Los concejales cobraron sobres por más de 3,2 millones de euros

El Tribunal encargado de enjuiciar el caso Malaya ha condenado a 15 de los 17 concejales que integraban el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Marbella, a los que imputa, en casi todos los casos, el delito de cohecho pasivo tras considerar probado que cobraron cantidades económicas a cambio de facilitar con sus decisiones "el urbanismo a la carta" diseñado por Juan Antonio Roca, cerebro de la trama de corrupción. En concreto, de acuerdo con los archivos de Maras, sobre los que se asientan buena parte de los hechos probados, los ediles habrían percibido más de 3,2 millones de euros en sobres.

Si bien el Tribunal destaca en el fallo la "gravedad" de los hechos, "la alarma social" generada y "el enorme perjuicio que estos sistemas de corrupción generalizada suponen para los ciudadanos", el delito por el que se condena a la mayor parte de los políticos objeto de la causa es el "más leve", dada la dificultad de probar individualmente la procedencia del dinero percibido.

De los actores políticos condenados, a excepción de Marisol Yagüe, Isabel García Marcos, Julián Muñoz y Tomás Reñones, todos lo son sólo por cohecho pasivo; es decir, por servir a modo de peón en los planes diseñados previamente por Roca, que, asevera la Sala, no entregaba los sobres a los concejales de forma directa, sino a través de los tres portavoces de las diferentes formaciones que participaron en la moción de censura: Yagüe, Marcos y Fernández.

El fallo constata que los concejales implicados transgredieron la eficacia con la que debe actuar cualquier funcionario público. "Hicieron verdadera dejación de funciones y toleraron el urbanismo a la carta que propició Juan Antonio Roca a cambio de percibir ilegalmente las dádivas que de manera institucionalizada repartía" el cerebro de la trama con dinero procedente de los empresarios. Cantidades que estos pagaban a cambio de mejoras en los aprovechamientos urbanísticos.

Lejos de la tesis de algunos de los condenados, que aludieron a que el dinero era consecuencia de un incentivo salarial, la Sala habla de "sobres entregados clandestinamente, con absoluta opacidad" por los cabezas de lista del partido. "¿Es lógico creer que de un sueldo de 3.000 euros mensuales se puede derivar un incentivo entre dos o diez veces superior cada cierto periodo de tiempo?", cuestiona el Tribunal, que llega a la conclusión de que buena parte de los concejales "tenían plena conciencia de que estaban recibiendo unas cantidades elevadas de dinero de forma absolutamente ilegal".

Al margen del delito de cohecho pasivo, la ex alcaldesa marbellí Marisol Yagüe es la que sufre una mayor condena, de hasta seis años de prisión (pedían 16) y una multa de dos millones, por malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo, alteración del precio de concursos. En el caso del cohecho, el Tribunal da veracidad a los archivos de Maras, de un lado, y al testimonio de Roca, según los cuales percibió del orden de 1,8 millones. La ex regidora lo negó en el juicio, circunstancia que provocó una de las escenas más curiosas del procedimiento cuando Roca la desmintió: "Lamento disentir contigo, cariño, pero te he dado dinero". En el caso de Yagüe se alude, además, a que la "dádiva" que recibió se diversificó, recibiendo no sólo "elevadas cantidades", sino también varios vehículos a motor "pagados" por el empresario Ismael Pérez Peña.

Éste es clave en los otros delitos por los que se condena a la que fuera alcaldesa, caso de la malversación. El mismo se sustancia en la entrega que Yagüe hizo a Pérez Peña de un Rolls Royce propiedad municipal a modo de compensación. Asimismo, es condenada por alteración del precio de concurso y subastas públicas, delito que también recae sobre Isabel García Marcos, al maniobrar para que el servicio de la grúa municipal fuese asumido por el empresario.

Según la sentencia, ante la amenaza de Pérez Peña de "tirar de la manta" el equipo de gobierno le ofrece la adjudicación de este servicio y la modificación al alza de las tarifas. Según el Tribunal, se puede concluir que el procedimiento fue una "pantomima" e incluso habla de "la ficción con la que se plantea toda la operación de la subasta de servicio público municipal".

García Marcos es condenada a cuatro años (pedían 12) por alteración de precios de concursos, ya comentado, y cohecho. La sentencia admite que la que fuera teniente de alcalde de Marbella recibió importantes cantidades de dinero de Roca, y alude a que en su casa fueron encontrados 380.000 en una caja fuerte. Dinero que ella justificó como resultado de sus ahorros, algo que desacredita el Tribunal. "La realidad es que la Sra. García Marcos falta a la verdad descaradamente. Está en su derecho a mentir, pero no puede hacer creer a la Sala la procedencia lícita del dinero que refiere, que da como explicación, sin prueba objetiva y fehaciente alguna. El Tribunal tiene la firme convicción de que tales cantidades obedecen a las dádivas que le entrega el Sr. Roca a cambio de su estrecha colaboración en la corrupción generalizada existente en el Consistorio marbellí".

Y para sustentar esta afirmación, destaca el contenido de las conversaciones grabadas. En una de ellas, García Marcos deja constancia de "su ilícita actividad". "Digo, si él tiene dudas y me consulta dudas, vale dinero, yo soy consultora. Yo hago un papel, vale dinero, si me consulta una duda de un papel que tiene que hacer él, vale dinero, esto funciona así. Digo, y tu adviértele", afirma la ex teniente de alcalde en una de las grabaciones.

La condena a la que hace frente Julián Muñoz es de 2 años de cárcel y 16 de inhabilitación por fraude y prevaricación; en ambos casos por la operación Vente Vacío. En la misma, de acuerdo con al documentación, el Ayuntamiento sufrió un perjuicio económico de casi 1,4 millones de euros en la firma de convenio para hacerse con un suelo rústico para la construcción de un vertedero. Fue Roca quien compró esa parcela "a escaso precio, y sencillamente a través de la opacidad que le generan sus empresas y de sus testaferros, contacta con empresas amigas y la vende, tras conveniar con el Ayuntamiento una permuta de dicha parcela por aprovechamientos urbanísticos situados en zonas urbanizadas de prestigio". En concreto, la finca permutada fue adquirida por apenas 30.350 euros meses después de la firma del acuerdo, si bien en el convenio se valoró en casi 1,9 millones de euros.

De otro lado, son igualmente condenados por el delito de cohecho Rafael del Pozo, quien fuera jefe de la Policía Local de Marbella, y Leopoldo Carabante, quien fuera secretario del Ayuntamiento. Ambos a 18 meses de prisión.