Las claves de la vuelta al cole en Andalucía: del Covid a la ley Celaá

Llega el 10 de septiembre y con él un nuevo curso escolar. Este viernes serán los niños de entre 3 y 12 años los que regresen al aula tras las vacaciones de verano. Poco ha cambiado el protocolo anti Covid en los colegios respecto a como estaban antes de los meses estivales. Prácticamente es el mismo, debido a que la población con esta edad aún no ha sido vacunada. La pandemia seguirá condicionando un ejercicio académico, una situación sanitaria que ha provocado varios frentes políticos entre las distintas administraciones con competencias en la enseñanza pública.

El último de ellos lo han protagonizado varios ayuntamientos, que han instado a la Junta de Andalucía a que corra con los gastos que acarrea la desinfección de los centros de Infantil y Primaria, una exigencia a la que la consejería que dirige Javier Imbroda ha respondido que es competencia municipal. El refuerzo de la plantilla docente para hacer frente al coronavirus también ha sido motivo de desavenencias, especialmente por parte de los sindicatos de enseñanza, que consideran que debería mantenerse como el curso pasado, al 100%.

En este ejercicio académico empezará a desarrollarse la polémica reforma educativa del Gobierno de Pedro Sánchez, la denominada ley Celaá, que ha contado con la oposición de la Junta de Andalucía en sus principales cambios. El Ejecutivo central quiere ahora hacer lo mismo con la FP, una educación posobligatoria que ha registrado gran demanda en Andalucía los últimos años y que se pretende relanzar y vincular plenamente con los tejidos productivos más cercanos. A continuación se detallan las claves del curso escolar 2021/22:

La pandemia

Será el tercer curso marcado por el Covid, un virus que hizo saltar por los aires el modelo educativo tradicional que había estado vigente en las aulas andaluzas hasta marzo de 2020. La realidad a la que se enfrenta la comunidad educativa de los colegios a partir de este viernes apenas se diferencia de la de septiembre del año pasado, cuando entraron en vigor una serie de medidas para hacer frente a los contagios, la mayoría de las cuales permanecen. La principal diferencia es que el distanciamiento entre alumnos pasará de los 1,5 metros de entonces a los 1,2 de ahora, lo que permitirá aprovechar un poco más el aforo de las aulas. Las mascarillas seguirán siendo obligatorias, tanto en los espacios interiores como en las zonas al aire libre, por lo que habrá que hacer uso de ellas durante el recreo.

También se recomienda que las entradas y salidas a los centros educativos sean escalonadas, para evitar aglomeraciones; que se habiliten varios accesos; que se establezcan itinerarios marcados por la señalización; y el continuo empleo del gel hidroalcohólico. Unas pautas que contribuyeron el curso pasado a que los colegios fueran "entornos seguros" y que más del 90% estuvieran libres de Covid, pese al temor de muchas familias en el arranque de las clases.

Tales medidas, sin embargo, pueden derogarse o flexibilizarse conforme avance el curso, especialmente cuando dicha población escolar se encuentre vacunada. La Junta de Andalucía ha puesto ya una fecha para ello: a finales de octubre comenzarán a administrarse las dosis correspondientes a los menores de 11 años, un proceso que durará un mes y que se llevaría a cabo en los colegios, lo que evitaría los desplazamientos a los centros de salud y contribuiría a la conciliación familiar y laboral de los padres. Frente a las previsiones del Ejecutivo de Juanma Moreno, el Gobierno central ha mostrado una actitud más escéptica, hasta el punto de poner en duda de que dicho calendario sea factible.

El objetivo principal, como ha advertido el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, es impedir una sexta ola "pediátrica", en la que los contagios afectarían principalmente a estos niños, que en toda Andalucía suman, según detalló el vicepresidente Juan Marín, 126.000. En el caso de las enseñanzas medias que se imparten en los institutos, el temor a esta expansión del virus es mucho menor, pues más de la mitad de la población de entre 12 y 18 años ya ha recibido, al menos, una de las dos dosis reglamentarias, lo que reduce el riesgo de propagación del Covid, de ahí que en estos centros se haya descartado el modelo semipresencial y rotatorio que se permitió el curso pasado y que no obtuvo los resultados académicos deseados.

