerrero, que no ha sido ratificada en sede judicial y carecen de "virtualidad incriminatoria". El abogado defendió que Francisco Guerrero "en ningún momento" manifestó que el ex titular de Empleo tuviera conocimiento de la inclusión de las pólizas particulares de los expedientes de regulación de empleo para personas próximas o que nunca habían trabajado en las empresas en las que supuestamente se prejubilaron.

La defensa advierte que imputar a Antonio Fernández el conocimiento de esas irregularidades supone sumirle en una "completa indefensión", por cuanto el ex consejero ni siquiera ha prestado declaración en relación con estos hechos, "por lo que no ha tenido ocasión de brindar su propia versión de lo acontecido y ofrecer los elementos exculpatorios a su alcance". En cualquier caso, Antonio Fernández, añade su defensa, "niega rotundamente haber tenido jamás ningún conocimiento en relación a las presuntas irregularidades" y tampoco puede considerársele la máxima autoridad laboral, puesto que las decisiones sobre los ERE eran "de la competencia personal y exclusiva" del entonces director general de Trabajo.

Otra de las líneas argumentales planteadas por la defensa de Antonio Fernández en su recurso cuestiona su conocimiento respecto a los reparos de la Intervención General de la Junta sobre el procedimiento para materializar las ayudas. Este afirmación carece de cualquier valor interpretativo respecto a la existencia de indicios de criminalidad porque, según la defensa del ex consejero, la Intervención fiscalizó finalmente y "aprobó cada uno de los gastos y disposiciones" ahora analizados.

Fernández niega igualmente que, como consecuencia de estos pagos, se produjera un déficit presupuestario para la Junta de más de 39 millones, y sobre su inclusión en un ERE de la empresa González Byass, defiende que fue "obligatoriamente incluido" en el mismo por un criterio objetivo de edad, pero el ex consejero no se acogió porque "no estimó éticamente compatible o admisible ser incorporado a los beneficios de la póliza".

El ex titular de Empleo reitera en su escrito su plena "inocencia" y aunque formalmente se opone a que se indague su patrimonio, por considerarlo "injusto y lesivo de su derecho a la intimidad y privacidad", asume no obstante que "deba ser objeto de una investigación patrimonial como inmediata consecuencia de las necesarias labores de investigación". Fernández asume "con total tranquilidad" esa investigación sobre su persona, pero entiende que extender esas pesquisas a una docena de sus familiares es una decisión "inmotivada, desproporcionada, innecesaria e inútil" y supone situar a estas personas como "sospechosas de participación consciente y voluntaria en aquellas conductas irregulares y presuntamente delictivas".