El SAS gasta en tres años un 28% más en la sanidad privada

La creación del Sistema Público de Salud ha sido uno de los puntales de la democracia. Después de más de cuarenta años, las comunidades autónomas, a las que les corresponde la gestión sanitaria, han ido armando los sistemas conforme a las necesidades de sus ciudadanos, idiosincrasias y, sobre todo, al rumbo que han ido marcado los partidos políticos en los gobiernos regionales.

La ideología, por tanto, ha irrumpido en la gestión de la salud con no pocas dialécticas. Los sindicatos, las asociaciones y las fuerzas políticas no dejan de alertar del declive de la calidad asistencial pública y de un sigiloso proceso de privatización que acercaría el sistema a los modelos de otras latitudes. Así está siendo en España y así ocurre también en Andalucía.

La llegada del PP y Ciudadanos al Gobierno andaluz después de décadas de mandato socialista prendió todas las alarmas. La preocupación consistía en la supuesta existencia de una agenda "oculta" que daría la vuelta al calcetín, de un sistema sanitario público a la consolidación de un modelo público-privado en perjuicio de la calidad asistencial.

La primera legislatura de un gobierno ajeno al PSOE ha coincidido sin embargo con la irrupción de varias crisis sanitarias, listeriosis y pandemia mediante, que han impedido el acometimiento de reformas de calado o, como han apuntado las fuerzas vivas opositoras, a la adopción de esa llamada agenda "oculta".

La realidad de las cifras señalan que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) dedicó 113 millones más en la sanidad privada en 2021 que en 2018. La partida destinada a convenios y conciertos con los centros de salud privados ha aumentado de los 411 millones en 2018 a 524 millones en 2021, una diferencia que supone un 27,6% más en tres años.

Esta partida incluye servicios asistenciales como diálisis, terapias respiratorias, pruebas diagnósticas y transporte sanitario, entre otros, y, además, el concierto directo con clínicas y centros privados.

En particular, el concierto con las entidades sanitarias privadas ha crecido un 50% en el mismo periodo, desde los 157,9 millones de euros en 2018 a 237,3 millones en 2021. Para evitar la posible distorsión causada por el volumen de dinero que ha llegado desde Europa para mitigar los efectos de la pandemia, es dable mencionar que el incremento del gasto de los conciertos en relación al total del presupuesto con el que ha contado el SAS en los últimos tres años ha sido de un 20,4%. (Del 4,40% en 2018 al 4,49% de 2021.)

Estos datos figuran en la memoria económica de un proyecto de orden de la Consejería de Salud que desarrolla el sistema de convenios y conciertos para la prestación de la asistencia sanitaria en los centros concertados, un reglamento que actualiza el de 1998. Con esta nueva norma, la Consejería de Salud propone modificaciones con objeto de "reducir los costes" y "mejorar" la calidad asistencial.

Mejoras propuestas en el proyecto de orden

El proyecto de orden, señala el texto firmado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria, introduce "nuevos procedimientos de seguimiento de la actividad contratada, así como una mayor eficiencia en la actuación". "La consecución de este proyecto", dice el texto, "tendrá un impacto económico y asistencial favorable en el SAS".

Entre las novedades concretas del proyecto de orden, Salud anuncia que el SAS establecerá una tarifa máxima común para toda Andalucía en la asistencia sanitaria concertada. Lo hará por procedimiento y no por grupos, como era hasta ahora, con la intención de reducir el gasto en los procedimientos más frecuentes y conseguir resolver aquellos que generan listas de esperas o problemas asistenciales. Se establece además una seguridad en el coste total del procedimiento, ya que estarán incluidos todos los fungibles, es decir, los productos de un solo uso y desechables (jeringas, mascarillas, guantes, gasas, etcétera) que quedaban al margen del control del Gobierno andaluz.

Salud confía en lograr así "una racionalización en el gasto de la asistencia sanitaria concertada que redundará en una mayor eficiencia en la gestión de los recursos: bien mediante una reducción del gasto o bien realizando mayor número de procedimientos.

Críticas de Facua

La asociación de consumidores Facua Andalucía, uno de los agentes llamados a presentar aportaciones durante la tramitación de la orden, ha mostrado un "absoluto rechazo" a este reglamento que actualiza el sistema de convenios y conciertos del SAS.

Facua ha manifestado su preocupación por la tendencia del SAS "a suplir con entidades privadas la atención que debe prestar a los ciudadanos", lo que supone una "privatización encubierta" de la sanidad pública y una pérdida de calidad en la atención, un puro ejemplo de la mencionada dialéctica en la gestión sanitaria de las comunidades autónomas, también en Andalucía.