La Cámara de Cuentas fiscalizará el bono de alquiler joven en Andalucía

El Pleno de la Cámara de Cuentas ha aprobado un documento de "directrices técnicas" para la "fiscalización operativa del bono alquiler joven en Andalucía", ante las quejas de varios beneficiados por la misma en el retraso del cobro de las ayudas. "El objetivo de esta actuación es concluir si la gestión de las ayudas del bono se ha realizado de conformidad con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y si existen áreas de mejora". El trabajo se circunscribe a las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía y el ámbito temporal comprende toda la tramitación desde el ejercicio 2022 hasta el 31 de marzo de este mismo año.

"Asimismo, podrán ser tenidos en cuenta hechos o circunstancias producidos o acontecidos con anterioridad o posterioridad a dicho periodo que puedan considerarse necesarios para la consecución de los objetivos del informe", aclara la Cámara de Cuentas. La entidad explica que esta fiscalización operativa "se define como una revisión independiente, objetiva y fiable acerca de si las acciones, proyectos, sistemas, operaciones, programas, actividades u organizaciones de la entidad fiscalizada operan de conformidad con los principios de eficacia, eficiencia y economía, y si existe margen de mejora".

Según el organismo, la fiscalización pretende aclarar "en qué medida la gestión ha sido eficaz", "cuáles han sido los recursos públicos destinados a ayudas del Bono Alquiler Joven" y si se ha hecho "un uso óptimo de los recursos en relación con los resultados obtenidos".

Por su parte, el Gobierno andaluz ha aclarado que "siempre ha informado con transparencia y claridad sobre el Bono Alquiler Joven. Desde el problema de la enrevesada tramitación impuesta desde Madrid hasta la mejora en la resolución de los expedientes resueltos y abonados, fruto del esfuerzo de los funcionarios y del plan de choque puesto en marcha hace meses para desenquistar la situación, como así está siendo, porque el Ministerio no ha aportado ni un euro para el refuerzo de personal".

En esta línea, ha cifrado en más de 10.300 los expedientes ya resueltos, lo que equivale a más del 91% del total de beneficiarios previstos al inicio de la convocatoria. "Se ha resuelto la gran mayoría de los expedientes y se sigue trabajando para que todos los beneficiarios reciban el dinero lo antes posible". "Las medidas de refuerzo que hemos adoptado, continúan desde la Consejería de Fomento, para agilizar el proceso de concesión del bono están dando sus frutos y estamos consiguiendo revertir las dificultades de la compleja tramitación que encontramos. Todo ello gracias a que hemos triplicado el número de personas que están tramitando el bono, sin ayuda alguna del Estado en este sentido".

"El único problema que ha tenido el bono alquiler son las numerosas trabas que nos ha puesto el Gobierno de España en el camino, con una norma farragosa que ha necesitado de un desarrollo posterior por parte de las comunidades. Si hubieran unificado el procedimiento y establecido una aplicación a nivel estatal, como reclamamos desde el inicio del proceso, hubiera sido más fácil la tramitación", han sentenciado desde el departamento de Rocío Díaz, que han confirmado que "se han recibido varios recursos contencioso-administrativos a los que se está dando el trámite procedimental correspondiente".