Ocho claves para entender la lucha por derribar el hotel en El Algarrobico

El hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en el parque natural Cabo de Gata, ha sido en las últimas dos décadas protagonista de una lucha ecologista para lograr su derribo, un hito que sigue sin fecha y pendiente de la revisión de oficio de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Carboneras (Almería).

El gobierno en minoría del PP en este municipio del Levante Almeriense no ha logrado sacar adelante este jueves una modificación del acuerdo adoptado el pasado abril para declarar no urbanizable el paraje donde se levanta esta mole inhabitada de ladrillo, convertida ya en todo un símbolo de la degradación del litoral español.

Este nuevo paso municipal, que otra vez queda en el aire, buscaba facilitar la nulidad de la licencia otorgada al hotel y ha llegado tras el recurso presentado por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Para llegar hasta aquí ha acontecido una prolongada y compleja maraña judicial, centrada en la consideración del carácter urbanizable o no del suelo, que vuelve desde este jueves a un punto muerto y puede concretarse en las siguientes claves:

La licencia

La licencia de obras del hotel se aprobó en enero de 2003. Casi veinte años después, en diciembre de 2022 el Tribunal Supremo consideró que todavía era "plenamente legal", de acuerdo al planeamiento urbanístico vigente, aunque determinó que el Ayuntamiento procediera a su revisión.

Precisamente, el consistorio trasladó al TSJA a finales del pasado octubre que revisaría de oficio dicha licencia.

La paralización

Las obras del hotel comenzaron en mayo de 2003 y fueron paralizadas en febrero de 2006 por un juzgado de Almería, en respuesta a una demanda presentada contra su edificación por la asociación ecologista Salvemos Mojácar.

A finales de marzo de 2008, el TSJA ratificó la suspensión cautelar de las obras y, en septiembre de ese mismo año, un juzgado de Almería dictó la nulidad de la licencia concedida en 2003, por lo que el Ayuntamiento anunció que recurriría tal decisión judicial.

Comienza la maraña judicial

En 2009, la Junta de Andalucía recurrió ante el Supremo el dictamen del TSJA contra el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar de 2008, que liberaba de protección la zona de la playa donde se encuentra el hotel.

En octubre de 2010, el Supremo dictaminó que el suelo del entorno de El Algarrobico era de máxima protección y, a finales de marzo de 2012, desestimó el recurso de Carboneras contra la decisión de la Audiencia Nacional de mantener el deslinde de 100 metros desde la línea de costa.

Un convenio para el derribo

En noviembre de 2011, Junta y Gobierno firmaron un convenio que estipulaba que el Ejecutivo central asumiría la demolición del inmueble, y el andaluz la restauración de la zona. En febrero de 2016 el Ministerio de Agricultura anunció que participaría al 50 % tanto en los gastos de demolición del hotel como en los de desescombro y restauración.

En junio de 2012, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó una resolución por la que se declaraba como espacio protegido no urbanizable la zona en la que se encuentra el complejo hotelero. Ese mismo año, el TSJA anuló el Plan de Ordenación 2008 y restableció el paraje como espacio protegido no urbanizable.

Los tribunales siguen al frente

En 2014 se produjo una cascada de sentencias del TSJA, que en marzo declaró urbanizable el suelo sobre el que se asienta el Algarrobico, en julio falló a favor de la licencia municipal y en diciembre acordó suspender las actuaciones sobre el nivel de protección del parque.

Ya en mayo de 2015, el alto tribunal andaluz resolvió no anular la sentencia municipal de licencia de obras. En febrero de 2016, el Supremo falló contra la sentencia del TSJA que declaró urbanizable el terreno en el que se edificó el hotel.

La Junta actúa

En mayo de 2020 se anunció que los servicios jurídicos de la Junta estudiaban la posibilidad de ejercer la vía civil en el caso del hotel, ya que para poder demolerlo debía ejercer el derecho de retracto (adquisición preferente) y estar en posesión del mismo.

Un mes más tarde, el Gobierno pidió a la Junta que convocara la comisión mixta de seguimiento prevista en el protocolo firmado en 2011.

¿Debe ser indemnizada la constructora?

En noviembre de 2012, el Supremo desestimó un incidente de nulidad presentado por la promotora del hotel y dictaminó que no tenía derecho a indemnización en caso de derribo, al considerar que debió adaptar el proyecto a la Ley de Costas.

En febrero de 2021, la Audiencia Nacional rechazó la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de la Junta y del Ayuntamiento por los daños económicos a la promotora del hotel.

Además, el Consejo Consultivo de Andalucía publicó en enero de este año un dictamen que rechazaba que la Junta debiera indemnizar a la sociedad Azata Patrimonio con más de 28,8 millones de euros.

Sin embargo, en diciembre del año pasado, el TSJA acordó que se designara a un perito judicial para determinar el valor que tenían las fincas de El Algarrobico en 2006 para conocer la posible merma económica sufrida por la constructora, dentro de uno de los dos procedimientos de responsabilidad patrimonial aún pendientes en el alto tribunal andaluz.

La situación actual

El Supremo determinó en diciembre del año pasado que la licencia del hotel es "plenamente legal" en la actualidad y que el Ayuntamiento debía proceder a su revisión. Como paso previo, el pasado 26 de abril el pleno de Carboneras eliminó la clasificación urbanística vigente en El Algarrobico.

El gobierno local justificó esta medida por los "efectos sobrevenidos" al planeamiento vigente por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Sin embargo, este mismo año la Junta trasladó al TSJA que el paraje de El Algarrobico es "suelo no urbanizable de especial protección desde 1994", por lo que pidió al alto tribunal que ordenara al Ayuntamiento reflejarlo así "en sus documentos" y "decisiones". El trámite de este jueves, ahora en el aire, estaba ligado directamente con este recurso.