Las diez claves de los regadíos de Doñana: un problema con origen en los años 90
Medio ambiente
La polémica por la proposición presentada por PP y Vox para regularizar los regadíos de la corona norte de Doñana sigue vigente cuando ya ha empezado la campaña para las elecciones del 28-M
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La polémica por la iniciativa parlamentaria del PP y Vox para regularizar regadíos en la corona norte de Doñana sigue vigente cuando ha empezado la campaña para las elecciones del 28-M y se avivará con la manifestación convocada este domingo en Sevilla por la plataforma Salvemos Doñana.
Esta proposición de ley que está tramitando el Parlamento de Andalucía ha suscitado una controversia a la que no escapan las instituciones -Gobierno, Junta de Andalucía, ayuntamientos afectados (Almonte, Moguer, Bonares, Rociana del Condado y Lucena del Puerto) y la Unión Europea-, los partidos políticos en plena campaña, los agricultores y buena parte de la sociedad.
Estas son las diez claves de una problemática que afecta tan solo a un 4% de la producción de frutos rojos de la provincia de Huelva, la mayor productora nacional, pero implica a un enclave tan singular y protegido como el Parque de Doñana en una época de grave sequía.
1. El germen del problema hay que buscarlo en la expansión no planificada de regadíos que se produjo en la zona a finales de la década de los 90 y principios del siglo XXI.
El Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD), un documento aprobado en 2004 y que recogía los suelos en función a sus distintos usos, recomendaba la redacción de un plan de ordenación de esos regadíos para controlar el recurso hídrico y proteger el espacio.
2. Diez años más tarde fue aprobado por el Gobierno andaluz el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana para una superficie de 64.457 hectáreas, de las que se consideraban inicialmente como regables unas 9.340 que cumplían los requisitos de ser terrenos agrícolas en regadío en 2004 (fecha de entrada en vigor del POTAD), y haber mantenido su actividad en los siguientes años.
3.- En ese momento, algunos agricultores comenzaron ya a mostrar su rechazo por quedar sus regadíos fuera de esa ordenación y en 2012 crearon la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. En 2016 el PP presentó una primera proposición no de ley en el Parlamento autonómico para revisar el plan.
Dichos agricultores, en su mayoría, han seguido regando este tiempo, afrontando sanciones y cierres de pozos de los que captaban agua ilegalmente.
4. La llegada del PP al Gobierno de la Junta de Andalucía en 2018 supuso un acicate para los objetivos de estos agricultores de ver reconocidas sus tierras. En 2022, el PP, Cs y Vox presentaron una proposición de ley, si bien decayó con la convocatoria de las elecciones autonómicas.
5. Este 2023, ya con mayoría absoluta, el PP, junto con Vox, ha vuelto a presentar la iniciativa "mejorada" con propuestas que hicieron otros partidos que, actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria, y que ha suscitado toda una serie de cruces de declaraciones entre representantes políticos así como el rechazo de los ecologistas.
6. Entre los defensores de la medida está la Junta de Andalucía, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado y las organizaciones agrarias, que sostienen que la iniciativa viene a solucionar "un problema histórico", que sólo habla de ordenación del territorio y no de agua, y que preserva Doñana, ya que esas tierras susceptibles de legalización solo podrán ser regadas con agua superficial cuando la haya.
7. En el lado contrario están el Gobierno central, que ha reclamado en reiteradas ocasiones a la Junta de Andalucía la retirada de la iniciativa; las organizaciones conservacionistas, muy críticas con una medida que entienden que llevaría a la desaparición a la Doñana actual; y el Ayuntamiento de Almonte y buena parte de sus agricultores que la consideran "dañina" para los intereses del sector.
8. La Comisión Europea ha advertido de posibles sanciones de aprobarse la iniciativa al contravenir la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) que condenaba a España a adoptar medidas frente a la sobreexplotación de los recursos hídricos del espacio natural.
9. La proposición de ley sigue su tramitación parlamentaria, aunque está paralizada hasta después de las elecciones del 28 de mayo.
10. El último capítulo, por ahora, en torno a esta proposición se vivirá mañana domingo en Sevilla, donde tendrá lugar una manifestación convocada por la Plataforma Salvemos Doñana, auspiciada por más de 40 colectivos, para pedir su retirada, la implementación del Plan de 2014 y otras alternativas de desarrollo para el espacio natural.
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