La bronca sombrea las conclusiones de la comisión de la formación
Fraude en la formación
Los grupos presentan sus resoluciones con opiniones dispares sobre la trama.
El PSOE tiene "muy claro" que no hay responsables políticos en la trama de los cursos de formación investigada por la comisión del Parlamento. Lo contrario supondría un terremoto en toda regla. Aquí no hay sorpresas. Como tampoco las hay en lo que desde hace tiempo también tiene igual de claro el PP: que sí las hubo. Y apuntando alto, porque hace responsables políticos de esas presuntas irregularidades a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a los ex presidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y a otros 32 altos cargos de la Junta.
Podemos cree también que la responsabilidad política alcanza a Díaz, Chaves y Griñán, así como a todos los consejeros de Empleo y Educación del periodo investigado. Ciudadanos señala a los ex presidentes y ex consejeros de sus gobiernos con competencias en la materia, pero excluye a la actual presidenta porque entre 2002 y 2012 "no estuvo". Mientras, IU considera que hay que diferenciar la responsabilidad política de los trámites judiciales.
Los grupos presentan hoy en el Parlamento las conclusiones a las que han llegado una vez terminadas las sesiones de la comisión que investigó en la Cámara el presunto fraude. Sobre ellas se elaborará el dictamen definitivo de un órgano por el que pasaron 69 comparecientes, entre ellos la jefa del Ejecutivo autonómico, Susana Díaz, Chaves y Griñán. La ausencia más sonada fue la de la de la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, que esgrimió un informe del Consejo de Estado para no acudir a la citación.
La comisión de investigación acordó por unanimidad ampliar en una semana -hasta hoy a las 19:00- el plazo de presentación de conclusiones tras estudiar sendas solicitudes al respecto de Podemos e IU. Una vez estén registradas las conclusiones de todos los grupos, la presidencia de la Comisión, en manos de Ciudadanos, se encargará de elaborar una propuesta de dictamen síntesis para su votación y elevación al pleno del Parlamento.
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