Andalucía y las comunidades gobernadas por el PP piden la retirada parcial del decreto ahorro energético

Andalucía y las demás comunidades autónomas gobernadas por el PP han pedido al Gobierno la retirada del capítulo 1 del título 5 del decreto de ahorro energético, en el que se recogen las limitaciones a la climatización e iluminación de los edificios, para poder dialogar y permitir a las comunidades ejercer sus competencias.

En un receso de la conferencia sectorial convocada para analizar con los consejeros autonómicos los detalles del plan de ahorro y "despejar dudas" sobre el alcance y aplicación de las medidas que entran el miércoles en vigor, el consejero de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha informado de esta posición común de las regiones gobernadas por el PP y ha manifestado que, si no se retira ese capítulo, no apoyarán el decreto.

Ha explicado que piden al Gobierno "acordar el qué, pero que deje actuar a las comunidades autónomas en el cómo" ejecutar el ahorro energético en virtud de sus competencias autonómicas y ha alegado además que la "Unión Europea no impone a los Estados un plan de ahorro de energía pero el gobierno español sí lo impone a las regiones sin discutirlo ni negociarlo".

Ha precisado que no demandan la retirada completa del decreto sino de las medidas energéticas recogidas en la norma para ejecutar el ahorro con el objetivo de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez negocie con las comunidades cómo conseguir un ahorro desde "las competencias autonómicas que son de desarrollo energético".

El llamado Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización prevé, entre otras medidas, el ajuste de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses y aeropuertos. Según el consejero, el asunto tiene tanta importancia que justificaría una reunión de la conferencia de presidentes.

Ha dejado claro que la Junta "apoya sin fisuras la idea de reducir el consumo", pero ha mostrado su malestar por no haberlo dialogado con las comunidades ni con los sectores afectados y hacerlo como una imposición cuando la UE no lo ha hecho así. "Nos hubiera gustado ejercer nuestras competencias y un proceso consultivo y dialogado sobre cuánto tenemos que ahorrar y las regiones pudieran elegir cómo adaptarse en función de las características" de cada territorio, ha señalado.

Además, ha añadido que la UE ha planteado a los Estados plazos hasta el 31 de marzo mientras que el Gobierno lo ha fijado en el 31 de octubre y ha establecido un "régimen sancionador extremadamente punitivo".

Asimismo, ha apuntado que en su planteamiento de ahorro energético el Gobierno no aborda la raíz del problema como es el precio de la energía y ha destacado que "la economía y las familias son sabias porque ajustan su consumo con la factura de la luz más alta de la historia, de casi el doble que hace un año". Por ello, ha indicado que a la Junta le gustaría trabajar para desarrollar su potencial en energías renovables con más infraestructuras de transporte y de evacuación y también por la vía de los incentivos.

La reunión está presidida por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, junto con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y en representación de Andalucía han asistido también el consejero de Turismo y la consejera de Empleo, Rocío Blanco.