Las cesantías de la ex interventora general de la Junta

Los altos cargos de la administración tienen derecho a percibir un mes de sueldo por cada año trabajado con un tope de doce meses cuando cesan en sus funciones. Esta ley de cesantías, del año 2005, pretende compensar a quienes no tienen derecho a cobrar el paro tras salir de sus puestos de trabajo.

El Consejo de Gobierno cesó, en medio de la polémica, a María Antonia González Pavón como interventora general el pasado 8 de enero, haciendo uso de lo que la consejera portavoz y de Hacienda, Carolina España, explica “como una práctica habitual”. Y la ex interventora ha reclamado a la Junta el cobro de la cesantía que le corresponde como tal. Siguiendo el tiempo de servicio al frente de este servicio, la ex interventora debería percibir su sueldo íntegro correspondiente a tres meses del año.

El sueldo

Según consta en la información pública de la Junta, la ex interventora cobraba un sueldo de 67.515,64 euros anuales a los que hay que sumar un complemento de 6.000,20 euros, una cantidad igual a la que percibirá en los tres meses que le corresponden.

Claro que en el caso de González Pavón hay que tener en cuenta varios factores de peso. En primer lugar, esta demanda se produce en plena polémica por las retribuciones de los interventores de la Junta. Es más, su batalla contra la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, por defender mejores retributivas y profesionales para el nuevo cuerpo de intervención, está detrás de su abrupta salida de la Intervención General.

Sobre todo porque González Pavón no ha firmado ningún informe de actuación sobre los contratos de emergencia del SAS, que salieron de la intervención propia que tiene el sistema público de salud de Andalucía.

Pero es que, además, la ex interventora es funcionaria de carrera de la Junta de Andalucía, y antes de ser nombrada para este alto cargo era interventora adscrita a la división de Control Financiero Permanente. Precisamente por eso, cuando el Consejo de Gobierno la designó para este puesto, su nombramiento fue acogido con agrado por quienes han sido sus subordinados. Ahora, al ser funcionaria de carrera se deberá incorporar a su puesto de trabajo en el Servicio de la Intervención.