Los centros históricos de las grandes ciudades andaluzas se vacían de residentes

Que los centros históricos de las grandes ciudades andaluzas se están vaciando de andaluces no es algo que necesite demostrarse con datos. Cualquiera que pasee por sus calles lo percibe. Y no es que los centros estén vacíos, en absoluto. Lo que sucede, como caso insólito, es que los residentes están siendo reemplazados por transeúntes que apenas duermen dos o tres noches. El centrifugado de los cascos históricos de residentes y el sentido centrípeto del turismo, la última gallina de los huevos de oro, es directamente proporcional. Y no hacen falta muchos estudios para llegar a la conclusión de ese vínculo, sólo tiene uno que caminar por las calles para comprobarlo.

Los centros de Granada, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga han perdido población empadronada en la última década. Sin excepción. Cada uno tiene su particularidad; lo que los iguala es que cada casco antiguo, sin salvedad, suma un porcentaje de viviendas turísticas que supera en mucho al del resto de la ciudad. Estos datos, también algunos de los análisis, son parte de los resultados de dos proyectos de investigación en curso de la Universidad de Sevilla sobre el impacto del turismo en las cinco ciudades andaluzas de más población, estudios que están dirigidos por Ibán Díaz Parra, en el que trabajan, entre otros, María Barrero Rescalvo, y que son financiados por el Plan Andaluz de Investigación (Paidi) y el Centra.

No siempre fue así en el ecosistema de los barrios más antiguos. Entre 1991 y 2011, las políticas de renovación urbana puestas en marcha fructificaron en la llegada de vecinos, no únicamente en los cascos históricos sino en el conjunto de los municipios. Desde entonces sucede al revés, salvo en Málaga. Claro que mientras la capital de la Costa del Sol, en su conjunto, ha registrado en 2020 un 2,4% de viviendas turísticas, consta el 24% en su centro, donde se ha ido casi un millar de vecinos desde 2012. El ejemplo de Málaga es extensible al resto de las ciudades, aunque haya particularidades.

Las de Cádiz y Córdoba son destacables. Ambos centros históricos no han parado de perder población en las últimas tres décadas. No obstante, como demostración de la influencia turística, núcleos residenciales contiguos han pasado de una evidente tendencia de suma hasta 2012 y de pérdida de residentes desde aquella fecha. Son los casos del barrio de Santa María en Cádiz, cuyo porcentaje de viviendas turísticas en 2020 (4,5%) era cercano al del centro (5,7%), y de la Ribera en Córdoba, que supera en la proporción de casas de trashumantes (8,4%) a la de su centro histórico (4,7%).

Decrecimiento de la población por ciudades

La diferencia entre los números de Granada y Sevilla en las dos décadas del siglo XXI, mirándose el gráfico anexo, no necesita de mayores explicaciones.

Con menos oriundos al paseo, las ciudades modifican notablemente el paisaje. En los cascos históricos sucede de un modo acelerado, al compás del ritmo de las desbocadas inversiones. (¡Hagan juego!) La pandemia lo ha acelerado todo, también el crecimiento de viviendas para fines turísticos. Los horarios, en general, no son iguales ni siquiera en la nueva normalidad, pues se adaptan más al visitante que al vecino. También el resto de los detalles. Del café y la tostada al Aperol spritz, de la droguería al souvenir, de los carteles en español a los neones en inglés. Músicas, altavoces, desfiles, demostraciones, conciertos, todo sea por que no haya un día sin su espectáculo.

Las urbes andaluzas, condenadas a no descansar, también han sucumbido a la definición de Guy Debord sobre el turismo, un "subproducto de la circulación de mercancías, la circulación humana considerada como un producto de consumo". Hay expectativas por ver cómo se acomoda el día a día de los centros históricos a este sobrevenido éxodo, a esta acelerada expulsión de sus vecinos.

La regulación

La calle es de todos y no es de nadie, según se mire. Las administraciones públicas, en cualquier caso, tienen atribuidas la tarea de ordenar sus mapas, de regular el espacio público. Con retraso respecto al resto de Europa, las administraciones andaluzas empiezan a idear un cierto control del mercado. En contra están las empresas gestoras de viviendas turísticas, cuya presencia en los medios de comunicación se ha hecho "notable", según califica Ibán Díaz, investigador de la Universidad de Sevilla y director de los estudios que aquí están reseñados. A favor de ordenar la proliferación de plazas para turistas –en números redondos han pasado en Andalucía de 82.000 a 331.000 desde 2016 a 2019, según datos recogidos por la Universidad de Cádiz–, están las asociaciones de vecinos y el sector tradicional del alojamiento para el visitante, los hoteles.

La regulación de las viviendas con fines turísticos encuentra uno de sus hitos en el decreto ley 21/2018. El preámbulo del texto señala este tipo de alojamiento como uno de los responsables de las subidas de los precios de alquiler, factor principal en el decrecimiento demográfico de las ciudades, no sólo de los cascos históricos. Dos años antes, la Junta de Andalucía aprobó el decreto 28/2016, que, al parecer de algunas investigaciones, "incurre en no pocas contradicciones con el ordenamiento preexistente". Es "tolerante" con el uso turístico de los suelos residenciales y no establece un límite temporal ni límites al número máximo de viviendas dedicadas al uso visitante de cada inmueble. Esto ha provocado no pocos conflictos en las comunidades de vecinos.

También están los municipios. Una ley estatal de 1985 otorga potestad a los ayuntamientos también para regular las viviendas con fines turísticos, pudiendo modificar el PGOU o, directamente, regular estos alojamientos flotantes. En las urbes de Europa, también en España, se han dispuesto umbrales máximos de viviendas, visitantes o días; se han acotado los alojamientos a ciertas zonas de la ciudad menos saturados –véase en el gráfico superior– y se han requerido condiciones de seguridad, higiene o seguros. Barcelona, Madrid, Bilbao y San Sebastián están entre las pioneras, con distinta suerte frente a los recursos judiciales.

En Cádiz y Sevilla han existido sendas propuestas de modificación del PGOU para regular el uso turístico. En Cádiz hay una pugna en el Ayuntamiento; en Sevilla el cambio del PGOU está en tramitación, como parte del acuerdo de gobernabilidad entre el PSOE y Adelante y con el impulso del sector hotelero. Hay además un estudio jurídico esencial de la Universidad de Sevilla.

En Málaga hay una regulación de hospedajes desde 2010, pero es anterior al fenómeno. Ahora se baraja el establecimiento de una normativa. También hay documentos redactados para los ayuntamientos en los últimos años: el Plan de Protección del Casco Histórico de Córdoba, sin ir más lejos, ya señaló la vivienda con fines turísticos como una causa del declive demográfico.