El "club" de los ERE

No hubo ningún "club" para cometer el presunto fraude de los ERE. La expresión ha sido empleada este martes por el ex viceconsejero de Innovación de la Junta Jesús María Rodríguez Román para negar el concierto de centenares de personas para cometer un presunto fraude relacionado con el pago durante una década de las ayudas sociolaborales y a empresas con fondos públicos de la Junta de Andalucía.

En la vigésimo tercera sesión del juicio por el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas bajo sospecha, el ex viceconsejero de Innovación ha negado precisamente, a preguntas de su abogado defensor, José Manuel García-Quílez, que se creara ese sistema para incumplir la legalidad.

El letrado le ha preguntado si tuvo alguna participación en la creación de ese procedimiento para supuestamente cometer el fraude. "Es complicado contestar a eso porque no sé cómo se puede poner de acuerdo a tantas personas para hacer algo que desconocíamos y cargos públicos de distintas fechas. ¿Cómo se hacía? ¿Había una contraseña para entrar en el club? Duele bastante", ha afirmado Jesús María Rodríguez Román.

En este sentido, el ex alto cargo ha insistido que, situándose en la realidad que conocían entre los años 2005 y 2010, nadie era consciente de que estuvieran cometiendo irregularidades. "Le aseguro que ni yo ni la mayoría de las personas que están aquí, teníamos conocimiento ni sospecha de que pudiera haber algún tipo de irregularidades", ha manifestado con vehemencia.

El acusado, que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, también ha rechazado que el programa de ayudas sociolaborales haya generado un menoscabo de fondos públicos. "Si no conocíamos que hubiera irregularidades no podíamos tener sospecha de nada", ha aseverado.

En esta segunda jornada de su declaración ante el tribunal, el ex alto cargo ha reiterado, como ya dijo el pasado lunes, que no conoció ningún convenio de ayudas particulares suscrito entre la Consejería de Empleo y la agencia IDEA, de la que fue vicepresidente entre 2005 y 2010 coincidiendo con su cargo en Innovación, y ha subrayado que todas las operaciones materializadas en relación con el pago de las ayudas "venían respaldadas por la secretaría general y la asesoría jurídica" de la agencia. Rodríguez Román ha dicho que al haber pasado por ambos órganos era lo que daba la "seguridad" a todas las operaciones que se aprobaron en el Consejo Rector de la agencia, hasta el punto de que "no se planteó ninguna duda o sospecha de la legalidad" de los acuerdos que se suscribían en dicho Consejo Rector.

El fiscal delegado de Anticorrupción le ha puesto de manifiesto que en junio de 2011 la deuda generada por las ayudas era de 421 millones, pero el ex viceconsejero ha subrayado que en la agencia IDEA "no había ningún déficit" porque, ha agregado, todas las operaciones aparecían en las cuentas generales de IDEA, por lo que era "público y notorio".

Su misión, ha agregado, consistió en intentar equilibrar los desfases presupuestarios causados por los compromisos adquiridos por la Consejería de Empleo y las transferencias de financiación que llegaban al IFA/IDEA, pero todo ello "con la seguridad de que a la agencia no le producía ningún problema" ese déficit, dado que "no afectaba a la cuenta de resultados" de la agencia y las cuentas de la entidad "siempre reflejaban el patrimonio fiel" de la misma.

Rodríguez Román ha afirmado igualmente que a IDEA "nunca" se le puso reparo a la firma de los convenios particulares con Empleo para el pago de las ayudas sociolaborales que gestionaba Empleo y del que desconocía el procedimiento que tenía esta Consejería para la concesión de las ayudas.

Así, sobre el convenio marco del 17 de julio de 2001 por el que se otorgaban las ayudas, el acusado ha dicho que lo que sabe es por lo que se ha exhibido en el juicio, si bien ha precisado que en los presupuestos de la Junta también se hacía mención al mismo.

Por último, ha reiterado en relación con el informe adicional al de cumplimiento de la Intervención General relativo al ejercicio 2003, que se notificó en 2005, que el director general de IDEA le comentó el contenido y le dijo que la agencia "no tenía que hacer absolutamente nada".

La sesión de este martes continuó con la declaración del que fuera secretario general técnico de la Consejería de Empleo Javier Aguado Hinojal, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.