El único candidato del PSOE será el director del Consejo de la Transparencia
El catedrático Manuel Medina Guerrero logró ayer la aprobación de todos los grupos parlamentarios tras defender su candidatura
Finalmente la Junta gobernada por la socialista Susana Díaz sólo propondrá un candidato a dirigir el Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El catedrático en Derecho Constitucional Manuel Medina Guerrero ha sido la persona elegida. Ayer, defendió su candidatura ante la comisión del Parlamento que se encarga de los nombramientos y relaciones con el Defensor del Pueblo. El resto de partidos con posibilidad de hacerlo no presentaron propuesta alguna.
Todos los miembros de la comisión, excepto IU, cuyo representante no acudió a la cita, aprobaron la idoneidad de la propuesta de Medina Guerrero. Falta aún que el Pleno del Parlamento ratifique por mayoría absoluta su nombramiento, aunque de forma oficiosa puede darse ya por hecho.
Desde el grupo parlamentario socialista y el Gobierno andaluz se había insinuado en más de una ocasión que su intención era la de proponer más de un nombre para facilitar una aprobación del futuro director del Consejo de la Transparencia y Protección de Datos por parte de los grupos representados en el Parlamento. Algo que finalmente ha logrado con un sólo nombre puesto sobre la mesa.
A los grupos les ha convencido el amplio historial de Medina Guerrero como docente e investigador en los temas relacionados con el nuevo consejo, quien ayer hizo un repaso de sus 30 años de carrera profesional. Medina es catedrático de la Universidad de Sevilla desde el año 2006, fue letrado del Tribunal Constitucional entre 1994 y 1998 y vocal de la Junta Electoral de Andalucía entre 2003 y 2014. Desde 1988 ha impartido Derecho Político y Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y actualmente es profesor de Derecho de la Información en la Facultad de Comunicación.
Medina Guerrero se comprometió a "poner el máximo acento en desarrollar mi labor con el máximo rigor intelectual posible". Además, de "procurar hacer visible este órgano, de sensibilizar a la sociedad para que los ciudadanos sientan que es una institución útil".
La puesta en actividad del Consejo de la Transparencia va con bastante retraso sobre los plazos previstos. Antes de las elecciones autonómicas, la promesa consistía en que entrara en funcionamiento el 30 de junio, para que coincidiera con la puesta en marcha de la ley autonómica de transparencia. Desde esa fecha al día de hoy, la ley ha estado vigente, pero sin organismo que la defienda. El Consejo de Gobierno aprobó a finales de septiembre sus estatutos. Ahora, una vez lograda unanimidad en la persona que se encargará de dirigirlo, se da un paso más, aunque se sigue desconociendo la fecha en la que estará plenamente operativo.
El Consejo estará facultado para requerir a las administraciones de la comunidad la subsanación de incumplimientos, instar la apertura de procedimientos sancionadores y resolver las reclamaciones que presenten los ciudadanos sobre el acceso a la información pública.
Se da la circunstancia que desde ayer, las comunidades y ayuntamientos están obligados a cumplir la ley de transparencia de ámbito nacional, dos años después de la aprobación de la norma y doce meses después de que tuviera que aplicarla la Administración central. La ley se aprobó a finales 2013. Andalucía es una de las diez comunidades qué aún no disponen de un organismo que se ocupe de garantizar su cumplimiento.
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