Cataluña envía a las comunidades su plan para recaudar todos los impuestos

Las comunidades autónomas han recibido un documento denominado “Financiación singular. Propuesta de financiación justa para Cataluña” firmado por la Generalitat en el que detallan, a lo largo de 86 páginas escritas en castellano, su justificación política y jurídica para reclamar unas características especiales en el reparto de los fondos que recauda el Estado. Una singularidad que pasa, además de otros detalles, por la recaudación directa de todos los impuestos que se pagan en Cataluña, dejando al margen al Estado y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

El documento está fechado en marzo de 2024 pero resulta llamativo que lo hayan enviado a todas las comunidades autónomas a cuatro días de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrá lugar este lunes a las 12 de la mañana. Este consejo es el órgano de interlocución entre las comunidades y el Estado y en el que las autonomías reclaman que se debatan los temas que les afectan a todas como es el reparto del dinero y el modelo para financiar a las comunidades.

Todas las autonomías de régimen común, Andalucía entre ellas, han rechazando las negociaciones bilaterales que,hasta ahora, estaba llevando a cabo Cataluña. Entienden que son asuntos muy delicados que deben acordarse entre todos. Sobre todo teniendo en cuenta que el actual sistema de financiación está caducado desde 2019 y debería renovarse y actualizarse.

Hay, además, dos detalles relevantes en la reunión que tendrá lugar este lunes. En primer lugar, Cataluña ya ha anunciado que acudirá a la misma lo que resulta una novedad ya que se había ausentado de las últimas convocatorias alegando que sus asuntos los afrontaba de manera bilateral porque la negociación multilateral no había resuelto nada en 44 años. En segundo lugar, hay total mutismo sobre los asuntos a tratar en esta reunión ya que en el orden del día sólo consta información a cargo del Ministerio de Hacienda. 

Sus argumentos

La Generalitat catalana defiende que la aplicación del modelo de financiación actual no es equitativo, “porque los ciudadanos de otras comunidades autónomas que aportan menos acaban recibiendo más”. Defienden que “los resultados resultan arbitrarios, sin que haya ninguna relación entre lo que aportan y lo que reciben los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas”. Argumentan, por tanto, que ellos aportan más y reciben menos dinero del Estado.

Un argumento que resulta sorprendente hablando de fiscalidad ya que se puede equiparar a los vecinos de un barrio rico con los de un barrio desfavorecido. Siguiendo este argumento, los primeros tendrían derecho a recogida de basuras diaria y a la llegada del autobús, y los segundos tendrían que esperar varios días para la recogida de las basuras y menos líneas de transporte público.

El documento está plagado de explicaciones similares: “Las relaciones fiscales de Cataluña con el Estado conllevan un déficit excesivo que genera una pérdida de bienestar a los ciudadanos y supone un freno al crecimiento económico”. 

Los datos

Según las cuentas actuales, Cataluña recibe 29.826 millones de euros del sistema de financiación autonómico, y Andalucía, 25.088 millones de euros aunque tiene más habitantes, lo que supone un agravio. Por eso, el Parlamento andaluz aprobó en 2019 un acuerdo liderado por la propia María Jesús Montero, detallando que cada año en Andalucía faltan 4.000 millones de euros al año para financiar los servicios públicos.

Cataluña tiene una Agencia Tributaria similar a la de Andalucía y con la que recaudan un 9% de los impuestos, los cedidos y los propios, una cantidad similar a la que se recauda en Andalucía. Con su planteamiento, Cataluña pasaría a gestionar nada menos que el 20% del PIB global de España que fue de 1,5 billones de euros en 2023.

Lo que demandan

Porque Cataluña quiere cobrar, y gestionar, todos los impuestos generados en su territorio. Esto significa “tener plena capacidad normativa, el traspaso de la gestión y recaudación de los impuestos y la disponibilidad de todos los recursos provenientes de estos tributos”.

A cambio, la Generalitat realizaría dos aportaciones al Estado. Una para compensar el coste de los servicios que éste presta en Cataluña. La segunda en forma de fondo de reequilibrio territorial para contribuir a la cobertura de los servicios públicos en las comunidades con menor capacidad fiscal y así garantizar el principio de equidad horizontal. Es decir, lo que ya se aplica en el cupo vasco tal y como recoge la Constitución.

La postura de Andalucía

La Consejería de Hacienda de la Junta rechaza cualquier modelo singular para Cataluña. “La supuesta singularidad puede afectar a tres variables. La primera al porcentaje de cesión de los tributos cedido parcialmente, (renta, IVA e Impuestos Especiales al alcohol, juego, tabaco...); la segunda a la normativa sobre esos tributos y la tercera a las competencias en la aplicación de esos tributos como son la gestión, la inspección, recaudación y revisión”. En la práctica, supondría la ruptura de la caja común tributaria.

Desde Hacienda entienden que el sistema de financiación debe garantizar el equilibrio vertical y horizontal. “No existe más singularidad que la que reconoce la Constitución a Navarra y el País Vasco. Ni el concepto singular está recogido en ningún documento del Ministerio de Hacienda, aunque sí en los pactos de investidura firmados por el PSOE y los partidos independentistas”.

Andalucía insiste en que cualquier cambio en el sistema de reparto de fondos para las comunidades pasa por el respeto de los principios constitucionales que afectan a la financiación autonómica: igualdad (artículos 1 y 14 de la Constitución), garantía de un nivel mínimo de prestación de servicios públicos fundamentales (art. 158 CE), solidaridad interterritorial (art. 138 CE), competencia exclusiva del Estado en materia de Hacienda General (art. 149 CE), existencia de un régimen sin privilegios ni singularidades diferentes a las ya reconocidas en la Constitución para País Vasco y Navarra.