Concierto, ¿qué es un concierto?

El acuerdo fiscal vasco y navarro se introdujo en el siglo XIX como una concesión por la pérdida de los fueros, fue respetado por todos los gobiernos y, en parte, por el franquismo, hasta que la Constitución del 78 lo amparó como un "derecho histórico"

Los nacionalistas catalanes no lo introdujeron en sus peticiones hasta 2012, cuando Artur Mas chantajeó a Rajoy con la convocatoria del referéndum

Susana Díaz rechaza el concierto de Cataluña

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto al consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, en una reunión de la Comisión Mixta del Concierto Econímico Vasco.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto al consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, en una reunión de la Comisión Mixta del Concierto Econímico Vasco. / Juan Carlos Hidalgo/EFE

Concierto, ¿qué es un concierto? La aspiración de los independentistas catalanes de lograr un pacto fiscal propio para su comunidad se inspira en el denominado Concierto Económico Vasco, una institución de más de dos siglos de vigencia que se deriva de los fueros medievales y que fue respetada por todos los gobiernos de la Restauración, por la República y, en parte, por el régimen de Franco, a pesar de su rareza dentro de un Estado moderno. La reivindicación catalana, aceptada ahora por el Gobierno del PSOE, es nueva. Fue Artur Mas quien por primera vez la formuló en 2012 ante Mariano Rajoy como una moneda de cambio, no aceptada, para frenar el referéndum de independencia. Concierto o pacto o financiación singular signfican lo mismo en este caso, se trata de un sistema fiscal similar al vasco, y si éste fue de por sí polémico durante estos dos siglos, el catalán lo será aún más, pues se trata de un nuevo artefacto anacrónico impropio de los sistemas liberales.

El ministro de Hacienda del Trienio Liberal ya se quejaba de lo "lastimoso de las exenciones" vascas para el resto de España

"Nada es más lastimoso para España que el resultados de las exenciones de las provincias vascongadas, tan provechosas para ellas como ruinosas para las demás". Esto lo escribía en 1820 quien fuese ministro de Hacienda durante el Trienio Liberal, José Cangas-Argüelles, que también lo fue durante la Guerra de la Independencia, además de diputado en las Cortes de Cádiz y redactor de los primeros presupuestos nacionales de la historia de España. Desde la creación del Estado liberal, que podemos hacerlo coincidir con la Constitución gaditana de 1812, los llamados fueros de los territorios vascos y navarro de los que se derivaban la exención fiscal se convirtieron en el objeto del debate nacional, ¿se trataban de un privilegio o un derecho? ¿Eran compatibles con un nuevo Estado que dejaba atrás las instituciones del Antiguo Régimen?

Después de las guerras carlistas, un 28 de febrero de 1878, Antonio Cánovas del Castillo, malagueño, presidente del Gobierno y artífice de la Restauración, suprimía de modo definitivo los fueros de los territorios vascos, pero a cambio, y a modo de concesión, otorgaba a sus diputaciones un Concierto Económico por el que éstas recaudarían los impuestos en sus provincias a cambio de pagar una cantidad a España, el llamado Cupo. Esta institución, aunque cuestionada, fue respetada por los gobiernos posteriores, incluso la dictadura de Franco mantuvo el concierto de Álava y Navarra, aunque suprimió los de Vizcaya y Guipúzcoa porque fueron provincias que apoyaron a la República durante la Guerra Civil. Concierto, aunque con el nombre de singularidad fiscal, y cupo figuran en el acuerdo firmado en julio pasado entre el PSC y ERC.

Los fueros, una singularidad española

De origen medieval, el fuero no era una singularidad propia de los territorios vascos, sino de toda España, era un derecho propio que se otorgaba a villas y comunidades para atraer población por medio de algún privilegio económico o legal. Los fueros de las provincias vascas y navarras, provincias consideradas "exentas", sobrevivieron a la Guerra de Sucesión (1700) y al alumbramiento de un Estado liberal, pero nunca dejaron de ser polémicos por su presunta incompatibilidad con una España que se iba desprenediendo de las viejas instituciones. La Constitución de Bayona de 1808, por ejemplo, la de José Bonaparte, los anuló, y la de Cádiz no los cita, pero las oligarquías vascas la entendieron como compatible. Los fueros no estuvieron en el origen de las guerras carlistas, que fueron guerras entre pretendientes al trono, aunque sí se convirtieron en una reivindicación secundaria que, en ocasiones, fue aceptada por los liberales como modo de atraer a la población con el lema de "paz y fueros". Cánovas zanjó la cuestión con el concierto.

La mayor crítica que se le hace al modelo de Concierto es el cáluculo del Cupo, que es la cantidad anual que el País vasco paga a la hacienda española. Hasta 2026, serán 1.472 millones de euros cada año, que se derivan de considerar el PIB vasco como el 6,24% del nacional. La primera ley del período democrático que regula este pacto fiscal es de mayo de 1981, que tuvo una vigencia de 20 años, y que fue reemplazada por otra de 2022 que es permanente, pero el cáculo del Cupo suele obedecer a una negociación opaca entre el PNV y el Gobierno de turno, PP o PSOE.

El concepto de lo que el País Vasco paga cada año obedece al cálculo del gasto de las competencias no transferidas a su Gobierno autonómico y que, por tanto, el Ejecutivo central sigue ejerciendo en este territorio, de ahí que la tendencia del PNV haya sido siempre la que atrapar todo tipo de funciones para reducir esa cantidad. A cambio, el Estado no asume la cobertura de los gastos públicos de esta comunidad ni siquiera en tiempos de crisis, como sucedió e raíz de la que comenzó en 2008. No obstante, hay conceptos muy discutidos, como el de las pensiones, que son deficitarias en el País Vasco y que se financian con la caja común de toda España y ésta, a su vez, con los Presupuestos Generales del Estado, en cuya tributación no participan del todo los vascos.

La Constitución de 1978 fue algo más allá que las anteriores, al ser la primera en recoger los "derechos históricos" de los territorios forales. Es de esta disposición adicional de la que se deriva el Concierto y el Cupo, que adquirirían rango de ley en 1981. Durante esos debates constitucionales a Jordi Pujol, presidente de la Generalitat desde 1980, se le ofreció un concierto similar para Cataluña, pero Convergencia lo rechazó para recuperalo Artur Mas 32 años después.

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