El refuerzo de la plantilla

Fue una de las novedades más importantes del curso pasado, cuando más de 7.000 docentes se incorporaron al sistema educativo público de Andalucía para permitir los desdobles de grupos con los que se hizo frente al coronavirus. Esta cantidad no se alcanzará el próximo año, aunque la que se mantiene también resulta bastante considerable: 4.600 profesionales, prácticamente el 70% de la cifra con la que se volvió al colegio en 2020.

Aunque este refuerzo fue pactado con los sindicatos, varias centrales han reclamado los últimos meses que se intente alcanzar los datos del curso pasado, pues, a su juicio, el riesgo de contagios sigue siendo el mismo y, sobre todo, se ha demostrado que esta inversión ha repercutido notablemente en el rendimiento académico de los menores.

El principal inconveniente con el que se han encontrado las autonomías (que tienen transferidas las competencias educativas) a la hora de mantener el refuerzo es la inversión. El curso pasado se afrontó con los fondos europeos para la recuperación social y económica, unas ayudas con las que no se ha contado ahora. No obstante, la ex ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ya puntualizó en una entrevista a Diario de Sevilla que el Gobierno había repartido 13.000 millones a las autonomías, un montante que se puede destinar en buena medida a mantener este refuerzo docente.

De esos 4.600 profesionales, más del 23% se dedicarán a FP, Educación Especial y "otras enseñanzas autorizadas". La mayoría desempeñará esas tareas de refuerzo. De estos docentes, 1.914 ya forman parte del profesorado andaluz desde julio, mientras que la otra mitad se está incorporando estos días a través de la convocatoria del sistema de provisión de interinidades (Sipri), que está formada (en su totalidad) por 3.125 plazas.

En los concertados, sin embargo, el porcentaje de mantenimiento del refuerzo docente es menor, del 50% respecto al pasado curso. El año pasado se incorporaron a estos centros de titularidad privada 1.400 profesores, mientras que ahora lo harán 700 para 230.000 alumnos, repartidos en 600 colegios y 12.000 unidades, según cifradas aportadas por CECE-Andalucía. Esta patronal considera que este refuerzo se queda "corto", sobre todo si se tiene en cuenta que el riesgo de contagio entre esta población escolar sigue siendo, a día hoy, el mismo que hace un año.

El coste de la desinfección

Se ha convertido en uno de los principales frentes entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, buena parte de los cuales no están dispuestos a afrontar solos el coste de estos trabajos, necesarios para evitar los contagios del Covid. El que más ha alzado la voz ha sido el de la capital andaluza, cuyo alcalde, Juan Espadas, es desde hace meses el nuevo líder del socialismo andaluz y candidato al gobierno de esta comunidad por parte de dicho partido.

El Ayuntamiento hispalense ya ha enviado una carta a la Consejería de Educación y Deporte que incluye un informe jurídico, según el cual los gastos extraordinarios -como la desinfección de los colegios- deben ser pactados entre la administración autonómica y local para afrontarlos. En caso de que el departamento que dirige Javier Imbroda no atienda la petición, Espadas ya ha amenazado con acudir a los tribunales para que se le abone al consistorio los 1,9 millones de euros que ha costado poner en marcha, por segunda vez, este plan.

A la exigencia del ayuntamiento sevillano se han unido otros, también socialistas, como el de Huelva, que ha gastado 600.000 euros en la desinfección de los colegios. En el Consistorio de Málaga, al frente del cual se encuentra Francisco de la Torre, esta cantidad se eleva a 1,2 millones, un desembolso por el que, de momento, el regidor popular no ha anunciado que vaya a presentar ninguna reclamación a la Junta. Por ahora, piensa asumirlo desde las arcas municipales, lo que evidencia la politización de este asunto que ya se ha convertido uno de los protagonistas del arranque de curso.

