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'caso ere'
Un fracaso del parlamentarismo, ése es el resultado de la comisión de investigación de los ERE, la primera que se constituye en la Cámara andaluza después de 17 años de ausencias. La coincidencia de votos del PSOE y el PP en uno de los tres bloques en que se dividió el dictamen que irá la semana próxima al Parlamento deja a éste casi sin ningún sentido al eliminarse 68 de los 196 puntos. "Lo deja tocado, sino posiblemente hundido", resumió ayer por la tarde el presidente de la comisión, el parlamentario de IU Ignacio García.
Después de seis meses de trabajo, y dos turnos de comparecencias, el dictamen que el miércoles que la semana próxima deberá refrendar el Parlamento es una suerte de zombi sin rumbo donde el único responsable político del caso de los ERE es el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y de modo indirecto, el interventor general de la Junta, Manuel Gómez, por no haber realizado un informe de actuación cuando detectó las irregularidades. Los párrafos relativos a la falta de control del Gobierno andaluz o a su modo de actuar en una suerte de compartimentos estancos, donde cada consejero no sabía que hacían sus subordinados o y éstos también desconocían lo que realizaban los demás, también han sido borrados con los votos conjuntos del PP y del PSOE. En una votación coincidieron, y en las otras dos, el PP se abstuvo, dejando solos a los de IU.
De este modo, el dictamen exime a los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera de cualquier responsabilidad política, así como la ex viceconsejero Agustín Barberá.
Las razones del desbarajuste con que terminó la comisión de investigación se ha debido a dos intereses contrapuestos -los del PP y del PSOE- que terminaron confluyendo en un voto similar. Para el PP, la comisión parlamentaria era un "paripé" entre los dos socios de Gobierno, IU y PSOE, porque sólo centraba las responsabilidades políticas en la Consejería de Empleo, pero los socialistas, a su vez, querían eximir de responsabilidades a todos los cargos menos a Francisco Javier Guerrero. De este modo, la única forma de que Viera o Fernández hubiesen salido señalados es que el PP hubiera votado con IU en determinados puntos, pero los populares optaron por reventar la comisión para reafirmarse en lo que venían sosteniendo: el "paripé".
El dictamen de síntesis que había elaborado Ignacio García realizaba una crítica generalizada a la actuación del Gobierno, censuraba la actuación de "la derecha andaluza y nacional" por inflar el fraude y señalaba como responsables políticos a la cúpula de la Consejería de Empleo, donde en julio de 2001 se firmó un convenio del que resultaron 1.217 millones de euros a ayudas a trabajadores afacetados por los ERE y a empresas. Una de las condiciones de IU para entrar en el Gobierno de coalición con el PSOE era la formación de esta comisión de investigación, para la que consiguió, además, que asistieran como comparecientes el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor, Manuel Chaves. A partir de entonces, IU suavizó su postura frente al caso de los ERE; dejó de señalar a Griñán, y su líder, Diego Valderas, se retractó de la petición de dimisión que realizó para la actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.
Por eso, para el portavoz del PP, Carlos Rojas, "IU ha hecho el ridículo, porque se ha confirmado el paripé". El PSOE no sale tan contento como el PP, pero salva las acusaciones políticas, y los populares logran desacreditar una comisión de un caso que, finalmente, se dirimirá en los juzgados.
"Si no un fracaso, no siento ninguna satisfacción, al menos por lo que se refiere al dictamen, aunque creo que la documentación aportada y las comparecencias sí han servido para mucho", indicó anoche un entristecido Ignacio García. Más duro fue su compañero de partido, José Antonio Castro, portavoz parlamentario de IU, que aseguró lo siguiente: "Me siento engañado, sino asqueado con lo ocurrido, el bipartidismo en acción [por el PP y el PSOE] ha enajenado esta comisión; se carga mucho del relato de los hechos, y nos encontramos ante un texto inconexo e, incluso, sin sentido". El propio Ignacio García reconoció que aún no sabe qué sentido tendrá el dictamen final una vez que se hayan eliminado tantos puntos.
Para el PP supone una doble victoria, porque de un lado consigue reventar una comisión en la que no creyó desde que se constituyó en el mes de junio y, por otro, abre una brecha de desconfianza entre los dos socios de gobierno: IU y PSOE. Castro aseguró que él entendía que el pacto de Gobierno quedaría afectado, mientras Ignacio García prefirió guardarse su opinión al respecto.
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