La juez confirma un fraude de 5 millones en cursos de formación

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, que investiga al empresario sevillano José Sivianes Sánchez, propietario de la entidad Formación Integral para el Empleo, ha confirmado en un auto que hay indicios de la presunta comisión de cuatro delitos en relación con las ayudas que por importe de 5,6 millones de euros recibió esta empresa en ayudas públicas para la realización de cursos de formación.

El auto de la instructora considera que los hechos investigados hacen presumir la "posible existencia" de varias infracciones penales: delitos contra la Hacienda Púbica, blanqueo de capitales, falsedad documental y fraude de subvenciones. Estos delitos se habrían cometido, según la magistrada, "aprovechando la prestación de servicios de formación por los que se han percibido importantes subvenciones de la Junta de Andalucía en los años 2010 y 2011".

El modus operandi que habrían empleado el empresario José Sivianes y su empresa para justificar las subvenciones recibidas de la Junta tendría un doble operativo. De un lado, Sivianes habría empleado "facturas falsas" para justificar ante la Junta de Andalucía que la ayuda recibida se recibió para los fines destinados y, de esta forma, "se presentan facturas como las de alquiler de ordenadores y material de oficinas" expedidas por las empresas Vicafer Gestión S. L. y Bio Oil Doñana S. L. "pese a tratarse de sociedades que operan en el mercado mayorista del aceite y que, por tanto, no tienen aparente relación con el sector de la formación".

El otro método empleado, detalla la instructora en el auto, consistiría en que José Sivianes se coordinaría con varias personas -presuntos testaferros- que estarían incluidas en el régimen de módulos para que "facturen por importes cercanos a los 450.000 euros por la cesión de profesorado y justificar así, ficticiamente, ante la Junta de Andalucía, el empleo de tales importes en los cursos de formación".

En la causa están imputadas actualmente nueve personas: el empresario José Sivianes, su esposa, y seis personas que actuaban como supuestos testaferros. Uno de esos testaferros habría obtenido un rendimiento de 300.000 euros en sólo diez meses de actividad, según han acreditado las investigaciones realizadas por la unidad combinada de la Inspección Tributaria y Vigilancia Aduanera de Huelva, en el marco de la denominada operación Hytaca.

El último imputado, que declarará a finales de octubre próximo es el asesor fiscal de José Sivianes, de quien la juez aprecia indicios de su participación en los delitos mencionados.

La instructora ha decidido además citar a declarar para noviembre próximo a cuatro profesores que fueron contratados por la empresa Formación Integral para el Empleo para la realización de los cursos.

El propietario de la empresa investigada, José Sivianes, defendió en su declaración ante la juez que no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen, ya que, en su versión exculpatoria, sostuvo que era la propia Junta de Andalucía la que estipulaba el precio de los cursos, que eran examinados por un auditor externo y, por consiguiente, no eran excesivos. "Yo no soy quien realmente pone el precio, lo pone la Administración y cuando lo pone es porque realmente ve que el precio es el adecuado", llegó a manifestar Sivianes, que añadió que la Junta permitía la contratación del servicio externo docente hasta el 80% de la subvención. Según el empresario, cuando presentaba las facturas para justificar las ayudas, le decían que "no es un precio que esté fuera de mercado y exagerado", sino que era admitido por la Administración autonómica.

En el mismo auto que ha ampliado la imputación a una novena persona, la juez ha aceptado la personación de la Junta de Andalucía en esta causa como parte perjudicada y ha acordado expresamente requerir a la Administración para que "cuantifique a la mayor brevedad el perjuicio ocasionado al erario público".

El empresario imputado también aseguró en su declaración judicial que todos los cursos subvencionados por la Junta dirigidos a los parados llegaron a realizarse y cuantificó en más de 200 cursos y 2.500 alumnos los beneficiarios de los mismos. Según declaró el imputado, lleva casi toda su vida profesional dedicada a la formación, campo en el que acumula una experiencia de más de 20 años, si bien los investigadores afirmaron en un informe que se trata de un empresario que "no desarrolla una actividad mercantil normal" ni tiene una "rutina propia de un empresario".