La ley Celaá

Siguiendo con la politización de la enseñanza, la reforma educativa (Lomloe) del Ejecutivo de Pedro Sánchez se erigió en tema de debate desde el pasado curso, cuando fue aprobada, aunque empezará a desarrollarse en el actual. El primer frente se abrió con los colegios concertados, en tanto que la conocida como ley Celaá denomina a este tipo de centros como "subsidiarios" frente a los públicos, de ahí que patronales como CECE-Andalucía hayan pedido a la Junta que "blinde" la educación en Andalucía. Su presidente, Rafael Caamaño, recuerda que uno de los compromisos adquiridos por el actual gobierno autonómico de PP y Cs fue el de "atender la demanda social de las familias, tanto en la escolarización como en la dotación de nuevos conciertos educativos".

Lo cierto es que, pese a esta polémica, el desarrollo pleno de la Lomloe requiere de una normativa autonómica y es ahí donde la Junta, según sus postulados, puede "suavizar" o frenar algunas de las directrices con las que no se encuentra conforme. En uno de los puntos en los que Imbroda más se ha mostrado en desacuerdo es en la promoción de los alumnos. La consejería afirma apostar por "la cultura del esfuerzo" frente a la titulación con suspensos, extremo desmentido por la anterior ministra de Educación, quien recordó que la anterior reforma del PP, la Lomce, permitía pasar de curso hasta con tres asignaturas cateadas. Eso sí, Celaá reconocía que uno de los objetivos de la nueva ley es que la repetición sea una medida "excepcional" y no la tónica general, ya que España triplica la tasa media de repetición europea.

También se ha cuestionado el nivel de consenso para sacar adelante la Lomloe, algo que desde el Gobierno central también se ha desmentido, al asegurar que en la elaboración de los currículos de las asignaturas se ha contado con profesionales que llevan muchos años dedicados a la docencia. En el caso de Andalucía, han sido cinco los que ha participado , quienes han intentado adaptar las enseñanzas a las nuevas corrientes europeas y al futuro mercado laboral que se encontrarán los estudiantes. En estos cambios se incluyen las matemáticas, una asignatura que la reforma pretende hacer más "atractiva" para los alumnos (Talón de Aquiles en las pruebas del Pisa), lo que tampoco ha estado exento de polémica.

La nueva FP

La Formación Profesional es una enseñanza posobligatoria en pleno auge en España y, especialmente, en Andalucía. Es algo en lo que coinciden tanto el Gobierno como la Junta. Atrás quedó aquel pensamiento que relegaba este tipo de educación a una opción secundaria frente a la formación universitaria. Una tendencia que ha provocado que en España el tejido productivo tenga ahora lo que se denomina un cuerpo de reloj de arena: una amplia base constituida por empleados con preparación básica, una cúspide también ancha de licenciados y un parte central muy estrecha formada por técnicos, que son los que salen de los módulos de la FP.

La realidad es que las empresas tienen cada vez más dificultades para encontrar trabajadores con este perfil, de ahí que haya crecido la demanda por dicho ciclos, lo que ha llevado a que los últimos cursos aumenten las listas de espera y que muchos estudiantes no puedan entrar en la especialidad deseada. La pretensión del Gobierno, en la que coincide también con la Junta, es que la FP esté conectada desde el principio con la empresa y que los títulos que se oferten guarden un estrecho vínculo con el entorno productivo del centro donde se imparten. Para ello, también resulta fundamental la apuesta por la FP Dual "de distinta intensidad", algo que ha provocado recelo en ciertos sectores docentes, que no están de acuerdo con que las enseñanza la impartan empleados de una empresa.

Con este propósito, la renovación y firma de nuevos conciertos educativos en Andalucía para esta enseñanza se ha realizado siguiendo los criterios de empleabilidad que tienen los títulos de FP Básica y de grado medio, principalmente, que se han convertido en los ciclos prioritarios para la Junta, frente a los de grado superior y el Bachillerato, para el que no ha habido ningún nuevo acuerdo, con el consiguiente descontento de las patronales y centros concertados que albergaban la esperanza de ampliar la oferta pública a la etapa preuniversitaria.